autoridades de Morelos dan fin a “luna de miel” con Graco, por aumento de inseguridad

Por: Fernando Hernández Urías - diciembre 30 de 2012 - 11:30 De revista, Foto del día, Morelos, Paseo Virreyes, TIEMPO REAL, Último minuto - 6 comentarios   Ciudad de México, 30 de dic. (SinEmbargo).– La luna de miel duró muy poco. 
Graco Ramírez Garrido Abreu cumplirá apenas tres meses al frente de la gubernatura de Morelos el próximo martes 1 de enero, pero ya son muchos los cuestionamientos públicos que se han hecho acerca de la capacidad que el perredista posee para enfrentar al crimen organizado. 
Y es que desde la llegada de Ramírez al poder, el 1 de octubre, los secuestros han ido a la alza y a mediados de diciembre, el asesinato de “El Bocinas” en un hospital en el Distrito Federal concentró los reflectores en la administración del perredista. 
El domingo 16 de diciembre, un par de sicarios disfrazados de médicos entraron al área de terapia intensiva del Hospital Médica Sur. Iban buscando a Crisóforo Rogelio Maldonado Jiménez, alias “El Bocinas”, presunto líder de la banda delincuencial de Los Rojos, quien llevaba dos días hospitalizado tras recibir dos balazos durante un enfrentamiento en el estado de Morelos.
 El caso reveló la incompetencia de las autoridades capitalinas y morelenses, y de inmediato se inició una guerra de declaraciones entre el gobernador Ramírez Garrido Abreu y Leovigildo Martínez Hidalgo, Juez Segundo de Distrito en Morelos. Martínez Hidalgo fue el primero en golpear.
 El juez dijo que “El Bocinas” nunca recibió un amparo para permitir su traslado de un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Cuernavaca al Distrito Federal, cosa que días antes el gobernador perredista había asegurado ante los medios.
 Sin embargo, el mandatario morelense insistió en que el permiso había sido otorgado por Leovigildo Martínez. “Si el Juez no hubiera otorgado el amparo a Crisóforo Maldonado no estaría ejecutado en el Distrito Federal, estaría recluido en Morelos”, dijo Graco Ramírez. 
El  18 de diciembre, el gobernador de Morelos confirmó el inicio de investigaciones contra el juez federal, el director del IMSS de Cuernavaca, y contra jefes policiales de la Secretaría de Seguridad Pública de la capital del estado. Además, el mandatario declaró: “Se acabó el gobernador zacatón y cómplice.
 Aquí hay gobernador que quiere que vivamos en paz y seguros”. Pero el problema comenzó antes. Durante los primeros días de diciembre, para acallar las críticas, la administración del perredista presentó un mapa delictivo según el cual las bandas con mayor actividad en el estado son la Familia Michoacana, Cárteles Unidos, Guerreros Unidos y Nueva Empresa.
 Además, según el mismo mapa, dichos grupos concentran su actividad en siete municipios: Cuernavaca, Temixco, Emiliano Zapata, Xochitepec,
 Tlaltizapán, Jiutepec y Jojutla. Asimismo, el gobierno de Ramírez informó que durante octubre se registraron 41 asesinatos relacionados con el crimen organizado. Mientras que entre enero y septiembre se registraron 169 secuestros y el robo de automóviles llegó a 3 mil 399. 
La trata de mujeres es otro de los problemas que enfrenta la entidad. El 11 de diciembre, el gobernador reconoció que en Morelos hay bandas dedicadas a ese delito: “Sí hay un corredor que todos conocemos, aquí en Morelos pueden matar a una persona en un bar y el bar sigue abierto y todos sabemos dónde está, ésta es la impunidad que ha habido en el Estado y eso se va a acabar.
 Van a empezar a ver ustedes acciones en ese sentido…”. Y aún más grave, 
Graco Ramírez aceptó que Morelos está entre los tres primeros lugares a nivel mundial en cuanto a trata de infantes y pornografía infantil. Y a pesar de toda esta información, los gobiernos anteriores y la administración que encabeza el perredista no han hecho nada.
 Es por eso que los ataques más fuertes han provenido de organizaciones civiles, quienes sólo exigen que las autoridades cumplan con su trabajo. 
Apenas un día después de que el gobernador reconociera la actividad de bandas dedicadas a la trata de personas en Morelos, el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos elaboró un diagnóstico que se presentará durante el mes de enero de 2013.
 Según el informe, la desaparición de más de 40 mujeres durante el 2012 ha puesto al descubierto la operación de al menos tres bandas de trata de personas en el estado.
 Para el Visitador Itinerante de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Osmany Licona Quiterio, son dos los principales problemas que permiten la comisión de este delito en la entidad: la falta de información y la inexistencia de leyes para combatirlo.
 El reciente aumento en el secuestro es uno de los temas que más preocupa a las asociaciones civiles y a los empresarios.
 Según estadísticas del Observatorio Ciudadano para la Seguridad, la Justicia y la Prevención del Delito del estado de Morelos, durante el primer trimestre del año se registraron 44 secuestros; sin embargo, la asociación reconoce que la cifra podría ser mucho mayor ya que las familias de las víctimas prefiere no denunciar por miedo.
 El 24 de noviembre, en su columna “Templo Mayor”, el diario Reforma publicó que una decena de personas presuntamente estaban en cautiverio justo en ese momento.
 El problema es serio. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la tasa de secuestro de Morelos es de 2.08 por cada 100 mil habitantes, lo cual lo coloca en el tercer lugar a nivel nacional –la media en el país es de 0.71–. Según los datos del estudio,
Tamaulipas encabeza la lista con 2.54 y Durango con 2.20. Es por eso que Isabel Miranda de Wallace ya anunció que la asociación “Alto al Secuestro” asesorará nuevamente a la Procuraduría General de Justicia de Morelos.  Además, la ex candidata del PAN al GDF urgió la necesidad de que sea designado un nuevo titular al frente de la dependencia. 
Los nombramientos del perredista tampoco han sido muy afortunados. El 4 de diciembre, el gobernador presentó al Congreso de Morelos la terna de candidatos para ocupar el cargo: Nora Rebeca Romero, Ricardo Rosas Pérez y Elizabeth Lázaro Torres. 
Sin embargo, la lista fue rechazada por los legisladores morelenses debido a que ninguna de las personas propuestas cumple con los requisitos que exige el cargo. Rosas Pérez, el más experimentado de la terna, tiene un pasado oscuro que provoca gran rechazo entre los abogados morelenses y varios legisladores.
Entre las acusaciones en su contra está el tráfico de influencias, voracidad en el uso de los recursos públicos del Poder Judicial, dos reelecciones ilegales al frente del TSJ, así como el impulso de amigos y familiares en cargos diversos en los diversos juzgados.
 Por lo tanto, el procurador de Morelos sigue siendo Mario Enrique Vázquez Rojas, quien llegó al puesto a finales del mes de mayo, todavía durante la administración del panista Marco Adame Castillo.
 Y mientras el gobernador de Morelos presenta una nueva terna al Congreso, ya se han realizado algunos cambios al interior de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos. En la subprocuraduría General, Vázquez Rojas designó a Nora Rebeca Romero Velázquez en lugar de Gabriela Talpa Castro, y al frente de la Subprocuraduría de la Región Oriente a Liliana Guevara Monroy, en sustitución de Manuel Serrano Salmerón. 
Otros funcionarios que llegan a la dependencia son: Sergio Sánchez García, como director general de Investigaciones y Procesos Penales de la zona Metropolitana; Héctor Alvarado Jiménez, a la Dirección General de Averiguaciones Previas de la zona Oriente; y Adriana Pérez Martínez, quien encabezará la Dirección de Investigaciones y Procesos Penales de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales.
 En la Secretaría de Seguridad Pública, el perredista designó a Alicia Vázquez Luna y antes se desempeñó como subprocuradora de Justicia en Morelos y como asesora del Congreso estatal.
 El nombramiento fue cuestionado por Eduardo Gallo, ex presidente de México Unido contra la Delincuencia, quien en una entrevista con Reforma recordó que Vázquez defendió y consiguió la reducción de la condena de un hombre acusado de homicidio calificado en Yautepec y que estaba ligado con la banda que secuestró y asesinó a la hija del empresario.
 “Con Graco se abrió en su momento la esperanza de que esto fuera a cambiar; pero no, nada más hay la esperanza, no es nada más que haya buenos deseos de cambiar, sino que se empiecen a dar los pasos que lleven al cambio”, agregó Gallo. 
Ramírez, quien durante estos primeros días de gobierno ha aparecido en varios eventos públicos, tiene suficiente tiempo para demostrar que es capaz de hacer una diferencia.
 Con cinco años y nueve meses de mandato por delante, el primer gobernador perredista de Morelos tendrá que probar a los morelenses que ganó en las urnas no sólo gracias a una lista de promesas, sino porque era la mejor opción.

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