Por: Redacción / Sinembargo - mayo 11 de 2013 - 8:25 Destacadas, México, TIEMPO REAL, Último minuto - 1 comentario Ciudad de México, 11 de mayo (SinEmbargo/ZonaFranca).- León, Gto. La Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas interpuso una denuncia penal e inició cuatro procesos de responsabilidad contra cuatro funcionarios del gobierno estatal; dos pertenecen al ISAPEG y los otros dos a la Secretaría de Finanzas.
Esto tras la denuncia anónima por el supuesto fraude en la compra de 482 megáfonos comprados en tres veces más de su precio ofertado en el mercado.
En conferencia de prensa, la titular de la dependencia estatal, Isabel Tinoco Torres, informó que en días pasados llegó una denuncia anónima por el precio y compra de 482 megáfonos; “a partir del 6 de mayo el área jurídica de dicha dependencia inició una proceso de responsabilidad e investigación del caso”, afirmó.
Tinoco Torres refirió que producto de las investigaciones de su dependencia se inició el procedimiento en contra de 4 funcionarios del Gobierno Estatal; dos de Isapeg y dos de Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. También, reveló que desde hoy la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público contra quien resulte responsable de los resultados de las investigaciones por la compra de los megáfonos, aunque manifestó que por la naturaleza del procedimiento no se pueden revelar nombres de los implicados ni sus cargos.
Agregó que de manera permanente se realizan auditorias de prevención para ver sí existen anomalías en alguna dependencia; además invitó a la ciudadanía a presentar sus quejas y denuncias ante la secretaría, ya que todas serán atendidas.
La funcionaria estatal precisó que son dos vías diferentes para el proceso de responsabilidades una administrativa y la otra penal, la última es contra quien resulte responsable.
Carlos Andrés Nieto Hernández, apoderado legal de la empresa Omniprov de México S.A. de C.V., indicó que diferentes gastos logísticos obligaron a elevar el costo de los 482 megáfonos solicitados en una licitación realizada a invitación por el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato (ISAPEG) en diciembre del 2012. Además aseguraron que en un proceso donde la dependencia solicita de manera emergente el servicio, invitando a sólo tres empresas para ofrecer cotizaciones, obligan a presentar una propuesta que podría evitar que el recurso destinado en ese ejercicio fiscal no se pierda, estando ya al filo de la finalización del año fiscal.
“Nosotros tenemos que entrarle, tenemos que buscar la manera de como sí, hacer que la licitación no se declare desierta.
¿Qué pasa si invitan a tres participantes? Y yo no cotizo, se declara desierta, ellos pierden el recurso y tendrían que tomar recurso 2013 para poder llevar a cabo estas operaciones, ¿qué sucede? Que le pone en la torre al recurso 2013 que lo tienes para ejecutar otras cosas”.
Nieto Hernández sostuvo que ante la solicitud apresurada y el desconocimiento del destino que tendría dicho equipo de audio, su empresa se vio orillada a proteger su solvencia, agregando cargos al precio unitario del producto para protegerse, en caso de que el contrato lo obligue a erogar recursos posteriores.
Fueron 482 equipos de voceo individuales marca Steren, modelo MG600 los proveídos al ISAPEG.
En la página Web de esta empresa fabricante, cada uno de estos equipos tiene un costo de mil 490 pesos, no obstante, de acuerdo a la hoja original de pedido cada uno de estos equipos fue vendido en un precio de 3 mil 400 pesos. Es decir, mil 910 pesos más caros que con el fabricante.
“Abrimos la página de internet, hay dos precios, en 1 mil pesos y en 1 mil 500 pesos, entonces en ese momentos dice, ‘precio al mayoreo, precios al menudeo” (…) cómo no tenemos contacto directamente con el fabricante (…) pues se toma una decisión y de entrada se toma el precio más caro” explicó Andrés Nieto que además especificó que a ese precio todavía se le suma el IVA.
A partir de ahí, el monto unitario es gravado con el valor que tendrían los gastos logísticos y de garantía que son inherentes, aseguró, a la hora de brindar el servicio que habría de extenderse al reparto y entrega de los megáfonos.
“Englobado todo, incluye: obviamente el precio del megáfono, incluye pago del personal, gastos indirectos, incluye la renta de la bodega por que los cuatrocientos megáfonos no me caben aquí (en su oficina) (…) incluye el traslado, a donde me digan dentro del estado, incluye la garantía que es extendida, que si se descompone le compro uno nuevo”.
A lo anterior, puntualizó, se incluye el tiempo que la empresa permanece sin su pago, ya que la forma de trabajo como proveedor del gobierno, le obliga a trabajar bajo un esquema de créditos bancarios para solventar la compra de los equipos que posteriormente se venderán a la dependencia en cuestión.
“Gobierno se tarda hasta cuatro meses sin pagar, o sea, nosotros tenemos ese problema, que el contrato dice 45 días, y de hecho nos acaban de pagar la semana pasada y el contrato es del 31 de diciembre (…) entonces el crédito nos cuesta, (…) somos una empresa de cinco años, estamos creciendo, pero la medida de nuestro crecimiento es con créditos bancarios”.
De acuerdo con Andrés Nieto, al contrario, cuesta mucho dinero mantener los contratos bajo créditos, “sin poder decir que no”, ya que se tiene que cumplir el encargo y “no tenemos un millón de pesos para sacarlo”.
El representante de Omniprov de México, sostuvo que no hay ninguna incomodidad con el proceso legal que la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas inició en torno a este tema y el supuesto sobre precio, que reiteró, está justificado.
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