El gobierno de México está consciente de que en las prisiones y centros de detención en Estados Unidos existen normas severas que imponen condiciones de aislamiento de los internos a fin de evitar que se ponga en peligro su integridad, sin embargo, realiza visitas constantes a estas instalaciones en todo el territorio para impedir que se violen los derechos de connacionales sujetos a algún proceso, aseguraron autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores(SRE).
De hecho, revelaron que funcionarios consulares mexicanos colaboran con una organización civil de Estados Unidos para detectar casos de detenciones prolongadas o ausencia de representación legal, como parte de una demanda colectiva presentada en 2012 contra el Departamento de Seguridad Interna (DHS) por las condiciones en que se encuentran internos con cierta discapacidad mental.
Las autoridades de la Cancillería detallaron que por medio de la Red Consular, el personal realizó el año pasado más de dos mil visitas a centros de detención migratoria y prisiones para detectar anomalías en las condiciones que enfrentan mexicanos sujetos a algún proceso.
Así lo indicaron luego de que el diario The New York Times reveló que alrededor de 300 inmigrantes en promedio son confinados diariamente al aislamiento total hasta por 75 días, por parte de autoridades de la Oficina de Inmigración y Aduanas.
Las fuentes consultadas reconocieron que en Estados Unidos “la legislación que regula la administración de sistemas penitenciarios a nivel federal y estatal establece reglas estrictas para el manejo de prisioneros. Existen normas severas que imponen condiciones de aislamiento de los internos a fin de evitar que se ponga en peligro su integridad”.
No obstante, señalaron que “se realizan acciones inmediatas para salvaguardar la seguridad física y derechosde los mexicanos que se encuentran en estos centros de detención migratoria”. Como ejemplo de la labor que se efectúa, expusieron que está el caso de un mexicano que falleció en 2008 en condiciones de aislamiento al no recibir asistencia médica oportuna en un centro de detención en el estado deTexas, “se promovió de manera exitosa, a través de un despacho de abogados, un litigio en contra del centro en Reeves County”.
Indicaron que las visitas a estos centros de detención o prisiones son constantes, ya que incluso “se indaga sobre posibles casos que pudieran incluirse en una demanda colectiva que la organización American Civil Liberties Union (ACLU) interpuso en 2012 contra el DHS por las condiciones de detención de personas con cierta discapacidad mental”.
Esta demanda que se conoce como Franco Gonzalez vs. Napolitano “requiere de una constante labor de detección de casos donde una detención prolongada, aunada a la ausencia de representación legal, pone en serias desventajas a los detenidos”.
Por ello, revelaron que “durante las visitas a centros de detención, el personal consular aplica cuestionarios ad hoc que permiten identificar a posibles candidatos a incluirse en la demanda colectiva. ACLU está en el proceso de allegarse de toda la evidencia disponible para proceder con el litigio”.
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