Asesinatos de migrantes, secuestros, abusos y funcionarios corruptos, la marca sexenal del INM

 Por: Redacción / Sinembargo - noviembre 19 de 2012 - 8:32 Destacadas, TIEMPO REAL, Último minuto - 1 comentario   Ciudad de México, 19 de nov (sinembargo.mx) – A 11 días de que concluya este sexenio, el Instituo Nacional de Migración (INM), dependiente de la Secretaría de Gobernación, se va como uno de los más cuestionados por su pasividad para salvaguardar la integridad de los miles de indocumentados que cada año pasan por suelo mexicano rumbo a Estados Unidos en busca del “sueño americano”.  
El INM, encabezado actualmente por Salvador Beltrán del Río, ha sido señalado por actos de corrupción que han llevado al cese de 500 funcionarios, su poca defensa de los derechos de los migrantes y los secuestros de éstos, quienes se han convertido en un blanco fácil de los cárteles del crimen organizado en el país.
 Es tal la laxitud de las autoridades migratorias mexicanas que una caravana de madres de centroamericanos desaparecidos tuvo que realizar un recorrido por 14 estados en busca de sus hijos.
 Uno de los hechos más severos que colocaron al instituto bajo el escrutinio público fue la matanza de 72 migrantes en 2010, cuando Cecilia Romero Castillo era titular del INM.
 Se pidió la comparecencia de la panista, se le exigió esclarecer los hechos y ella renunció, pero en vez de alejarse de la política –buscaba dirigir al PAN– fue nombrada secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del blanquiazul. Ella siempre se autonombró como “la amiga del Presidente”.
 Pese a todos estos datos y la “depuración” del organismo, Alejandro Poiré, secretario de Gobernación, destacó que México ha avanzado en el fortalecimiento al fenómeno migratorio, al comenzar una limpieza profunda en el Instituto e inhabilitar a servidores públicos corruptos.
 Apenas en días pasados se logró que la migración fuera regulada no por la Ley de Población, sino por una Ley de Migración, que impulsó el gobierno federal. La semana pasada, Poiré anunció dos acuerdos por medio de los cuales se crea el Consejo Consultivo de Política Migratoria y se definió la estructura, organización y funcionamiento del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración (INM).
 Aunque el Gobierno Federal se despida destacando los avances en la materia, el sexenio se vio marcado por casos en que los derechos de los migrantes no fueron respetados y en los que, incluso, las autoridades se vieron involucradas en actos de corrupción y secuestro de centroamericanos que lo único que buscan es conseguir una mejor calidad de vida.
 Foto: Cuartoscuro LEY DE MIGRACIÓN El 25 de mayo de 2011, la Secretaría de Gobernación (Segob) publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expedía la Ley de Migración. Además, la dependencia también informó que se reformarían, derogarían y adicionarían diversas disposiciones de la Ley General de Población, de los códigos Penal Federal, Federal de Procedimientos Penales, y de las leyes Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Policía Federal, de Asociaciones Religiosas y Culto Público, de Inversión Extranjera y General de Turismo. 
En ella se establece que el Estado mexicano debe garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de los extranjeros reconocidos en la Constitución, con independencia de su situación migratoria; además, se indica que los migrantes podrán acceder a los servicios educativos y a la atención médica. 
Sin embargo, el escenario que enfrentan los migrantes a su paso por México no ha cambiado e incluso, hay quienes creen que se ha recrudecido y es que, por un lado, los operativos en contra de centroamericanos que pisan suelo mexicano no han cesado y por el otro, las medidas poco severas para el ingreso de indocumentados continúan vigentes.
 A pesar de las criticas, el 16 de junio del año pasado la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF, Margarita Zavala, destacó que la ley era mucho más humana, garantizando así el derecho a la educación y poniendo en el centro el interés superior de los niños.
 Foto: Cuartoscuro “LA DEPURACIÓN” Durante el presente sexenio, aproximadamente 500 elementos han sido dados de baja del Instituto Nacional de Migración (INM) por diversas irregularidades, incluyendo casi 200 vinculados con actos de corrupción, dio a conocer el pasado 17 de octubre el comisionado del INM, Salvador Beltrán del Río.
 El funcionario expuso que hasta esa fecha había 12 agentes involucrados en secuestros de migrantes, a los que ya se había dado de baja e iniciado un proceso penal.
 “Confirmo que ahorita no hay ningún agente del INM coludido con secuestradores”, dijo en entrevista al término de la V Semana Nacional de Migración.
 Asimismo indicó que continuaba la aplicación de exámenes de control de confianza para todo el personal del Instituto, con el propósito de garantizar la honorabilidad de la institución a partir de cada uno de sus empleados y destacó que más de 10 mil elementos del INM han recibido capacitación en materia de derechos humanos y se mantienen en comunicación constante con la comisión nacional para atender las quejas que puedan presentarse.
 Beltrán del Río aseguró que casi 98% de las denuncias se determinan como improcedentes, es decir, que no son realmente violaciones a los derechos de los migrantes.
 Casi un mes después, el 14 de noviembre, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, dio otras cifras y manifestó que hasta el momento se han dado de baja a 750 personas que no han aprobado las pruebas de control y confianza, que representan más de 15% del personal del Instituto y se han inhabilitado a 440 servidores públicos por presuntos actos de corrupción. 
“Se cambió la ley que decía que era delito estar en el país sin documentos necesarios, entonces cómo exigir a Estados Unidos que tenga un tratamiento más humano cuando nosotros criminalizábamos la migración indocumentada, esto se cambió”, dijo. 
También, mencionó, se logró que la migración fuera regulada no por la Ley de Población, sino por una Ley de Migración, que impulsó el gobierno federal y que tuvo el respaldo de legisladores de todos los partidos.
 Al tomar protesta a los integrantes del primer Instituto del Migrante de Guanajuato, Poiré indicó que el propio Instituto Nacional de Migración estaba siendo sometido al embate de la delincuencia y la corrupción, por lo que tenían que hacer limpieza profunda al Instituto, reconociendo primeramente el problema.
 CORRUPCIÓN El 1 de julio de 2011, La Jornada publicó que Salvador Beltrán del Río admitió que en ese organismo prevalecía aún la corrupción, pero sostuvo que la investigación de funcionarios se encontraba a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR). Anteriormente el funcionario había anunciado que depuraría su plantilla (integrada por cerca de cinco mil trabajadores) con el objetivo de frenar los actos de corrupción que inundaron al organismo.
 A pesar de las medidas, ese mismo mes se denunció que agentes del organismo presuntamente exigían cuotas a centroamericanos para permitirles el paso en México por la frontera sur.
 La empresaria Socorro Coutiño reveló que los elementos del INM cobraban 100 pesos a los extranjeros que deseaban ingresar a tierra mexicana, de lo contrario eran regresados a Guatemala.
 En otros hechos, el 5 de septiembre del año pasado siete policías fueron detenidos por la agresión a tiros contra 46 inmigrantes indocumentados durante una persecución en Comitán, Chiapas, que dejó dos guatemaltecos lesionados.
 Los meses siguientes también se presentaron casos de corrupción. El 24 de abril pasado, el ex alcalde panista de Tuzantán, Didier Rojas González, quien se identificó en su momento como coordinador de la campaña del entonces candidato a la gubernatura por la coalición PRI-PVEM, Manuel Velasco (actual gobernador electo), fue capturado al intentar internar ilegalmente en el país a tres salvadoreños. 
Y los hechos seguirían, el más reciente fue informado el 14 de noviembre por La Jornada, señalando que trabajadores del Instituto Nacional de Migración (INM) zacatecano “presentaron una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública contra el delegado de esa dependencia federal en el estado, Héctor Alfredo Márquez Medina, y otros tres funcionarios de la misma, por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de tráfico de influencias, uso indebido de atribuciones y facultades, y ejercicio abusivo de funciones”.
 Foto: Cuartoscuro LA MATANZA DE SAN FERNANDO El 24 de agosto de 2010 fueron localizados 72 cadáveres de migrantes provenientes de Centro y Sudamérica en el ejido El Huizachal, del municipio de San Fernando, Tamaulipas. Muchos de ellos presentaban el tiro de gracia.
 Los cuerpos estaban apilados y a la intemperie. Más tarde se revelaría que el único sobreviviente de la masacre llegó ese mismo día en busca de ayuda a un retén instalado por la Marina, donde denunció los hechos. Dijo ser de Ecuador y, según su testimonio, salvó la vida al fingirse muerto. “Inicialmente los marinos no le creían, y sólo porque estaba malherido, con un tiro en la espalda, decidieron enviar elementos al lugar”. El ecuatoriano señaló como autores de la matanza a Los Zetas. Dos años después de la masacre, organizaciones sociales, eclesiásticas, académicas, de defensa de los derechos humanos y migrantes, exigieron esclarecer los hechos y castigar a los culpables El obispo de Saltillo, Raúl Vera, miembro del Consejo de Garantes del capítulo mexicano del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), advirtió que dejar en la impunidad los crímenes “significa alentar a las organizaciones criminales”. 
Refirió que para quienes trabajan con migrantes “leemos en esta cadena de impunidades”, sufrimiento, muerte, tortura, destrucción “no solamente de las personas sino de familias enteras”, dijo en un acto conmemorativo en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
 Fue hasta el 7 de octubre de este año que autoridades tamaulipecas reportaron la captura de Salvador Alfonso Martínez Escobedo, alias “Comandante Ardilla”, uno de los presuntos responsables de la matanza. CECILIA ROMERO CASTILLO, ENTRE ACUSACIONES  El 7 de diciembre de 2006, el presidente Felipe Calderón Hinojosa la designó Comisionada del Instituto Nacional de Migración y permaneció en el cargo hasta septiembre de 2010, cuando renunció tras la matanza de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, pero éste no sería el único caso que pondría a Romero bajo el escrutinio público. En junio de 2008, un comando interceptó a un convoy que trasladaba a 37 indocumentados, amagó a siete custodios del INM que resguardaban la unidad y raptó a los 33 cubanos y cuatro guatemaltecos que serían repatriados y que se dirigían a la estación migratoria de Tapachula, Chiapas. 
Pero el caso dio un giro, pues el órgano a su cargo pasó de denunciante a presunto cómplice de los hechos. Ante la situación, Romero Castillo habló de depurar la dependencia, pero tras el hallazgo de los 72 cuerpos en Tamaulipas se hicieron más evidentes las denuncias de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de organismos ciudadanos sobre secuestros masivos y violencia contra inmigrantes, estando involucrados presuntos agentes del Instituto. 
El 15 de octubre de 2010 y en busca por la dirigencia panista, Romero expresó: “Ya había venido analizando la posibilidad de contender por la presidencia del partido y en esos momentos, desgraciadamente se atravesó esta situación muy grave, pero era un tema que ya habíamos venido platicando y que concluyó con este ciclo de mi vida profesional en la función pública”, publicó Milenio. La presión llevó a Romero a renunciar, pero regresaría a la vida política por la puerta grande. 
El 8 de diciembre de 2010, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN la nombró su nueva secretaria general a petición de Gustavo Madero, dirigente de ese partido. Cuando Romero hacía pública su renuncia, en el Congreso de la Unión se exigía su comparecencia y la de José Francisco Blake Mora, entonces secretario de Gobernación, para que dieran una explicación sobre el multihomicidio en el estado fronterizo. Antes de irse, en una entrevista con El Universal definió a los agentes y funcionarios a su cargo: “Son como todos los seres humanos, los mexicanos y el resto de los servidores públicos… muy proclives a abusar del débil”.
 Luego de dejar su puesto, se le continuó exigiendo esclarecer el caso San Fernando y seguía siendo señalada por su desempeño en el instituto. El 28 de mayo de 2011, el entonces senador del Partido de la Revolucionario Democrático (PRD), Pablo Gómez, aseveró que “la actual secretaria general del Partido Acción Nacional (PAN), Cecilia Romero, debe rendir cuentas de qué fue lo que hizo y dejó de hacer cuando estuvo al frente del Instituto Nacional de Migración (INM)”.
 La funcionaria “por lo menos tiene la responsabilidad administrativa de haber permitido que el negocio funcionara, es un negocio criminal, del más alto nivel de criminalidad, no es el tráfico de drogas simple, es el tráfico de personas, el asesinato, la masacre de centenares de personas”, manifestó. 
Foto: Cuartoscuro SECUESTROS El 29 de junio de 2011 el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, fundador del albergue “Hermanos del Camino”, localizado en el municipio de Ciudad Ixtepec, en la región del Istmo, Oaxaca, dijo a Grupo Imagen Multimedia que había al menos 129 inmigrantes desaparecidos en Veracruz, pero que podrían ser alrededor de 250.
 “Fueron algunos de los migrantes que lograron escapar de sus secuestradores quienes hicieron la denuncia”, señaló. De acuerdo con el religoso, el plagio fue realizado por Los Zetas en contubernio con maquinistas del tren conocido como “La Bestia”.
 De acuerdo con la información proporcionada por los testigos, había mujeres y niños entre los desaparecidos desde el 24 de junio; sin embargo, el entonces subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, René Zenteno, dijo a La Jornada que el gobierno federal no reconocía la existencia de un secuestro.
 Más de un año después, el 5 de octubre, Solalinde reportó un nuevo secuestro, esta vez presuntamente de 40 migrantes en Medias Aguas, Veracruz, el pasado 2 de octubre. 
La Procuraduría de Justicia de dicho estado rechazó que existiera una denuncia por ese señalamiento. Debido a los casos que se han denunciado, en septiembre pasado México Unido contra la Delincuencia indicó que las autoridades federales y locales muestran “opacidad” respecto a la atención que prestan a la situación del secuestro de migrantes.
 En conferencia de prensa Juan Francisco Torres Landa y Josefina Ricaño de Nava, presentaron el informe de esta organización sobre secuestro de migrantes y explicaron que con base en los informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de 2009 a 2011, y que señalan el secuestro de 20 migrantes, hicieron varias preguntas a través de transparencia a cuatro dependencias federales y siete gobiernos estatales.
 “Lo que encontramos fue opacidad, intentos por negar los hechos e impunidad en prácticamente los tres órdenes de gobierno respecto a un problema que implica también trata y tráfico de personas; trabajos forzados; homicidios masivos e inclusive situaciones similares a campos de concentración”, señaló.
 A partir de las respuestas obtenidas a las preguntas que se plantearon, México Unido contra la Delincuencia elaboró un semáforo en donde median opacidad, ignorancia del tema, incompetencia, traslado de información y negación de los hechos. En tanto, el pasado 27 de octubre integrantes de la Comisión de Asuntos Frontera Sur-Sureste en la Cámara de Diputados, pidieron al Instituto Nacional de Migración (INM) informar sobre el resultado de las actividades realizadas para prevenir secuestros de migrantes centroamericanos.
 Al presentar la petición el perredista Carol Antonio Altamirano indicó que con base en cifras de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, al año ingresan a México más de 150 mil indocumentados, la mayoría provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
 “De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de abril a septiembre de 2010 se documentaron 214 eventos de secuestro, de los cuales, según el testimonio de las víctimas y testigos han habido 11 mil 333 migrantes víctimas de secuestro”, agregó Altamirano. Consideró que esta cifra es alarmante pues representa 74 por ciento más que todos los secuestros denunciados en México de 2006 a 2012. 
De acuerdo con la información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero de 2006 a agosto de 2012 se denunciaron seis mil 512 secuestros en el país. Dos días más después, la Secretaría de Marina rescató a 14 centroamericanos que habían sido privados de su libertad en Tamaulipas y arrestó a dos presuntos secuestradores.
 Foto: Cuartoscuro TRATA DE PERSONAS El pleno del IFAI solicitó al Instituto Nacional de Migración el pasado 24 de octubre buscar y entregar los indicadores con los que cuenta para detectar a las posibles víctimas del delito de trata de personas. 
Lo anterior después de que un particular solicitara la información sobre cuántas personas extranjeras fueron consideradas víctimas del delito de trata de personas de 2007 a mayo del año de 2012, qué se resolvió en cada uno de estos casos y qué indicadores se utilizan para identificar a estas víctimas.
 En su respuesta original, el sujeto obligado entregó un cuadro en el que se informa que en 12 estados del país se detectaron 49 personas víctimas del delito de trata, entre los años 2009 y 2012. 
Así como los procedimientos subsecuentes, que van desde el traslado a estación migratoria, regularización migratoria, la repatriación asistida, la declaratoria de inmigrado para refugiado, hasta la salida definitiva a su país de origen en conjunto con la Organización Internacional para las Migraciones.
 Los elementos mínimos que se toman en cuenta para considerar que una persona es víctima del delito de trata de personas es precisamente, la definición que de este delito hace la ley, la cual dice que es toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación Foto: Cuartoscuro SIN PROTECCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS El 6 de julio de 2011 el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, advirtió que la tendencia de incremento de quejas por violaciones a las garantías individuales en lo que va del año se calcula en 45%, pero si se suma la de 2010 llega a 70% en año y medio.
 Destacó que las principales autoridades involucradas son aquellas que particularmente están relacionadas con el tema de la seguridad pública, la Policía Federal y el Ejército, así como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto Nacional de Migración.
 Las principales quejas son detenciones arbitrarias, tortura, extorsiones, indebida prestación del servicio público, entre otras, dijo en entrevista luego de la inauguración del foro “La reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011”, a la que asistió también Manlio Fabio Beltrones, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. Por otro lado, en febrero de este año la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos (Províctima) dio a conocer que llevó a cabo un encuentro con representantes consulares de países latinoamericanos en México, a fin de facilitar la ayuda a personas extranjeras.
 El organismo refirió que dicha reunión tuvo el objetivo de facilitar el apoyo para la localización de personas extranjeras reportadas como desaparecidas o no localizadas, así como ofrecer apoyo jurídico, médico y psicológico. Refirió que durante cuatro meses de operación, fueron reportadas a Províctima 33 personas de origen latinoamericano como desaparecidas o no localizadas desde 2010 y 2011, entre ellas 13 ecuatorianas, 12 hondureñas, cuatro guatemaltecas y cuatro nicaragüenses. 
De acuerdo con un comunicado, la titular de Províctima, Sara Irene Herrerías, reconoció que existe un bajo índice de denuncia entre la población migrante que ha sido víctima del delito o ha sufrido violaciones a sus derechos humanos.
 En hechos más recientes, en septiembre el periódico El Universal publicó que “en México los migrantes son el botín de una industria criminal creciente, cada vez más violenta, que opera bajo el amparo de la corrupción y la impunidad”. 
  Mauricio Farah Gebara, experto en migración y derechos humanos, manifestó al rotativo que “lo que predomina hoy en el universo migrante es el asalto, la violación de mujeres, la desaparición de migrantes, su tortura, las detenciones arbitrarias de autoridades que después los ponen en manos de los grupos delictivos, el secuestro, los homicidios, y por supuesto una masacre”.  
 Gebara indicó que esta crisis destaca debido a la “inexistencia de una auténtica política migratoria con enfoque de derechos humanos”.
 Foto: Cuartoscuro A MERCED DE LA DELINCUENCIA El Instituto Nacional de Migración (INM) informó el 10 de octubre del año pasado que el flujo migratorio centroamericano por territorio mexicano se redujo un 70 % de 2005 a 2010, al pasar de 433 mil a 140 mil eventos (cruces). 
El órgano indicó que en los últimos años se incrementó la vulnerabilidad y los riesgos de los migrantes durante su tránsito por el territorio mexicano y el cruce de la frontera norte de México, debido a la mayor incursión del crimen organizado en actividades relacionadas con el fenómeno migratorio, como el tráfico, la trata, la extorsión y el secuestro de migrantes.
 Uno de estos casos tuvo lugar el 16 de junio de 2011, cuando 40 migrantes centroamericanos y sus custodios fueron atracados por un grupo de encapuchados cuando viajaban en un autobús por el sureste de México El robo se registró cuando los indocumentados, interceptados en distintos operativos en el sureste el país cuando viajaban con rumbo a Estados Unidos, eran trasladados por dos agentes de migración de Tenosique, en el estado de Tabasco, hacia Tapachula, Chiapas. 
Este hecho se ha convertido en uno de los principales temores de los centroamericanos que han sido testigos o han sabido de casos de secuestros y ejecuciones por parte de criminales contra indocumentados. Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en México, alertó en agosto pasado que tres cuartas partes de los inmigrantes que atraviesan México quedan a merced de la delincuencia organizada. 
“El flujo de inmigrantes que circulan por el país es de alrededor de 400 mil personas en las estimaciones que tenemos al año, de los cuales se llegan a asegurar por la autoridad migratoria cerca de 70 mil″, precisó el titular en una entrevista con Efe.
 El ombudsman añadió que el resto, de 310 mil a 330 mil aproximadamente, son personas que “quedan en manos de la delincuencia o en su caso de los servidores públicos que suelen abusar de ellos”, dijo.
 Plasencia comentó que incluso la CNDH ha documentado cómo los mismos servidores públicos del Instituto Nacional de Migración (INM), autoridades municipales y estatales abusan de los inmigrantes en su paso por México buscando llegar a Estados Unidos.
 Dichas autoridades en muchas ocasiones, añadió, suelen tener algunos vínculos o suelen ser complacientes con la delincuencia. Plascencia describió que fruto de estas indagatorias se derivó un convenio entre la CNDH y la Secretaría de Gobernación en el año 2010, para que se aplicaran medidas de prevención de estos abusos.
   Foto: Cuartoscuro MÁS PREOCUPADOS POR LOS VOTOS El equipo de la entonces precandidata a la presidencia por el PAN, Josefina Vázquez Mota, denunció el 31 de enero de este año ante la Comisión Nacional de Elecciones a la delegada del partido Acción Nacional en Puebla del Instituto Nacional de Migración, Rocío Sánchez de la Vega Escalante, por ofrecer un pago por cada militante que lleven a votar a favor de Ernesto Cordero en las elecciones internas del blanquiazul.
 En el video, con duración de más de 20 minutos, la funcionaria llamó a los simpatizantes congregados el 27 de enero en un departamento en Puebla a realizar acciones a favor de Ernesto Cordero, quien, aseguró, sería el “próximo presidente” de México. 
Sánchez de la Vega pidió a cada uno de los militantes reunidos que aseguraran una cuota mínima de 13 personas para que acudieran a votar, recalcando que era de manera obligatoria, porque no podían llevar menos. Por cada persona y cada voto a favor del precandidato, ofrecía un pago o “incentivo” que no especificó. 
También ofreció un bono da quien llevara más de 30 militantes o adherentes al partido. Al día siguiente, el Instituto se deslindó de posibles acciones partidistas que pudieran realizar sus servidores públicos a favor de algún partido político o candidato, fuera de horarios de trabajo.
 El organismo aseguró que todo funcionario tenía derecho a realizar actos de proselitismo, siempre y cuando no lo hiciera ostentando su cargo, dentro de su horario laboral o durante misiones de carácter oficial. MÚLTIPLES ASEGURAMIENTOS  Durante los últimos años el INM ha informado de múltiples aseguramientos y localizaciones de migrantes en territorio mexicano. 
Tan sólo de enero a noviembre de 2011 la dependencia repatrío a 46 mil 716 centroamericanos de “manera ágil, ordenada, digna y segura a sus lugares de origen”, lo que representó el 74 por ciento del total de las personas extranjeras alojadas en las Estaciones Migratorias del país. Casi iniciando el año, el 2 de febrero, agentes detectaron a 155 personas de origen centroamericano que no acreditaron su estancia legal en el país, durante revisiones en diversos municipios de Hidalgo. 
De acuerdo con información del organismo, los operativos se efectuaron en los municipios de Apan, Tepeapulco y Emiliano Zapata, así como en la estación de tren de la localidad de Irolo y en la autopista Arco Norte, en el tramo México-Pachuca. 
El 19 de junio de 2011 el órgano dependiente de la Segob destacó que de enero a abril del año pasado aseguró en Sonora a un total de 587 extranjeros sin documentos migratorios que comprobaran su legal estancia en el país. Detalló que entre los extranjeros asegurados se hallaban 401 ciudadanos de Guatemala, 53 de Honduras, 51 de El Salvador, además de 43 de la India. 
En abril de este año unos 68 migrantes y tres traficantes de indocumentados fueron asegurados por personal del Instituto en un operativo respaldado por la Policía Estatal.
 Además, ese mismo mes 87 centroamericanos fueron rescatado por la policía en una zona selvática de Veracruz, donde habían sido abandonados. Los migrantes, 85 de ellos de origen guatemalteco y dos salvadoreños, fueron localizados en la zona selvática de Los Tuxtlas, a 520 kilómetros al sureste de la capital mexicana.
 En tanto, el 18 de agosto, durante un operativo realizado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Reynosa, fueron detenidas dos personas y localizados 77 indocumentados. De acuerdo con Milenio, los detenidos declararon ser los responsables de proveer comida a los migrantes, quienes se encontraban en una vivienda de esta ciudad fronteriza. 
Uno de los más recientes hechos ocurrió el 26 de septiembre cuando en dos operaciones de la Policía Federal de México en el estado de Tabasco fueron lozalizados 107 migrantes indocumentados provenientes de Honduras, Guatemala y El Salvador, informó la Secretaría de Seguridad Pública. 
Un total de 88 de los extranjeros viajaban en autobuses de pasajeros y cinco eran menores, entre los 9 y 17 años. Foto: Cuartoscuro USO DE NIÑOS Organismos civiles denunciaron el 9 de enero que agentes federales y locales desalojaron y arrestaron a más de 70 desplazados guatemaltecos que mantenían un campamento en el municipio de Tenosique, Tabasco.
 Según la denuncia, “las autoridades detuvieron a los niños y niñas del campamento y los subieron a camiones con el objeto de que sus padres se entregaran, lo que implica trato inhumano y la posible comisión de ilícitos por parte de los funcionarios que participaron”. 
Las Organizaciones no gubernamentales (ONG), entre ellas el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), expusieron que, según testimonios de otros desplazados, los agentes llegaron sorpresivamente en camionetas y patrullas esta mañana al campamento, instalado en la franja fronteriza aledaña al Ejido Nuevo Progreso.
 De acuerdo con los testimonios, en el operativo participaron policías federales y municipales, así como agentes del Ministerio Público, algunos de ellos vestidos de civil y bajo el mando de una persona que dijo ser subdelegado regional del Instituto Nacional de Migración (INM). 
Explicaron que los agentes desmantelaron con violencia el campamento que familias guatemaltecas mantenían desde el 23 de agosto de 2011 luego de que fueron desplazadas por el Ejército guatemalteco de la comunidad Nueva Esperanza, en el país centroamericano. 
Al siguiente día, el Gobierno reconoció el traslado de decenas de desplazados guatemaltecos a una estación migratoria en el sureste del país, pero negó la versión de que la operación se llevara a cabo con violencia y empleando menores. EL PADRE SOLALINDE Alejandro Solalinde Guerra, licenciado en Historia por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y con una licenciatura en Psicología y una maestría en terapia familiar sistémica, desde hace más de cinco años se ha dedicado a apoyar a los migrantes que cruzan la frontera sur del país en su camino a Estados Unidos en busca del llamado “Sueño americano”.
 De acuerdo con El Universal, durante más de 30 años se desempeñó como jefe de parroquia en varias iglesias del país tras ser ordenado presbítero por el obispo de Toluca, Arturo Vélez y en 2006 fue designado coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana por la Conferencia del Episcopado Mexicano para la región sur-sureste del país, que abarca Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Un año después, el 26 de febrero de 2007, empezó la construcción del albergue “Hermanos en el Camino”, que desde su creación en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, ha atendido a miles de migrantes centroamericanos en su paso por territorio mexicano.
 El clérigo también ha propuesto la creación de un banco nacional de datos de ADN para cruzar datos con los miles de cadáveres sin identificar que ha dejado la lucha contra el narco encabezada por Felipe Calderón.
 Debido a su labor, el presbítero ha recibido diversas amenazas de muerte que lo orillaron a salir del país el pasado 16 de abril. 
El padre se ha quejado públicamente del INM y de sus funcionarios, el 2 de julio de 2011 Elia Baltazar publicó en SinEmbargo.mx el reportaje titulado Solalinde toca la llaga podrida: El INM, en el que el sacerdote aseguró: “El Instituto Nacional de Migración (INM) es como una persona invadida de cáncer, a la que aparentan arreglar muy bonito, la visten elegantemente, hasta la maquillan, pero esta institución ya está invadida, desahuciada, y en su caso la corrupción es la enfermedad”.
 En el texto se destaca que Solalinde aún mantenía la esperanza de que desapareciera el INM para crear otra oficina dedicada sólo a asuntos administrativos, bajo la condición de que se extendieran permisos de tránsito o visas para los migrantes centroamericanos, quienes de esa manera ya no necesitarían “seguridad” porque no los obligarían a viajar en condiciones tan vulnerables.
 “Ellos no necesitan seguridad, sino que les den el paso. Un permiso, una visa que les permita viajar en otras condiciones. Mientras eso no suceda, seguirán viajando en tren, exponiéndose a los secuestros, porque donde hay un desplazamiento masivo, hay un riesgo masivo”.
 Foto: Cuartoscuro EN BUSCA DE SUS HIJOS Debido a la laxitud de las autoridades, madres de centroamericanos desaparecidos en México se unieron en la caravana “Liberando la Esperanza” para buscar a sus familiares en el país y reunirse con autoridades.
 Las madres, procedentes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, llegaron a México el 15 de octubre desde territorio guatemalteco a través del paso fronterizo de El Ceibo, estado de Tabasco y recorrieron 14 estados en busca de mil 200 hijos desaparecidos en su tránsito a Estados Unidos; sin embargo, el contingente sólo logró encontrar a seis personas.
 El último reencuentro se celebró esta tarde en el municipio de Huehuetán, cercano a la frontera con Guatemala en la costa de Chiapas, cuando Leonarda Chacón abrazó a su hijo José Marvín Zelaya Chacón a quien no veía desde hacía cinco años cuando salió de Honduras.
 Durante los recorridos, el 18 de agosto en Reynosa, Tamaulipas, Martha Sánchez Soler, coordinadora de la caravana, señaló que en México han desaparecido un número indeterminado de entre 70 mil a 120 mil migrantes en su paso por México en los últimos años.
 La también presidenta del movimiento migratorio mesoamericano destacó además que la desaparición de personas que utilizan como ruta México para llegar a Estados Unidos, en su gran mayoría se debe a que son presas del narcotráfico, de grupos delictivos que operan y que los extorsionan.
 Señaló que aunque no hay estadísticas oficiales, de acuerdo con datos proporcionados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Amnistía Internacional y Human Rights Watch, entre otras organizaciones, se desprende que del 2006 a la fecha han desaparecido entre 70 y 120 mil personas en su tránsito por México.
 Indicó que el primer lugar en personas desaparecidas lo ocupa Honduras, seguida por el Salvador, Nicaragua y Guatemala, aunque en menor porcentaje existen otras nacionalidades como Perú y Brasil.
 Foto: Cuartoscuro -Con información de EFE y Notimex

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