“Ley Duarte” vuelve a generar polémica; piden sancionar con cuatro años de cárcel emisión de falsas alarmas

 Por: Redacción / Sinembargo - noviembre 9 de 2012 - 22:22 Causas, De revista, TIEMPO REAL, Último minuto - 11 comentarios   Ciudad de México, 9 de nov (sinembargo.mx) – El gobernador de Veracruz Javier Duarte envió  al Congreso local una iniciativa de reforma al Código Penal local para sancionar con cárcel de uno a cuatro años de cárcel a quienes emitan falsas alarmas que provoquen psicosis en la población por supuestos ataques de comandos armados, con armas de fuego y sustancias químicas, entre otros, según publica Proceso.
 La iniciativa propone reformar el artículo 373 del Código Penal, que fue modificado el 20 de septiembre de 2011 debido al caso de Gilberto Martínez Vera y María de Jesús Bravo Pagola, quienes difundieron vía Twitter y Facebook advertencias sobre un ataque por parte del crimen organizado en varias escuelas de la región.
 Los mensajes generaron psicosis en la sociedad y el profesor y la periodista fueron detenidos y acusados de terrorismo.
 La juez tercera del juzgado de primera instancia de Pacho Viejo, Beatriz Rivera Hernández, dictó auto de formal prisión contra ellos por los delitos de “terrorismo equiparado y sabotaje”. 
Cuando comenzaron las investigaciones por los falsos rumores, las autoridades de Veracruz calificaron el acto como “ciberterrorismo” porque generaron el pánico colectivo de la población.
 De acuerdo con el Código Penal de Veracruz, “se considera terrorista a quien haga señales, dé voces de alarma o provoque estruendos por los medios idóneos, simulando la posible existencia de alguno de los actos considerados por el delito de terrorismo, con el fin de suscitar tumultos, desórdenes, alarma o zozobra aun cuando estos no se produzcan”. 
La llamada “Ley antituiteros” o “Ley Duarte” plantea imponer de uno a cuatro años de cárcel, así como multas de 500 a mil días de salario mínimo a “quien o quienes provoquen alarma con la intención de perturbar el orden público difundiendo información falsa” sobre la existencia de artefactos que puedan causar daño a la salud, de acuerdo con Proceso.
“Al que, con la intención de perturbar el orden público, dé a conocer falsamente, por cualquier medio, la existencia de aparatos explosivos u otros que puedan causar el mismo efecto; de ataques con armas de fuego, o de sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud, a sabiendas de ello, se le impondrá prisión de uno a cuatro años y multa de quinientos a mil días de salario, atendiendo a la alarma o perturbación del orden efectivamente producida”.
 De acuerdo con Imagen del Golfo,  el objetivo de la iniciativa es evitar que se aplique mal o en casos de quienes no pretendían atentar contra la tranquilidad de la gente, el rotativo refiere que “las precisiones consisten en que se demuestre la intención de perturbar el orden público” y que se demuestre que se divulgó información falsa sabiendo que lo era.
 De aprobarse, dice Proceso,  la iniciativa, que fue publicada ya en la Gaceta Oficial, inhibiría a los cibernautas veracruzanos que utilizan las redes sociales para alertar a la ciudadanía sobre balaceras en lugares públicos, así como la existencia y presencia de comandos en municipios de Veracruz, o de los hallazgos de ejecutados que muchas veces no son consignados por las autoridades de justicia y seguridad pública de Veracruz.
 El pasado 15 de octubre la organización no gubernamental, Artículo 19 emitió  su informe de agresiones contra periodistas y medios en México, enero-septiembre 2012, donde reportó que ha aumentado considerablemente el alto porcentaje en el que los funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno son responsables de acciones contra la prensa y el alto nivel de violencia de parte de la delincuencia organizada.
 Además también denunció que los ataques a la libertad de expresión se han extendido a 22 estados de la República y 45.25% de ellos involucra algún tipo de violencia que compromete la vida e integridad física de los periodistas.
 En seis entidades se concentran el 62.42% de los agravios contra comunicadores y medios, siendo Veracruz (24 casos), Oaxaca, (20) Baja California (16) y el Distrito Federal (11) los primeros cuatro lugares. También resaltó que en Veracruz es posible advertir el fuerte control sobre la información difundida por medios bajo el propósito de privilegiar las versiones gubernamentales.

Este contenido ha sido publicado originalmente por SINEMBARGO.MX en la siguiente dirección: http://www.sinembargo.mx/09-11-2012/425987. Si está pensando en usarlo, debe considerar que está protegido por la Ley. Si lo cita, diga la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. SINEMBARGO.MX