Los diputados aprobaron en lo general la reforma educativa que, entre otros aspectos, obliga a los maestros a someterse a una evaluación para ingresar y permanecer en el sistema educativo; en la iniciativa se incluye que se respetarán los derechos de los trabajadores de la educación
La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma
constitucional al artículo tercero constitucional para crear un servicio
profesional docente que, entre otras cosas, obligará a todos los maestros a
evaluarse y presentar exámenes para obtener cargos con funciones directivas y
de supervisión en los ámbitos de educación básica y
media superior.
Pese a la oposición del partido Nueva Alianza —ligado
alSindicato Nacional de Trabajadores de la Educación —
el pleno de San Lázaro también avaló que la permanencia de todos los maestros
en ese servicio profesional se sujete a que cumplan con los criterios de
evaluación que fije la ley reglamentaria de esta reforma. Dicha
ley será expedida en los próximos seis meses.
Sin embargo, aceptó agregar en la redacción del artículo tercero una leyenda que precisará que se
respetarán los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación.
“La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y
condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el
reconocimiento y la permanencia en elservicio profesional,
con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la
educación”, puntualizará el artículo tercero párrafo tres aprobado ayer.
El diputado panista Fernando Rodríguez Doval aclaró que el cambio
no significa exentar de evaluación a los maestros incorporados al sistema educativo antes de la promulgación de esta
reforma. “Se establece con toda claridad que la evaluación va a ser obligatoria
para poder permanecer en el sistema educativo”, explicó.
El artículo también mantuvo la
redacción que precisa que “serán nulos los ingresos y promociones que no sean
otorgados conforme a la ley”.
El dictamen de reformas a los artículos tercero y 73
constitucional —avalado por los diputados con 424 votos a favor, 39 en contra y
10 abstenciones— plantea a su vez autonomía al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la creación de escuelas de
tiempo completo.
Para que la reforma se decrete,
la debe avalar en el Senado y 16 Congresos locales.
Al cierre de la edición, los diputados avalaron obligar al
Ejecutivo enviar ternas al Senado para
cada espacio en la Junta
de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación. En la
sesión continuaban discutiendo las reservas.
Ayer, el diputado del PT Manuel
Huerta encaró al presidente de la Mesa Directiva , Francisco Arroyo, por no
otorgarle la palabra. Eso provocó que priístas subieran a defender a Arroyo. El
incidente no pasó a mayores.
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