Desde
octubre de 2012 un reporte de la Procuraduría General
de la República (PGR), elaborado luego de un amplio estudio
y auditorías, advertía que sólo ocho de 89 aeronaves de la flota de esa
dependencia federal tenían condiciones de aeronavegabilidad, y que si no se
realizaba una restructuración en los esquemas de mantenimiento era “inevitable“
que sucediera “un accidente o incidente” de los aviones y helicópteros de la
institución.
Ayer, sucedió en el accidente que costó
la vida a seis personas cuando un avión bimotor que ya había presentado fallas
mecánicas se desplomó en el estado de Zacatecas.
El reporte,
elaborado por la firma Joseph Del Balzo
Associates, y que tuvo
un costo de 1.5 millones de dólares, puso al descubierto que el mal manejo de
la flota aérea de la PGR
provocó que casi la totalidad de las aeronaves no estuviera en condiciones de
operar, situación que obligó a una restructuración de la Dirección General
de Servicios Aéreos, luego de
que se encontró que algunos empleados de esa área traficaban con piezas y
refacciones robadas de los almacenes, o que existieron otro tipo de
irregularidades que devinieron en el deterioro del parque aéreo de la Procuraduría.
Ante el deterioro de la flota aérea
propia, la anterior administración de la
PGR tuvo que firmar un contrato con una empresa privada para
la renta de nueve aviones y un helicóptero por un monto de 7.5 millones de dólares.
El reporte dio cuenta de que una de las
ocho aeronaves que estaban en condiciones de aeronavegabilidad era un King Air
que había sido reparado tras un siniestro, aunque se desconoce si es el mismo
que se estrelló en Zacatecas.
Las causas
del siniestro en el que murieron los seis servidores públicos serán
investigadas por la Dirección General de
Aeronáutica Civil (DGAC) de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, con apoyo de la empresa fabricante de la aeronave
estadounidense y a la National
Transportation Safety Board (NTSB) de Estados Unidos.
El avión accidentado, con 28 años en
operación, fue identificado por la
PGR como King Air 300, matrícula XCLMV. La dependencia fue
hermética respecto a la información de cuántas veces viajó en ella el
procurador, quien fue transportado el 23 de marzo pasado en ella.
Sobre el
siniestro, Murillo Karam emitió un mensaje en el que detalló que
ayer a las 12:00 horas aproximadamente “ocurrió el trágico percance aéreo”, en
el que perdieron la vida el agente del Ministerio Público de la Federación , Antonio Andrés Álvarez Mota,
adscrito a la
Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud , de la SEIDO y los agentes de la Policía Federal
Ministerial, Ricardo Martín Flores
Benítez yFrancisco Leonardo Niño Acevedo.
También
fallecieron el piloto de la aeronave, capitán Guillermo Flores
Millán; el copiloto Juan Manuel García Bernal y el mecánico en aeronáutica Miguel Ángel Guerrero Coliev.
Explicó que
los servidores públicos se trasladaron a Zacatecas para cumplimentar la orden
de aprehensión en contra de Juan Luis Gallegos Muro, Fernando Rodríguez Zaldívar y Anacleto Flores Robles,
presuntamente miembros del cártel de Los Zetas, dentro de la averiguación
previa PGR- SEIDO-UEIDCS/2013.
Una vez cumplida la orden, los
presuntos delincuentes fueron internados en el Centro de Reinserción Social en
Cieneguillas.
Sin embargo, los agentes ministeriales
no regresaron el lunes a la ciudad de México, “ya que el avión en el que se
trasladaron reportó fallas mecánicas a las 22:55 y tuvo que regresar
inmediatamente al aeropuerto de Zacatecas”.
Murillo Karam informó que ayer, al
regresar a la ciudad de México, a las 12:00 horas, el avión propiedad de la PGR se desplomó a los 10
minutos de haber despegado.
El percance tuvo lugar en una comunidad
conocida como Noria de Gringos, que se localiza en el municipio de Morelos, a
pocos kilómetros de distancia del aeropuerto Internacional General Leobardo C.
Ruiz, que se localiza en el municipio de Calera de la capital Zacatecana.
“Hasta este momento se desconocen las
causas del percance y esperaremos el resultado de la investigación que se está llevando
a cabo por los servicios de la
DGAC , con apoyo de los servicios periciales de la propia
PGR”, explicó el procurador.
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