Ante la promulgación de la Reforma Educativa impulsada por el Presidente Enrique Peña Nieto a menos de tres meses de haber iniciado su mandato, con todo y las adversidades que ello significó, pensaríase que en la nación calificada como la más democrática del continente americano, lograr una Reforma Migratoria con el respaldo presidencial más poderoso del mundo, sería miel sobre hojuelas en un día de campo. Las cosas no son así.
El presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Barack Obama, dijo hará lo que sea necesario para lograr una Reforma Migratoria integral este año y que el Congreso apruebe una ley que saque de la sombra a los once millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, la mayoría de ellos mexicanos. El presidente Obama espera firmar una reforma migratoria durante el primer semestre del 2013, y ha dicho que si no ve un progreso satisfactorio en el Senado presentará una propuesta propia.
Sin embargo, son importantes los obstáculos que dicha propuesta de reforma enfrenta en el Congreso: ambas cámaras del Congreso elaboran propuestas para reformar el sistema de inmigración, de manera que se incremente la seguridad fronteriza, se permita la legalización de la población indocumentada, y se aumenten las visas para extranjeros con altas destrezas laborales, entre otros elementos.
Prominentes legisladores republicanos se pronunciaron a favor de que inmigrantes sin papeles puedan optar a la naturalización como parte de una reforma integral, en lo que aparenta ser un acercamiento a sus colegas demócratas.
Empero la propuesta del Senado busca condicionar la opción a la naturalización, a una certificación de que la seguridad en la frontera ha aumentado, en una espera que ellos estiman de 10 años, la cual es excesiva según los expertos. También se examina la posibilidad de eliminar la prohibición de volver a Estados Unidos durante 10 a años a quienes permanezcan sin papeles durante tres años.
El principal obstáculo de la reforma es la exigencia de legisladores por aumentar la militarización de las fronteras con México y Canadá como condición para aprobar la reforma al sistema migratorio.
Además del reforzamiento de la seguridad fronteriza, que implicaría tiempo y recursos adicionales, los republicanos pretenden darle carácter obligatorio a la consulta del e-verify, una base de datos del gobierno federal que los patronos pueden consultar actualmente de manera voluntaria para verificar que sus empleados están autorizados para trabajar en Estados Unidos.
Al respecto el Centro Nacional de Leyes Migratorias, señaló su oposición a darle carácter obligatorio al e-verify debido a sus tasas de resultados erróneos, falta de protección a los trabajadores y del debido proceso, protecciones insuficientes a la privacidad y la cantidad significativa de uso inapropiado por parte de los patronos.
Finalmente también es tema de inquietud para los fronterizos que los legisladores no aborden el punto desde una óptica de asegurar que las condiciones de vida de la población que vive en la línea fronteriza sean respetadas, sino de una perspectiva estrictamente militar.
Julián Santos Torroella
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