VIVIENDA DIGNA Y EN ORDEN ES EL MANDATO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO: RAMÍREZ MARIN

* El titular de la SEDATU informó que el Gobierno de la República destinará 150 millones de pesos para construcción y remodelación de vivienda en Yucatán

Mérida, Yucatán.- El Gobierno de la República apoya al estado de Yucatán con 150 millones de pesos para la construcción y remodelación de vivienda, informó el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Jorge Carlos Ramírez Marín, al firmar como testigo, dos convenios entre el gobierno del estado, la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) y el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO).
Explicó que con estas acciones el Gobierno Federal asume su responsabilidad de otorgar no solo una vivienda, sino un producto de calidad y en orden, para que los mexicanos vivan mejor.
El Plan Nacional de Desarrollo nos mandata, dijo, a dar impulso a soluciones de vivienda digna, así como al mejoramiento de los espacios públicos.
Subrayó que la industria de la construcción, que representa de manera directa el 3 por ciento y, de manera indirecta, el 7 por ciento del Producto Interno Bruto va tener un nuevo impulso.
El titular de la SEDATU explicó que Yucatán recibe un apoyo extraordinario de recursos federales porque es la única entidad que ha presentado mejores esquemas de coordinación con la federación, como un programa específico para construcción de casas a discapacitados e invidentes.
Se trata, anunció, de un plan piloto a nivel nacional al que es imposible negar el subsidio. Explicó que se van a construir 200 casas con innovaciones como, por ejemplo, el timbre en lugar de tener un sonido prenderá una luz o bien, las casas tendrán paredes con texturas distintas, para distinguir en qué habitación se encuentran, con el objetivo de atender las necesidades de este grupo de personas vulnerables.
El primer convenio que suscribió el gobierno del mandatario Rolando Zapata Bello, con el director de Sociedad Hipotecaria Federal, Alberto Cano Vélez, va encaminado a la edificación de vivienda nueva, en la modalidad de autoconstrucción, para reducir el rezago que en Yucatán se contabiliza en alrededor de 68 mil familias sin una casa propia.
Dicho convenio, compromete 450 acciones de vivienda y los beneficiarios podrán pagar con facilidades de financiamiento. El costo de las casas es de 230 mil pesos, con pagos mensuales de mil pesos a un plazo de 20 años. La derrama económica para la entidad se estima en 74 millones de pesos y por cada peso que invierta el estado se multiplica por 24 de la federación.
El segundo convenio suscrito con el FONHAPO implica apoyos para remodelación y rescate de vivienda abandonada.
El secretario Ramírez Marín expuso que el objetivo de crear la SEDATU es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Agregó que la experiencia demuestra que las viviendas necesariamente deben estar cerca de los centros de trabajo para evitar que el bienestar de las familias se revierta y haya casas abandonadas, porque actualmente, dijo, una de cada cuatro viviendas es abandonada.
Explicó que la estrategia es crear reservas estatales para el desarrollo de la vivienda y la rectoría del Estado se va a ejercer a través del suelo y el subsidio. Con estos dos instrumentos, señaló Ramírez Marín, vamos a hacer vivienda cercana para los trabajadores, para aumentar la seguridad y que los servicios municipales no se reviertan en contra de la autoridad.
Insistió en que la industria de la construcción es un amplio abanico de empresas, no solo las grandes desarrolladoras, sino también las pequeñas empresas que han dado un modelo nacional en la vivienda y, puntualizó, no van a ser abandonadas, seguirán haciendo casas a bajo costo y de calidad.
En esta firma de convenios asistieron además del gobernador, Rolando Zapata Bello, los titulares de FONHAPO, Ángel Islava; de la SHF, Alberto Cano Vélez; y del Registro Agrario Nacional, Manuel Acosta Gutiérrez.
Cabe destacar que en entrevista, el secretario Jorge Carlos Ramírez Marín, fue cuestionado respecto a la posición que tomará la SEDATU ante la demanda de colonos contra la empresa Patrimonio de Kanasín, quienes exigen una segunda expropiación de sus tierras, supuestamente compradas con dinero ilícito.
El funcionario explicó que el asunto está en análisis jurídico, que se estudian alternativas, y aclaró que hay trabajos realizados por la Comisión Nacional para la Regulación de la Tenencia de la Tierra (CORETT), así que primero se tendrá que pagar lo justo a este organismo.
Nada será gratis, precisó, los ciudadanos tienen que estar perfectamente informados para evitar que sean sorprendidos.
Subrayó que no existe propuesta alguna para que opere el subsidio federal, lo que garantizó es que la regularización de la tierra se llevará en términos legales.