21 octubre,
2012 Por: Redacción.
Por: Agustín Miguel Alonso Raya*
Las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y Estudios
Legislativos primera del Senado de la República se encuentran en sesión
permanente para el análisis y redacción de la minuta de reforma y adiciones a
la Ley Federal del Trabajo.
Esta propuesta parte de una Iniciativa Preferente enviada al Congreso
por el Presidente de la República, sin embargo la discusión acerca de la
necesidad de actualizar la Ley Federal del Trabajo tiene al menos 15 años y se
han presentado múltiples iniciativas tanto en la Cámara de Diputados como en el
Senado de la República, muchas de ellas por legisladores del PRD.
En un país democrático, plural y en el que se respeta la libertad de
expresión, no deberían de extrañar las múltiples voces que se han levantado a
favor y en contra de la reforma laboral.
Lo incorrecto son las presiones y los amagos que empresarios, y los
eternos líderes sindicales enquistados en el PRI, están haciendo en contra del
Congreso para que apruebe una reforma laboral a modo, que proteja sus
beneficios y con un mínimo de obligaciones para ellos.
En esta y en otras propuestas de reformas legales, el Congreso está
ejerciendo las facultades legislativas que le concede la Constitución.
A diferencia de la Cámara de Diputados, en la de Senadores existe un
mayor equilibrio político. El PRI, que busca aprobar la minuta como está, con
sus aliados del Verde y el Panal, suman 62 votos; en tanto que el bloque de
izquierda y el PAN, que han planteado la necesidad de cambios, alcanzan 66
sufragios.
En el Senado de la República los legisladores de la izquierda estamos en
la mejor disposición de construir una alianza con el PAN que nos permita hacer
cambios a la minuta.
En este escenario, el artículo 72 Constitucional establece que si algún
proyecto de ley o decreto fuese desechado en su totalidad o en partes por la
Cámara de revisión, volverá a la de su origen con las observaciones que aquella
le hubiere hecho.
De regresarse a la Cámara de Diputados, habrá una nueva oportunidad para
construir consensos que permitan mejorar la reforma laboral. En el PRD hemos
acordado priorizar el diálogo, las propuestas y los argumentos sólidos en esta
discusión.
Uno de los pendientes de la reforma que se discute es el concepto de
pago por horas, que consideramos impreciso, si bien es parte de una realidad
que vive el país en muchos de los negocios de servicios, se tiene que definir y
negociar con los sindicatos bilateralmente para no afectar el contrato
colectivo de trabajo.
La democracia sindical es el déficit principal de la reforma. Al no
dejar que los trabajadores elijan con voto directo y secreto a sus dirigentes,
no existen como consecuencia sindicatos fuertes para ejercer la relación
bilateral con las empresas.
El PRD ha venido reiterando, en el marco del debate de la reforma a la
Ley Federal del Trabajo, que se hagan públicos los contratos colectivos y los
registros de los sindicatos para que los trabajadores, ciudadanos y empresarios
conozcan esta información.
Este es otro de los aspectos, en términos de lo que se aprobó en la
Cámara de Diputados, que afecta a los trabajadores.
Respecto al pago de cuando menos un año de salarios caídos es urgente
cambiar las Juntas de Conciliación, por Jueces de lo Laboral y hacer justicia
expedita, es decir, pronta y sin estorbos.
Mientras no se acabe con las mafias que están en las juntas y no se
establezcan mecanismos para lograr una justicia expedita, no se debería
establecer límite de salarios caídos a un año porque afecta directamente a los
trabajadores.
Es decir, con el esquema actual de la propuesta de reforma, se plantea
contratación barata y despido barato.
En el caso del outsourcing si se regula para que haya trabajo
especializado que las empresas necesitan y que no tiene el sindicato con el que
firma el Contrato Colectivo, se da de alta a los trabajadores en el Seguro
Social y la empresa que presta el servicio de outsourcing paga impuestos;
pueden existir y convivir sin necesidad de actuar en la ilegalidad,
irregularidad y la evasión de impuestos.
El PRD está convencido que la reforma laboral es necesaria para crear un
nuevo equilibrio entre los factores de la producción y modernizar las
relaciones laborales; sin embargo, se tiene que construir un acuerdo entre las
partes en conflicto para impulsar una reforma que mejore la competitividad,
productividad y la calidad, y por lo tanto los beneficios para trabajadores y empresarios.
(*) Agustín Miguel Alonso Raya es Diputado Federal y
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. Es Profesor Normalista y Licenciado en Derecho. Fue fundador del
P.R.D en 1989, donde ha sido Consejero Nacional e integrante de la Comisión
Política Consultiva y Presidente Estatal del partido en Guanajuato. Ha sido
Secretario de Prestaciones Económicas y Secretario de Derechos Laborales del
C.E.N del SNTE, entre otros cargos. También participó en la fundación del
Movimiento Democrático Nuevo Sindicalismo de esta organización. Fue candidato a
Gobernador de Guanajuato en el año 2000 de la Alianza por Guanajuato PRD, PT y
Convergencia. Fue también Diputado Federal en la LIII, LVII y LIX Legislatura,
en ésta última ocupó la presidencia de la Comisión de Seguridad Social.
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