Por: Fernando Hernández Urías - noviembre 4 de 2012 - 8:00 De revista, Morelos, Paseo Virreyes, TIEMPO REAL, Último minuto - 1 comentario Graco Ramírez Garrido Abreu. Foto: Cuartoscuro. Un mes en el poder fue suficiente para que el gobernador perredista se diera cuenta del problema en el que se metió.
El lunes pasado, Luis Manuel Hernández León, representante en Morelos de la líder nacional del SNTE, Elba Esther Gordillo, exigió a Graco Ramírez Garrido Abreu disculparse públicamente luego de que un día antes el mandatario morelense asegurara que, a cambio de la nómina de los maestros de Morelos, una institución bancaria “beneficia económicamente” a los líderes del sindicato.
Además llamó “mandamás” de los maestros a su polémica lideresa, Elba Esther Gordillo Morales. Pero este no es el único conflicto que su joven administración ha tenido que enfrentar.
Apenas el 30 de octubre pasado, la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) calificó como ignorante y omiso al gobierno perredista, ya que en su primer mes de administración no ha demostrado una estrategia para frenar los feminicidios que ocurren en la entidad.
Juliana García Quintanilla y José Martínez Cruz, representantes de la CIDH, revelaron que en estos primeros 30 días del gobierno de Graco Ramírez, Morelos ha sido escenario de 11 feminicidios, y en lo que va de 2012 ya suman 41 “Esté quien esté en esas áreas, tiene la obligación de cumplir con lo que exige la ley para frenar la violencia contra las mujeres; ellos tiene la obligación de documentarse en los casos, en la dinámica del fenómeno y actuar con la mayor celeridad”, exigieron los activistas.
SEGURIDAD PÚBLICA, LA PRIORIDAD Desde su primera conferencia de prensa, el gobernador morelense reconoció que la situación es complicada. “Vamos a seguir trabajando y vamos a tener resultados, no es fácil, nos dejaron un estado en condiciones deplorables en cuanto a policía y en cuanto a la procuración de justicia, que estamos ya empezando a enderezar.
Lo deplorable es que no se aplicaran 200 millones de pesos, creo que es una evidencia, y lo dije delante del gobernador saliente, no queremos que se pierda ese dinero, y de que no había ninguna atención al tema, yo estoy asumiendo la responsabilidad todos los días”, dijo.
Y sólo dos días después aseguró que desde el primer día de su gestión los esfuerzos se concentraron en la seguridad pública, su prioridad.
“Estamos trabajando todos los días, desde el día 2 de octubre, con todas las autoridades federales, estamos ejerciendo una tarea de control y de acciones inmediatas, estos primeros tres días hemos detenido tres bandas de secuestradores y estamos por ir por otro grupo importante también”.
El problema es que como resultado de la aplicación de exámenes de control de confianza, la capacidad policiaca de la entidad opera al 40 por ciento.
Sin embargo, el gobernador declaró que la prioridad de su administración es la eficacia del combate al crimen y no el número de elementos que conformen los cuerpos policiacos.
“No es el número el que vamos a recuperar, sino la calidad. Con los instrumentos de video vigilancia, con los sistemas de inteligencia y con la estrategia del modelo policial que vamos a tener y con el consejo ciudadano que se va a constituir, que voy a anunciar próximamente de ese modelo policiaco y de seguridad que vamos a tener y de procuración de justicia”.
Apenas el miércoles pasado, el mandatario aseguró ante empresarios que a 30 días de su gobierno, la violencia se va “apaciguando” en la entidad. Sin embargo, las cifras lo desmienten ya que durante el mes de octubre Morelos fue escenario de 51 muertes vinculadas con el crimen organizado, cantidad superior a la registrada durante el mes de septiembre, según el reporte mensual de Consultores Lantia.
Al firmar un convenio para el financiamiento de la banca de desarrollo a las actividades empresariales de la entidad, anunció que el Consejo Ciudadano de Seguridad estará integrado por empresarios interesados en el tema. Para hacer frente a la delincuencia, Graco Ramírez nombró como parte de su gabinete a la ex subprocuradora Alicia Vázquez Luna, como titular de la Secretaría de Seguridad Pública.
El trabajo de Vázquez Luna ya ha dado algunos resultados. Durante el operativo llevado a cabo entre el 14 y el 20 de octubre, 22 personas fueron detenidas por portación de arma, robo, posesión de vehículo de procedencia ilícita, secuestro y delitos contra la salud.
Sin embargo, no todos los nombramientos de Graco Ramírez han sido bien recibidos por los morelenses. Las críticas comenzaron cuando el perredista anunció la participación del jurista español Baltasar Garzón Real, quien ayudará en la creación de la Ley de Apoyo a Víctimas de Morelos.
Y es que aunque algunos opinan que la experiencia del europeo pondrían al estado a la vanguardia en materia judicial, hay quienes piensan que es un personaje demasiado polémico. LOS OTROS RETOS DE GRACO RAMÍREZ La seguridad no es el único reto que tendrá que enfrentar la administración del perredista. Los “trapitos” de la anterior administración comienzan a salir al sol.
Según la titular de la Secretaría de Desarrollo Social de Morelos, Adriana Díaz Contreras, algunos recursos destinados al plan antipobreza no fueron utilizados por el gobierno de Adame Castillo.
“Hubo un recurso extraordinario de casi 60 millones de pesos, recursos federales que se aplicaron en obras, algunas de ellas ya concluidas al 100 por ciento y que desafortunadamente teniendo en las arcas del Gobierno del Estado los recursos federales, no se pagaron esas obras.
Otro fue un reintegro que hubo de cerca de casi 19 millones de pesos donde el Gobierno del Estado no permitió, no les daba tiempo de ejecutarlos, pero también no permitió que la Sedesol fuera ejecutora y por lo tanto se regresaron a la Federación”, acuso la funcionaria, el 18 de octubre. Y aunque la deuda de Morelos no es tan grande como la de Coahuila o Chiapas, el perredista tendrá que hacer un esfuerzo para mejorar la situación económica de la entidad.
Graco recibe el estado en la peor situación económica de su historia. Cuando su antecesor, Marco Antonio Adame Castillo, llegó al poder, la deuda de Morelos, según cifras de la SHCP, era de 737.8 millones de pesos, y a pesar de que en 2009 la cifra se redujo hasta 346.2 millones, el perredista recibe el estado con un adeudo de 3 mil 016.9 millones de pesos.
Como una de sus primeras medidas, la administración de Graco Ramírez anunció la aplicación de un plan de austeridad con el cual buscarán reducir el gasto corriente en 200 millones de pesos.
Esto se logrará, según el secretario de Gobierno, Jorge Messeguer Guillén, a través de medidas como “bajar a los gastos que hoy se tienen como telefonía, gastos de representación, gastos de vehículos, gastos que yo creo que significan un porcentaje alto y, en segunda, una reducción y una eficientización de lo que es la plantilla laboral en toda la estructura de Gobierno”.
Otro de los retos de la administración perredista tiene que ver con mejorar la transparencia presupuestal, ya que el índice de información presupuestal estatal elaborado por el Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco), el estado de Morelos se encuentra por debajo de la media nacional debido a la dificultad de acceso a la información que sufren sus habitantes. Con una calificación de 54 puntos, la entidad que gobierna Graco Ramírez es superada por Baja California, Oaxaca, Zacatecas, Tlaxcala y Veracruz.
Morelos es además, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, una de las tres entidades del país –junto con Oaxaca y Tlaxcala– que carecen de ley estatal de Desarrollo Social.
Y el reporte Diagnóstico del Avance en Monitoreo y Evaluación de las Entidades Federativas 2011, dado a conocer a finales de septiembre de este año, pone a Morelos como una de las entidades con menor avance en la implementación de mecanismos de evaluación de programas sociales.
El gobierno de izquierda que encabeza Graco Ramírez tiene una oportunidad única de revertir esta situación en uno de los estados del país más afectados por la pobreza. TRAS LOS PASOS DE SU ANTECESOR Parece que la administración perredista no tapará los errores y el derroche del gobierno anterior.
El 18 de octubre, la titular de la Secretaría de Seguridad estatal calificó de “incomprensible” la solicitud de elementos y viáticos para su seguridad del ex gobernador Marco Antonio Adame Castillo.
“Está pidiendo camionetas blindadas, que implica mantenimiento preventivo y correctivo, tarjetas IAVE, elementos de custodia… (camionetas) no sólo en las que él transitaría, sino también para sus acompañantes y otro vehículo que sirva de guardián”, reveló Alicia Vázquez Luna.
La demanda del panista provocó una serie de protestas en distintos círculos, y unos días después, Graco Ramírez pidió a los diputados de los siete partidos que integran el Congreso local “dejar un mínimo” de seguridad al ex mandatario.
El gobernador perredista anunció la cancelación del proyecto de construcción del Libramiento Norponiente, que afectaría la captación de agua en el norte de Cuernavaca y provocaría la urbanización de una zona que es reserva natural protegida, y que no contaba con la aprobación de ambientalistas y habitantes de esa capital.
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