Durante el gobierno de Andrés Granier, el saqueo a las finanzas públicas de Tabasco repercutió principalmente en el sector económico, área en la que los manejos irregulares de los programas para créditos a pequeños empresarios y generación de empleos dejaron una cartera vencida de 32 millones de pesos
VILLAHERMOSA
El saqueo a las finanzas públicas de Tabasco en la administración de Andrés Granier Melo repercutió principalmente en el sector
económico —industria y agroindustria—, donde manejos irregulares de los
programas para créditos y generación de empleo dejaron una cartera vencida de
32 millones de pesos.
Esto afectó
proyectos productivos, provocó que empresarios locales y foráneos detuvieran
sus inversiones o salieran del estado ante el riego de perder su patrimonio.
Tabasco es
una de las entidades con mayor ingreso petrolero a nivel nacional, pero también
ocupa el lugar 11 a
nivel nacional en tasa de desocupación 5.8%, por encima del porcentaje nacional
de 5.2%.
En este
contexto, la Secretaría
de Desarrollo Económico y Turismo (SEDT) detectó que 32 millones de pesos de
cartera vencida de cinco fideicomisos destinados a la generación de empleos y apoyos
a los pequeños empresarios nunca llegaron a los beneficiarios, pero sí a
“decenas” de “empresas fantasma” que fueron otorgados por la pasada
administración sin el mínimo control de los recursos.
En lo que
fue la Secretaría
de Desarrollo Económico (Sedeco), bajo la administración de Andrés Granier, se
otorgaron créditos irregulares por medio de varias consultorías —Conserva,
Microsol, Asefi y Produce—, que presuntamente gestionaron los créditos sin
garantías, con documentación apócrifa o muchas veces los recursos se entregaron
a empresas fachada.
Deuda pública, similar a
inundación
David
Gustavo Rodríguez, titular SEDT, explicó que estiman que el desfalco financiero
tendría un costo similar al de la inundación de 2007, cuando la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL) calculó las pérdidas en un tercio del
PIB de Tabasco.
“Estamos en
una economía donde los créditos no llegan a tiempo y cuando lo hay es muy caro.
A la grave situación que enfrentamos, las tasas de desocupación alta de desempleo
de 5.8% son resultado de eso que no hizo el gobierno.
“No hay
economía que funcione bien si no hay confianza. Aquí no sólo hablamos de los
recursos del gobierno sino de un particular, nadie va a poner sus recursos
donde se roban todo, muchos inversionistas se fueron”, explicó el funcionario.
Comentó que
todos los sectores resultaron afectados, pero principalmente la industria y la
manufactura quedaron quebrados o algunas empresas se fueron.
Gustavo
Rodríguez aseguró que por esas irregularidades se presentaron denuncias penales
ante la Procuraduría
de Justicia de Tabasco, entre ellas, destacó una sobre el caso de un ex
funcionario —cuyo nombre reservó por la investigación— que manejó una de las
cuentas de cheques como patrimonio personal.
“Tenemos
reportes de una fuga de capital de más de un millón de pesos y seguimos
investigando. Esta persona manejaban la cuenta, lo cual no podía ser así, ya
que el coordinador administrativo del fideicomiso es quien tiene la
representación legal y debe manejarla, sin embargo, lo hacía y simplemente
transfirió (los recursos) a su cuenta personal y le daba el uso como si fuera
su dinero”.
El titular
de la SEDT
abundó que además tienen documentos en los que se tiene comprobado que la
anterior administración no depositó aportaciones al Fideicomiso por 117
millones de pesos; así como al Fideicomiso de la Oficina de Convenciones y
Visitantes (Turismo), que se fondea del impuesto sobre el hospedaje, tampoco
recibió aportaciones por 4.5 millones de pesos. “No transfirieron los recursos
y no reportaron dónde está ese dinero”.
El
responsable de las finanzas estatales durante los seis años de la
administración priísta fue José Sáinz Pineda, quien autorizaba todos los gastos
gubernamentales.
Otros beneficiarios
En el
gobierno de Granier, otro de los beneficiados fue su familia y los amigos de El
Químico, quienes desde el inicio de su administración gozaron de camionetas
blindadas para uso personal, con costo al erario, que fueron arrendadas con la
empresa Autos Monterrey SA de CV, propiedad del empresario Antonio Espinosa de
los Monteros.
De acuerdo
al último contrato con clave de registro CAK6AL 1-08/12, el gobierno estatal
pagó al año en promedio 16.2 millones de pesos por el alquiler de 18 camionetas
con blindaje, en un contrato anual otorgado en adjudicación directa con opción
a compra de los vehículos al término del mismo.
Aunque los
autos fueron arrendados para Ganier, su familia y parte de su gabinete, el
acuerdo se suscribió con la
Secretaría de Finanzas por medio del subsecretario de
Administración, Carlos Alberto Vega Celorio, con la arrendadora.
A la par, el
hijo del ex gobernador Fabián Granier Calles “despachó” por cuatro años en tres
casas, una de ellas en el interior de la Quinta Grijalva
—residencia oficial del mandatario en turno.
Según
testimonios de los funcionarios consultados, sin estar contratado por el
gobierno del estado, Fabián Granier se dedicó a atender las peticiones de los
ciudadanos para gestionar becas escolares, despensas, bicicletas y “hasta
dinero en efectivo”.
Según un
informe preliminar del Equipo de Transición, la Secretaría de
Desarrollo estatal de la pasada administración reportó que 1.5 millones de
personas estaban inscritas al seguro popular. Tabasco que tiene una población
de más de 2.3 millones de personas, es decir, casi 75% se le entregaba un
“apoyo”.
“El dinero
del seguro popular lo desviaron, la Auditoría Superior
de la Federación
les metió observaciones y repusieron el dinero quitándoselo a hospitales.
Cuando esto ocurre la normatividad federal te manda a la Contraloría estatal
para que sancione, lo que no se hizo”, dijo Rosalinda López, encargada de la
transición del gobernador Arturo Núñez.
Pagos exorbitantes
Durante la
transición, la también diputada local del PRD dijo que se detectaron
arrendamientos irregulares a inmuebles destinados a la renta de oficinas en
condiciones deplorables y a “precios inflados”.
Su equipo
encontró al menos 123 contratos de arrendamientos, que la subsecretaría de
Finanzas rentaba a dependencias estatales como la secretarías de Gobierno, de
Comunicaciones y Transportes, de Educación, Procuraduría de Justicia, en
algunos casos a precios de oro, e incluso dos departamentos con valor de 3
millones de pesos en el Parque Hundido, de la Ciudad de México, “que no pueden valer eso”.
Destacan el
caso del inmueble rentado a la SCT
local, por lo cual el gobierno pagaba 3.9 millones de pesos al año. Se trata de
un edificio con estacionamiento que abarca 2 mil 672 metros cuadrados
en el Periférico José Pagés Llergo, cuyas instalaciones carecen de
mantenimiento, sin mobiliario y con vidrios rotos.
Otro caso es
el las antiguas Oficinas de Atención Ciudadana de la Gubernatura. Se
trata de un edificio de aproximadamente 700 metros cuadrados ,
en la colonia del Águila de esta ciudad, por la que se erogaba una renta de 1.6
millones de pesos al año.
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