Las tres principales fuerzas en el Congreso impulsan iniciativas anti corrupción… pero les estorba la cola

Por: David Martínez Huerta - abril 7 de 2013 - 0:04 Destacadas, México, TIEMPO REAL, Último minuto - 4 comentarios   Ciudad de México, 7 de abril (SinEmbargo).- Las tres fuerzas políticas con mayor número de legisladores en el Congreso han propuesto iniciativas para combatir la corrupción en nuestro país. Irónicamente, lo que pretenden sancionar es lo mismo que habrían incurrido varios de sus propios militantes, cuando han sido servidores públicos. 
Aquí la historia. La semana pasada, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) propuso ante el pleno del Senado crear el Sistema Nacional de Combate a la Corrupción.
 Planteó elevar a rango constitucional el combate a la corrupción, para que sea competencia de los tres niveles de gobierno, con el fin de identificar, asegurar y en su caso, decomisar bienes obtenidos por este ilícito.
 A nombre del PAN, la Senadora Laura Rojas Hernández, informó que el Sistema Nacional de Combate a la Corrupción, no solamente sancionará, sino también se dedicará a la prevención, mediante la creación de un Registro de Servidores Públicos y de su patrimonio, acompañado de políticas públicas para fomentar la participación ciudadana en la detección de irregularidades.
 “Para el PAN éste es un tema histórico, es un tema por el que hemos luchado toda la vida, prácticamente, y para nosotros esta reforma es fundamental.
 No vamos a aprobar una reforma estética, una reforma cosmética que no vaya al fondo de la solución tanto en la parte preventiva de política pública, administrativa y en la parte penal”, concluyó la Senadora Laura Rojas.
 Lo paradójico del planteamiento panista es que olvidaron mencionar casos emblemáticos de ex funcionarios blanquiazules que han sido señalados por la posibilidad de haber incurrido en tráfico de influencias u obtener beneficios como servidores públicos, fuera de sus prestaciones oficiales.
 Y, como señala el dicho popular “para muestra un botón”, o dos, o tres… En septiembre de 2010, se reveló que César Nava Vázquez, entonces presidente nacional del PAN, había comprado un lujoso departamento con vista privilegiada al bosque de Chapultepec. 
Se dijo que el inmueble le costó 7.5 millones de pesos, cuando su precio real superaba los 15 millones. Se sospechó que se trataba de un caso de corrupción y tráfico de influencias que provocó su renuncia y su distanciamiento de la vida política nacional.
 Pero ahí no paró la cosa, ya que en febrero de este mismo año, se dio a conocer una nota periodística en la que César Nava sería investigado por la Procuraduría General de la República, por presuntos actos de corrupción en Petróleos Mexicanos. 
La indagatoria de PGR es por el delito de lavado de dinero. Presuntamente el consorcio Conproca utilizó dinero en efectivo para corromper a altos funcionarios de Pemex y obtener a cambio contratos multimillonarios, justo durante la época en que Nava se desempeñaba como abogado general de Pemex.
 El siguiente ejemplo de presunto tráfico de influencias al interior del PAN, es de Diego Fernández de Cevallos cuando se desempeñaba como senador de la República y litigó contra dependencias del Gobierno Federal, presuntamente utilizando a sus contactos como legislador para ganar varios casos.
 Cabe recordar cuando el “jefe” Diego representó a la empresa Jugos del Valle en un litigio que dicha compañía entabló contra la Secretaría de Hacienda, para pedir la devolución de mil 600 millones de pesos. También ganó el caso de la familia Ramos Millán en contra de la Secretaría de la Reforma Agraria, la cual tuvo que pagar una indemnización de mil 214 millones de pesos.
 Los panistas también “olvidaron” mencionar la influencia como esposa del presidente de la República, de la que presuntamente se aprovechó Martha Sahagún, para desviar fondos por más de 100 millones de pesos de la Lotería Nacional, a fin de beneficiar a su fundación “Vamos México”, en junio de 2004.
 LA COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN DE EPN Con su planteamiento, los panistas buscan adelantarse a la propuesta del Presidente Enrique Peña Nieto para crear la Comisión Nacional Anticorrupción, respaldada por senadores de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México. 
La propuesta priista-pevemista pretende sustituir a la Secretaria de la Función Pública, con un órgano público autónomo, que podrá actuar de oficio o por denuncias
. El planteamiento gubernamental propone que la ley penal federal establezca los delitos de corrupción y sus respectivas penas, que incluirán en su caso, el decomiso y la privación de la propiedad de los bienes que se hayan adquirido directa o indirectamente, como resultado del uso indebido del servicio público.
 Además, faculta al presidente de la República para designar a los cinco comisionados que conformarán la Comisión, quienes durarán en su cargo siete años improrrogables, mientras que el comisionado presidente ocupará ese cargo por cuatro años.
 Los nombramientos deberán ser ratificados por el Senado. En contraste a la iniciativa peñista, el actual Gobierno Federal ha sido lento en la persecución de delitos relacionados con la corrupción, en casi cuatro meses de sus labores. 
Hasta el momento, el único caso -al cual se le dio una extensa cobertura mediática-, ha sido la detención de Elba Esther Gordillo, ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, acusada de presunto lavado de dinero y operaciones financieras ilícitas con fondos procedentes de aportes gremiales.
 Ningún mensaje se ha mandado desde Los Pinos, para suponer que extenderá esta medida a otros líderes sindicales, señalados por presunto enriquecimiento desmedido e inexplicable, y que ellos mismos se han empeñado en no ocultar a la opinión pública.
 Sobresale el caso del actual senador Carlos Romero Deschamps, líder de los trabajadores petroleros, quien posiblemente se ha beneficiado económicamente de su cargo durante cuatro sexenios presidenciales.
 Romero Deschamps ha dicho tener las “manos limpias” ante cualquier ilícito, incluso recibió el apoyo del líder de la bancada priista, Emilio Gamboa Patrón, a pesar de que se ha documentado el lujo en que viven él e integrantes de su familia.
 La Presidencia tampoco ha respondido con celeridad para investigar las denuncias públicas y penales que se han interpuesto en contra de ex gobernadores de extracción priista.
 Nada se ha dicho de las acusaciones contra Humberto Moreira, ex mandatario de Coahuila, o de Andrés Granier, ex gobernador de Tabasco, por nombrar sólo los casos emblemáticos, aunque se han hecho públicas denuncias públicas de todo tipo contra ex mandatarios de todos los partidos políticos.
 PRD PROPONE CREAR AGENCIA ANTICORRUPCIÓN Por su parte, el PRD en el Senado, planteó crear la Agencia Nacional para el Combate a la Corrupción, que sería un órgano constitucional con personalidad jurídica y patrimonio propio. 
Al presentar la iniciativa ante el pleno de la cámara alta, en noviembre pasado, el senador Armando Ríos Piter, detalló que la agencia sería responsable del combate, investigación y persecución de los delitos relacionados con la corrupción, en el orden federal y, por vía de atracción, los del orden local.
 Indicó que la agencia estaría conformada por siete fiscales generales que durarían en el cargo siete años improrrogables. Designados por el Congreso, bajo mecanismos de participación ciudadana, y ratificados con el voto de las dos terceras partes del total de los integrantes del Senado.
 Ríos Piter agregó que la Agencia Nacional para el Combate a la Corrupción, compartirá con el Ministerio Público la facultad de ejercer acción penal. 
Y para cumplir a cabalidad con sus funciones se incluyen mecanismos para que los fiscales generales superen el secreto fiscal, bancario y fiduciario, a fin de agilizar los procesos de investigación de ilícitos.
 Detalló que la reforma establece que la corrupción de servidores públicos va más allá de la autorización o uso indebido de fondos o recursos públicos.
 También incluye omisiones en el cumplimiento de obligaciones, favorecer o inducir favores, privilegios o ventajas de manera indebida a un tercero, o a su propia persona.
 Pero más allá de la contundencia de sus palabras en la presentación de esta iniciativa, el perredista olvidó hacer alusión a casos expuestos en la prensa, sobre presuntos tráficos de influencias en que habría incurrido su correligionario, el jefe delegacional en Coyoacán, Mauricio Toledo.
 Observemos. El primero de marzo de este año, diputados locales del PAN, Priscila Vera y Édgar Borja, acudieron a la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, de la procuraduría capitalina, para ratificar la denuncia contra Toledo, por la presunta extorsión a una inmobiliaria.
 Para fundamentar su acusación, los asambleístas se basaron en la declaración del abogado Rodolfo Reus, quien hizo pública una conversación con Toledo, donde se presentaría la supuesta extorsión.
 Inolvidable también, el escándalo en torno René Bejarano, líder de la corriente de expresión perredista Izquierda Democrática Nacional, quien fue exhibido en un programa de televisión mientras se llenaba los bolsillos con fajos de dinero de procedencia desconocida, cuando se desempeñaba como coordinador de los asambleístas capitalinos del PRD.
 Bejarano fue detenido y acusado por el delito de lavado de dinero, aunque meses después salió de prisión y no fue inhabilitado para ocupar cargos en el gobierno, aunque estuvo involucrado en casos de corrupción y tráfico de influencias.
 Las tres iniciativas “anticorrupción”, continúan en análisis al interior de cinco comisiones senatoriales. Ante esta cantidad de comisiones dictaminadoras, los senadores establecieron un acuerdo para que representantes de cada órgano legislativo trabajen en la elaboración de un solo anteproyecto, que será expuesto a los integrantes de las comisiones unidas.
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