miércoles, 10 de abril de 2013

Los “policías malos” brincan la barrera sexenal: Julián Leyzaola se queda en Juárez, y Facundo Rosas en Puebla

Por: Redacción / Sinembargo - abril 10 de 2013 - 0:04 Destacadas, México, TIEMPO REAL, Último minuto - Sin comentarios   Leyzaola, un hombre rudo.  Ciudad de México, 10 de abril (SinEmbargo).– Pocas horas antes de la madrugada del 6 de marzo de este año, cuando un grupo de sicarios atacó las instalaciones de El Diario y de Canal 44 en Ciudad Juárez, el secretario de Seguridad Pública Municipal fue grabado, en una reunión con la iniciativa privada, acusando a la prensa de ser “el punto negro para la sociedad”.
“Ellos –dijo Julián Leyzaola– construyen su propia tumba porque sigue la delincuencia en Juárez y la gente no cree en la denuncia anónima. 
Y no denuncia porque los medios denigran a las corporaciones. Ellos son el punto negro para la sociedad”.
 Esta es sólo una declaración; es apenas un episodio más en su larga lista de ataques a periodistas.
 Su intolerancia es conocida no sólo en esa frontera, sino también en Tijuana, en donde fungió también como jefe policial. La prensa nacional e internacional han reseñado las múltiples acusaciones en su contra por ser un presunto violador impune de los derechos humanos.
 Y de policía ejemplar, ha pasado, desde hace tiempo, a considerársele un “policía malo”. Desde que se fueron los federales, los policías municipales a su mando pasaron a encabezar las denuncias formales por abuso.
 VER INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Pero Julián Leyzaola no sólo ha logrado trascender elecciones locales: Ha logrado, además, brincar del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa al de Enrique Peña Nieto. 
Durante la administración panista, el “rudo” de Leyzaola fue puesto como ejemplo de la estrategia contra la criminalidad, a pesar de que fuera acusado en innumerables ocasiones de cometer abusos contra la población civil. Fue el sexenio de las “víctimas colaterales”.
 Apenas en septiembre pasado, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, dijo que se han presentado un sinnúmero de quejas en contra de Julián Leyzaola por tortura, abusos de poder e incluso desapariciones forzadas. 
Las denuncias y quejas en contra de Leyzaola datan desde su gestión en Tijuana como Director de Seguridad Pública, en donde también tiene un gran número de quejas por tortura, acreditadas por la CNDH. 
“Están pendientes las averiguaciones previas, que se desahoguen y que terminen con la consignación a propósito de estos hechos en donde participó de manera directa”, señaló Plascencia.
 Pero Leyzaola no es el único que ha logrado trascender al cambio sexenal. Otro ex funcionario público federal, Facundo Rosas, acusado de múltiples violaciones fue recientemente contratado, ahora por el Gobernador Rafael Moreno Valle. 
EL EX MILITAR QUE VIGILA CIUDAD JUÁREZ Julián Leyzaola Pérez, quien se retiró del Ejército mexicano con el grado de Teniente Coronel del Estado Mayor, fue cooptado rápidamente por los gobiernos de Oaxaca y Baja California para participar en el combate a la delincuencia desde la policía.
 Su carrera despuntó justamente en la península bajacaliforniana. Ahí fue desde director de la Academia Estatal de Policía del estado, director del Centro de Readaptación Social “El Hongo”, hasta director general de la Policía Estatal Preventiva de Baja California y, finalmente, director general de Policía y Tránsito Municipal de Tijuana. 
A Leyzaola, quien se desempeña con una imagen que va del héroe al villano, se le atribuyó se le atribuyo el hecho de haber “limpiado” y logrado disminuir la alta criminalidad que azotaba esa ciudad fronteriza hasta en 70 por ciento.
 Los reportes periodísticos plantean que en Tijuana lanzó un ataque contra las organizaciones criminales y los policías corruptos, que también le generaron diversas denuncias por parte de defensores de los derechos humanos. 
Con el aura de justiciero, el 17 de marzo de 2011, Leyzaola fue llamado para hacerse cargo de la policía en el municipio que entonces se consideraba “el más violento de México”: Ciudad Juárez, Chihuahua. Leyzaola Pérez es hijo de un militar con rango y nieto de un general de división.
 Tiene actualmente 53 años de edad y es definido por el alcalde de Ciudad Juárez, Héctor Murguía, como “un hombre que ha dado resultados”. 
  Nació en Culiacán, Sinaloa, cuna de varios de los principales capos del narcotráfico, y se enlistó cuando apenas tenía 16 años como soldado de infantería en Mexicali, Baja California.
 Él mismo se define: “No soy el clásico funcionario al que hay qué sacar de la zona de fuego y protegerlo a como dé lugar. Si nos atacan, protéjanse ustedes, que potegiéndose nos protegemos todos. 
Es más fácil que cada quien se agarre a uno de los que están tirando a que todos quieran cubrir al que me tira a mi”.
 RESULTADOS Y POLÉMICA Ahora, en 2013, Ciudad Juárez pasó de 200 homicidios mensuales a 25 homicidios, y él se jacta que la urbe fronteriza ha dejado de ser catalogada como la ciudad “más peligrosa de México”. Pero el mito más extendido sobre este “súper policía” y, de acuerdo con denuncias de organizaciones civiles, es que es “abusivo” e incluso “torturador”.
 Aún en Tijuana, el 20 de octubre de 2009 algunos reporteros aseguraron haber presenciado el momento en que Leyzaola pateó el cadáver de un sicario que se había enfrentado con sus policías. Según esta versión, el ex militar se acercó a un vehículo que llevaba el cuerpo entre las calles 5 y 10 de la ciudad, lo detuvo, lo miró y luego soltó el golpe contra él.
 Un funcionario municipal aseguró tajantemente que esto era falso y que el rumor fue difundido por un grupo de narcos. Otro integrante de la administración reconoció que era posible que eso haya ocurrido.
 Lo que es cierto es que las denuncias por violaciones a los derechos humanos durante el periodo de Leyzaola en Tijuana llegaron hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
 El teniente coronel, quien es además partidario de legalizar la pena de muerte, las minimizó: “Hasta El Pozolero se fue a quejar a los derechos humanos. ¡Por favor!”.
 Ya en Ciudad Juárez, el martes 1 de noviembre de 2011 la policía de Juárez detuvo a 29 manifestantes por dibujar un centenar de cruces con pintura de agua en paredes y vidrios. 
Los detenidos, que forman parte del movimiento indignados, denunciaron públicamente abuso de autoridad, mientras que Amnistía Internacional manifestó “preocupación”. 
“Yo nunca reprimí una manifestación, yo evité que dañaran propiedad privada y hubo detenciones porque me agredieron a los policías”, dijo entonces Leyzaola, quien argumenta que los manifestantes tiraron al piso a los agentes, los golpearon y les arrojaron pintura en los uniformes.
 “Tienen que responder a una autoridad”, sostuvo. Apenas en marzo pasado, la organización Human Rights Watch exigió a las autoridades federales de México asumir inmediatamente la investigación de la posible desaparición forzada de cuatro civiles en Ciudad Juárez, presuntamente cometidas por la policía municipal, en la que Leyzaola sigue al frente. 
Según la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, el 26 de marzo de 2011, cerca de las 7 p.m., cuatro civiles —Juan Carlos Chavira, de 28 años, Dante Castillo, 25, Raúl Navarro, 29, y Félix Vizcarra, 22— fueron detenidos por la policía municipal en Ciudad Juárez, Chihuahua.
 Cinco testigos informaron a la Comisión que la policía había detenido la camioneta pick-up en la cual viajaban los civiles, que luego fueron arrestados. 
“Los claros indicios de participación policial en las desapariciones y la investigación mediocre que se llevó a cabo hasta el momento despiertan serias dudas sobre la capacidad de las autoridades locales de investigar este delito”, manifestó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
 “Dado que está en juego la vida de estos cuatro hombres, los agentes del ministerio público federal deberían asumir inmediatamente la investigación”.
 Además, la misma organización exhortó a las autoridades de Baja California a iniciar una investigación oportuna, exhaustiva e imparcial de las acusaciones creíbles de tortura que se han formulado contra Julián Leyzaola, jefe de policía de Ciudad Juárez.
 Estas violaciones de derechos humanos habrían sido cometidas por Leyzaola en 2009 y 2010, cuando se desempeñaba como jefe de policía de Tijuana.
 FACUNDO ROSAS, EL AMIGO DE GARCÍA LUNA Ahora con Moreno Valle. Foto: Cuartoscuro Facundo Rosas Rosas es, desde el pasado 1 de abril, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla. Con 44 años de edad, los últimos 24 años de su vida los ha pasado en las filas policiacas. 
De su experiencia no se duda, se le califica incluso como un “súper policía”, especializado en labores de investigación; pero su accionar en la práctica ha generado acusaciones en su contra que incluyen corrupción, abuso de autoridad, ataques a los derechos humanos e incluso presuntas relaciones con el crimen organizado
 Su carrera inició en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), cuando el también Ingeniero Agrónomo, con maestrías en Administración y Seguridad Pública y Derechos Humanos, tenía sólo 20 años. Si se revisa su currículum la decisión del Gobernador Rafael Moreno Valle al elegirlo como líder policiaco de Puebla no tendría objeción alguna, pues tiene una carrera que incluye capacitaciones en Estados Unidos, Colombia, Japón, Francia, España, Bolivia, Guatemala y en países árabes.
 Pero el pasado reciente de Rosas Rosas pone en entredicho su regreso a la actividad pública, luego de que finalizara sus responsabilidades en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. 
Amigo y cercano colaborador del polémico Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal durante todo el sexenio calderonista, Facundo Rosas se desempeñó como subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial (2008-2009), comisionado general de la Policía Federal Preventiva (PFP) (2008 a 2012) y subsecretario de Prevención, Vinculación y Derechos Humanos de la SSP federal.
 Como su ex jefe, García Luna, el nuevo titular de la SSP poblana, también tiene cuentas por aclarar: El 10 de febrero de 2012, cuando era comisionado de la Policía Federal, fue relevado del cargo por órdenes del entonces Presidente Felipe Calderón, y regresó a su asignación de subsecretario de Prevención y Vinculación de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública.
La razón de este movimiento fue que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a través del ombudsman, Raúl Plascencia Villanueva, consideró que la Policía Federal incurrió en violaciones a los derechos humanos en el fallido desalojo de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en Guerrero, el 12 de diciembre de 2012. Ese operativo, del que Rosas Rosas fue responsable, dejó como saldo la muerte de dos estudiantes por disparos de arma de fuego de los policías a su cargo.
 También se le ha señalado de recibir sobornos por parte de capos de la mafia y se le ha ligado con los dramáticos resultados de la guerra contra el narcotráfico que emprendió el gobierno de Calderón, de la mano de García Luna, y que dejó más de 80 mil muertos, unos 20 mil desaparecidos y más de 250 mil desplazados.
 El 28 de noviembre pasado, cuando Felipe Calderón aún era Presidente de México y García Luna y el propio Facundo Rosas todavía desempeñaban sus cargos en la SSP, Édgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, los acusó de recibir dinero de los grupos criminales y de pactar con los capos de los cárteles del narcotráfico.
 En una carta publicada por el diario Reforma, presuntamente redactada por “La Barbie”, acusado de trabajar para el cártel de los Beltrán Leyva y actualmente preso en el penal del Altiplano, se planteó que desde 2002, el titular de la SSP (García Luna) y algunos de sus colaboradores más cercanos recibían dinero de la delincuencia organizada: “… Me consta que ha recibido dinero de mi, del narcotráfico y la delincuencia organizada, al igual que a un grupo selecto integrado por Armando Espinosa de Benito quien trabajaba con la DEA y me pasaba información, Luis Cárdenas Palomino, Edgar Eusebio Millán Gómez, Francisco Javier Garza Palacios (PF Colombia), Igor Labastida Calderón, Facundo Rosas Rosas, Ramón Eduardo Pequeño García y Gerardo Garay Cadena quienes también forman parte y reciben dinero de la delincuencia organizada y de mi”, destacó el capo en esa misiva. 
ROSAS: EL “REPRESOR” El pasado 4 de abril, Facundo Rosas Rosas explicó, en conferencia de prensa, las líneas de trabajo que seguirá para preservar la seguridad en Puebla que, a su juicio, aún “es una entidad segura, sin embrago no hay que esperar a que se descomponga”.
 Los periodistas lo cuestionaron por el calificativo de “represor”, como lo llamaron en su tiempo legisladores opositores al gobierno de Calderón. 
Facundo Rosas respondió que seguramente se debe al caso de la Normal de Ayotzinapa. Sin embargo, dijo, él “es una persona respetuosa de los derechos de las personas” y que el caso de los estudiantes de Ayotzinapa fue uno de los muchos que le han tocado atender, pero siempre ha actuado con sensibilidad y sin dolo.
 “Mi convicción es que se debe respetar el derecho a manifestarse y también al libre tránsito de los demás, pero también tengo que garantizar que los demás no se vean afectados en sus derechos.
 Más que represor vamos aplicar firmemente la ley pero con sensibilidad, siempre discutiendo la solución”, expuso ante la prensa local. Fiel a los principios aprendidos en el Cisen, Rosas Rosas explicó que su forma de trabajo será a través de la “Teoría de procesos”: “Para poder resolver un problema primero hay que desagregarlo, sistematizar las cosas que le dan origen para poderlas atacar, si no existe problema evidente buscar información para saber que está pasando”, dijo ante los comunicadores.
 La iniciativa privada, analistas y académicos en Puebla han cuestionado su llegada.
 El “súper policía”, dicen, viene de un sexenio altamente criticado por el abuso de los derechos humanos y las pifias en operaciones policiales –incluida ya una investigación formal de la Procuraduría General de la República (PGR) contra su ex jefe, Genaro García Luna, por el “montaje” televisivo en el caso de Florence Cassez. 
También, los empresarios y las organizaciones civiles temen que en lo que resta del sexenio de Moreno Valle, con Facundo Rosas a cargo de la principal fuerza policial de la entidad, se agudicen los actos ilegales de espionaje y persecución política en contra de opositores del gobierno.
 Mientras tanto, el poblano, nacido en el poblado de Huejonapan de Aquiles Serdán, en el municipio de Tepexi de Rodríguez, dice estar “orgulloso y comprometido de quedar al frente de esta institución para tratar de resolverle los problemas a los ciudadanos”.Este contenido ha sido publicado originalmente por SINEMBARGO.MX en la siguiente dirección: http://www.sinembargo.mx/10-04-2013/584725.
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