Por: Redacción / Sinembargo - junio 14 de 2013 - 0:00 Destacadas, México, TIEMPO REAL, Último minuto - 4 comentarios Ciudad de México, 14 de junio (SinEmbargo).– Esta semana no fue la mejor para el ex Gobernador panista de Jalisco Emilio González Márquez.
Tres escándalos en el estado apuntan a lo que fue su administración y a las acusaciones que a lo largo de seis años de gobierno (2007-2013) se habían hecho en su contra en distintos sectores por su ineficiencia y el endeudamiento en el que sumió a la entidad.
De acuerdo con datos de transparencia, con González Márquez la deuda de Jalisco creció cuatro veces, principalmente por la organización de los Juegos Panamericanos de Guadalajara, en 2011, En el ojo público están sus donativos al Arzobispado de Guadalajara, el pago de altos sueldos a los trabajadores del estado, el encarcelamiento de uno de sus colaboradores más cercanos y la ayuda por parte de su administración a una empresa que mantenía jornaleros en situación de esclavitud.
Ayer, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dio a conocer que analiza un punto de acuerdo para exhortar al Congreso de Jalisco que instruya a la Auditoría Superior de esa entidad a efectuar una revisión integral a la administración de González Márquez.
La propuesta de Senadores y Diputados federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se turnó a comisiones unidas para que, “de resultar procedente, exponga ante las autoridades competentes las irregularidades encontradas”.
El punto de acuerdo tiene el objetivo de fincar responsabilidades en contra de los servidores públicos y particulares que hayan intervenido en la “comisión de las irregularidades encontradas”.
La semana pasada fue aprehendido el ex director del Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa), Rodolfo Ocampo Velázquez, uno de los más cercanos colaboradores del panista, por el presunto delito de peculado por mil 200 millones de pesos.
Esta detención deriva de una acusación por desvío de recursos del programa Todos con Agua, que debió operar en 2008 para hacer llegar agua potable y prestar el servicio de alcantarillado a más de 200 colonias.
Según los legisladores este no ha sido el único caso de corrupción denunciado durante la administración de González Márquez, ya que se mencionan también donaciones a la Iglesia Católica con dinero público por 90 millones de pesos para la construcción del Santuario de los Mártires, en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Además de 30 millones de pesos para la Ruta del Peregrino y un millón para un templo en Yahualica, entre otros; así como la aportación de 45 millones al Teletón, organizado por Televisa, durante 2007 y 2008. Megamentada en Jalisco.
ESCLAVITUD AL ESTILO JALISCO La administración de González Márquez también habría entregado apoyos por más de 10 millones de pesos a la empresa empaquetadora y productora de jitomate Bioparques de Occidente durante dos años.
Esta semana, la Fiscalía General de Jalisco anunció la liberación de 275 jornaleros que trabajaban en condiciones de esclavitud en un campo de la empresa en Tolimán, al sur de la entidad.
Los apoyos que habría autorizado la administración de González Márquez supuestamente se destinarían al pago de desayunos para los hijos de los jornaleros, quienes además de ser obligados a trabajar 12 horas diarias, vivían en hacinamiento, nunca recibieron su pago completo de 100 pesos diarios y tenían que comprar productos básicos a sobreprecio en una tienda de raya.
Como único alimento, tres veces a día, recibían sopa.
Empezaban su jornada laboral a las 5:00, si querían desayunar tenían que levantarse a las 3:00, y terminaban de trabajar hasta las 17:00. Según las autoridades del trabajo en la entidad, desde hace dos años no se realizan en Jalisco inspecciones laborales,
“las excepciones eran las ocasiones en las que un tribunal o juzgado de distrito se los exigía, pero nada más, explicó el Secretario del Trabajo, Eduardo Almaguer.
Afirmó desconocer la razón de la inactividad de los inspectores en la pasada administración, pero que revisarán si pueden pedir la inhabilitación de los funcionarios involucrados basándose en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.
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