Alfil

Puerta abierta al intervencionismo norteamericano

Por Roberto Piñón Olivas

Resulta bien interesante la postura asumida por el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossio, en relación con la decisión de la Primera Sala de revocar el acuerdo que concede el amparo a Rafael Caro Quintero.

Contrario sensu a la decisión de la mayoría de ministros, Cossio consideró que no era posible contradecir la posición del tribunal colegiado que concedió el amparo al supuesto narcotraficante ya que jamás se probó que Enrique Camarena haya sido oficialmente considerado un agente federal norteamericano, ni tampoco que Alfredo Zavala, se encontrará desempeñando labores oficiales como piloto de la Secretaría de Agricultura, en el momento en que fueron asesinados.

Esto es, ¿como considerar que es jurídico pensar la legitimidad del proceso en el ámbito federal por el delito de homicidio de ambos personajes, cuando no se encuentra probada en juicio su personería como, en el primer caso, sujetos protegidos por los convenios internacionales, y en el segundo, como funcionario federal?

No es suficiente con el argumento genérico del ministerio público de que Camarena era agente de la Agencia Federal Antidrogas, y que Zavala era empleado de una dependencia federal. Ambos supuestos debieron quedar demostrados en el juicio, lo cual jamás ocurrió.

Por tanto, el Tribunal Colegiado, que conoció del amparo en revisión habría estimado, que al no ser probados ambos supuestos, el juzgamiento por un juzgado de distrito era incorrecto, y por tanto, violatorio del debido proceso.

Ahora, la Suprema Corte de Justicia, en su Primera Sala, ordena la revocación del amparo concedido por el Tribunal Colegiado y la emisión de una nueva sentencia. Se antoja que pesaron mas los argumentos políticos por la posición de condena asumida por el gobierno norteamericano, que otra cosa.

Hoy, Rafael Caro Quintero de nueva cuenta se encuentra prófugo. La cuestión es que no solo es el problema de fondo, que Cossio aborda de manera convincente, aun cuando no sea la opinión de la mayoría, sino la incógnita del porque el gobierno mexicano a través de la Procuraduría General de la República, conocedora del recurso interpuesto, fue omisa en obsequiar una nueva orden de aprehensión por algún otro delito de los cometidos por el célebre narcotraficante.

Para mayor abundamiento: porque se le permitió a Rafael Caro Quintero abandonar el penal sin que elementos ministeriales lo detuvieran de nueva cuenta con base en los convenios internacionales que existen, particularmente con el gobierno norteamericano, que ha sido insistente en el procesamiento del mencionado imputado.

Que la PGR fuera omisa, puede concederse: pero que la tarea de inteligencia norteamericana también lo fuera, parece inexplicable, sobre todo cuando existe un relanzamiento de las relaciones de cooperación entre ambas naciones, con una ventanilla única donde la Secretaría de Gobernación asume el liderazgo.

Sin embargo así ocurrió: el ministerio público se durmió y las agencias norteamericanas estuvieron ausentes. Caro Quintero abandonó el penal, y es casi un mes después, cuando el tribunal constitucional, en una de sus salas, revoca el amparo, en términos muy cuestionables.

Ahora, deberá activarse el concierto internacional para buscar al presunto culpable de los homicidios y detenerlo, en medio del escándalo de revelaciones donde agentes norteamericanos habrían estado presentes en el doble homicidio del oficial estadounidense y el piloto mexicano.

La cuestión es que no existe posibilidad de recurrir el fallo de la Corte que considera inviable el amparo concedido por el Tribunal Colegiado. Dicho amparo ha sido nulificado.

La opinión de Cossio es solo eso, una opinión minoritaria, que apenas debe ser escuchada, aun cuando tuviese razón jurídica, y jamás se haya demostrado en juicio la calidad de agente federal estadounidense y servidor publico federal de los asesinados.

La determinación de la Corte, en razón de esta última consideración, es una puerta abierta para encubrir la intervención norteamericana en asuntos mexicanos, en territorio mexicano, bajo mascaradas encubiertas, que favorecen el intervencionismo global de la nación de las barras y las estrellas.

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LIC. ROBERTO PIÑÓN OLIVAS