La Reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

ARTICULISTA INVITADO

Héctor Yunes Landa

Este mes ha sido de un trabajo legislativo muy trascendente, así como de reflexión y deliberación en el Congreso de la Unión. En el primer mes de legislatura hemos cumplido en tiempo y forma, otorgando la atención debida a las iniciativas de reforma que envió el Ejecutivo Federal, la propuesta de Reforma a la Ley laboral a la Cámara de Diputados y la propuesta de Reforma a la ley General de Contabilidad Gubernamental a la Cámara de Senadores. En este espacio me referiré a la segunda de estas reformas y la próxima entrega abordaré lo relativo a la Reforma Laboral.

El presidente Felipe Calderón ejerció la facultad que otorga la reforma política promulgada el pasado 9 de agosto del presente año, la cual le permite al Ejecutivo en turno, de acuerdo con el artículo 71 constitucional fracción IV, presentar hasta dos iniciativas de ley con carácter de urgentes al inicio de cada periodo de sesiones. La cámara de origen debe discutir la iniciativa y dictaminarla en los 30 días posteriores a su recepción. Estas iniciativas preferentes fueron pensadas para dar mayor agilidad a temas de relevancia y urgente necesidad en el país.

La iniciativa de Reforma a la Ley de General de Contabilidad Gubernamental se recibió en el Senado el pasado 1° de septiembre, para lo cual de inmediato se formó la Comisión Técnica correspondiente para su estudio, discusión y dictamen. El día 26 de septiembre fue aprobada con algunas modificaciones ésta reforma con 104 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones. Una reforma de este calado sufre modificaciones por mínimas que sean en la deliberación legislativa y esta no fue la excepción. Algunos de los cambios más relevantes que se consideraron necesarios fueron entre otros:

El establecimiento de 2 a 7 años de prisión y multa de 1 500 días de salario mínimo a quién cause daño a la hacienda o patrimonio público.

Sanciones a personas que alteren de manera dolosa documentos o registros que alteren la contabilidad, o que falseen u oculten datos que desvirtúen la veracidad de la información financiera.

La publicidad en los padrones de beneficiarios de los programas sociales.

La publicidad de la deuda pública y todos los compromisos financieros, pasivos y otros instrumentos que impliquen el patrimonio público.

Las consideraciones que llevaron a aprobar esta reforma tienen que ver con continuar los avances que tenemos en temas de transparencia, tiene que ver con la búsqueda de la armonización de la rendición de cuentas para su mejor manejo por los órganos de fiscalización, pero sobre todo otorga a la ciudadanía la posibilidad de conocer de manera fidedigna el estado que guardan las administraciones públicas del país; asimismo, intensifica el combate a la corrupción y  a cualquier tipo de desvío o malversación de fondos del dinero público.

Son alrededor de 8 mil entes públicos los que se verán obligados a cumplir con este ordenamiento, transparentando, sistematizando y estandarizando los métodos para la rendición de cuentas; estos entes se encuentran en los tres niveles de poder y en los tres poderes. Estas acciones tratan de dejar atrás el desorden y la falta de veracidad que existe en nuestro país al informar sobre ¿Cómo se gasta? ¿En qué se gasta? ¿Cuál es el objeto del gasto? ¿Cuánto se gasta? Y ¿Quiénes se benefician de ese gasto?

Las necesidades en México en temas de Transparencia y Combate a la Corrupción tienen avances como esta reforma pero se mantienen como puntos en la agenda legislativa que debemos seguir estudiando para su perfeccionamiento progresivo. Nuestro país sigue estando mal calificado en el ranking de Transparencia Internacional sobre la percepción de la corrupción; nos encontramos en el lugar 100, con rangos de 3.7 el máximo y 2.3 el mínimo en una escala de 0 a 10; estamos situados por debajo de países de Latinoamérica que ocupan las siguientes posiciones: Chile 22, Uruguay 25, Puerto Rico 39 y Costa Rica 50.

Los números no mienten, si bien hemos progresado como nación en las acciones para transparentar el gasto y hemos logrado avances  en el combate a la corrupción, es una gran prioridad perfeccionar nuestro sistema de Rendición de Cuentas y sus herramientas, tenemos que propiciar qué los ciudadanos tengan la percepción de que su dinero se maneja de forma adecuada y qué en cualquier momento ellos mismos puedan denunciar cualquier anomalía. Asimismo, debemos insistir en todas las formas posibles en estos temas para buscar ser un ejemplo a nivel mundial, es un compromiso personal desde el Senado impulsar y votar a favor de toda aquella iniciativa o propuesta que incentive la Transparencia, la mejor Rendición de Cuentas y el Combate a la Corrupción.

Este es un compromiso que asumí durante mi campaña para ser Senador y voy a cumplir mi responsabilidad con los veracruzanos, particularmente ahora que he recibido de parte de mis compañeros senadores una honrosa encomienda como Presidente de la Comisión de Protección Civil del Senado de la República. Desde esta alta responsabilidad, estaré en condiciones de apoyar a Veracruz, especialmente en las prioritarias acciones para prevenir los desastres naturales y antropogénicos, así como para coadyuvar en las acciones de apoyo y solidaridad que sean necesarias para respaldar a nuestros paisanos frente al embate de la Naturaleza.

Presidir esta comisión es una alta distinción para nuestra entidad, en primera por la recurrente afectación que sufrimos por ambos tipos de fenómenos, pero sobre todo, porque en la CONAGO, nuestro Gobernador Javier Duarte, preside las tareas de Protección Civil. Estoy seguro que podremos sumar nuestro trabajo a la intensa labor que viene realizando nuestro Gobernador para bien de todos los veracruzanos.