* Convocan a los gobiernos del DF y delegacional a desarrollar en conjunto un programa de reordenamiento de la vía pública a través de corredores comerciales que les den certeza jurídica
México, D, F., a 31 de octubre de 2013
Con el fin de defenderse frente a lo que consideran arbitrariedades d Maricela Contreras Julián, los Comerciantes Unidos La Esperanza enderezarán denuncias de carácter penal en contra de la Jefa Delegacional, el Director General de Jurídico y Gobierno y los puestos de la estructura administrativa involucrados en la cancelación de sus permisos, anunció esta mañana la Asociación.
A la vez, la representante de los comerciantes en vía pública de Tlalpan, María de los Ángeles García Grimaldo dijo que le toman la palabra al Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, por lo que convocó a los gobiernos del Distrito Federal y de la Delegación Tlalpan a desarrollar en conjunto un programa de reordenamiento del comercio en la vía pública en la demarcación, que como principales componentes tenga la certeza jurídica para los comerciantes y su ingreso a la formalidad, en tanto que la ciudad ganaría en higiene, imagen, orden e impuestos.
“Ojalá, Maricela Contreras la acepte. Si no lo hace, entonces comprobaremos una vez más que lo único que desea es quitar a nuestra asociación para ponerse ella y convertirse en líder de comerciantes a través de sus funcionarios; si es así, quedará de manifiesto que lo que menos le interesa es el reordenamiento del comercio en vía pública”, expresó la dirigente.
García Grimaldo denunció el pasado domingo que Contreras Julián le exigía un pago de 5 millones de pesos y una cuota mensual de un millón para dejarlos trabajar sin necesidad de obtener y pagar sus permisos, por lo que al negarse, la Jefa Delegacional enderezó una serie de operativos para quitarlos y poner en esos lugares a comerciantes liderados por funcionarios de la delegación o familiares de estos.
García Grimaldo propone acordar “la certeza jurídica de que no estaremos sujetos a la discrecionalidad de los funcionarios públicos, sino que, así como tenemos obligaciones como es el pago constante de los permisos, también haya derechos adquiridos”, crear corredores comerciales que los obligue a dar un mejor servicio a los ciudadanos, tener una fuente de empleo digno a los comerciantes y a los gobiernos una ciudad equilibrada y que se ajuste a la modernidad.
Asimismo, la incorporación de los comerciantes en vía pública a la seguridad social y otros esquemas de los que carecen como trabajadores informales; establecer también las condiciones para que puedan obtener un fondo de retiro y generar un fideicomiso para poder adquirir una vivienda.
Como contraprestación a la ciudad, se obligarían a mantener limpios los lugares de comercio para dar un aspecto diferente al que, precisamente la falta de certeza jurídica, les impide mejorar; a que el manejo de los alimentos —es lo que más venden— se dé con mayor higiene; a instalar medidores de energía eléctrica para pagar su consumo (los integrantes de Comerciantes Unidos La Esperanza ya lo hacen); a pagar una cuota fija a la ciudad y, sobre todo, a tener un padrón controlado de comerciantes que eviten precisamente que haya puestos en todos lados.
Respecto a las probables denuncias penales, el abogado Mario Valdés expresó que “a pesar de ser temporales, cuando se retira un permiso que está pagado, sin fundamentar y motivar, es un acto violatorio de las garantías individuales; es por donde jurídicamente vamos a defender el asunto para salvaguardar los derechos de los comerciantes en vía pública”.
El litigante destacó que están tratando de que esto no llegue a los tribunales; “la postura conciliadora de parte de la Asociación está permanentemente en la mesa; constantemente se le está buscando la cara a la autoridad delegacional para que no llevemos esto a un extremo de falta de voluntad, que es de lo que están llenos de juicios lo tribunales, pero si llegamos al extremo, lo vamos a hacer porque finalmente son derechos que se están violando”.
Agregó: “Es una convocatoria para que la Jefa Delegacional tenga conciencia política, humana y social y no esté violando los derechos de los comerciantes”. Además, el abogado criticó la actitud del Director General de Jurídico y Gobierno de Tlalpan porque debería ser el primero en “ponderar que los actos de autoridad que no están fundados ni motivados son totalmente violatorios de las garantías individuales. Si ellos siguen cometiendo este tipo de actos, habrá una respuesta legal y les estoy asegurando que tendremos mucha buena disposición de los tribunales porque es increíble que en pleno 2013 ocurran estas acciones”.
García Grimaldo reiteró en conferencia de prensa: “Sí queremos transformarnos. Somos gente de trabajo y deseamos hacer bien las cosas porque tampoco queremos ser carne de cañón ni mucho menos piezas canjeables en el ajedrez de los funcionarios. Somos personas como todos y merecemos que se respeten nuestros derechos humanos”.
Agregó García Grimaldo: “Lo que buscamos es que poco a poco el trabajo en vía pública se pueda semiprofesionalizar y profesionalizar como ya ocurrió en otros dos corredores comerciales donde participé y dejen de existir los conflictos de siempre. Lo que proponemos es una ordenación que nos permita evitar este forcejeo infame en el que nos encontramos hoy y que en pequeño se da todos los días”.
A la vez, la representante de los comerciantes en vía pública de Tlalpan, María de los Ángeles García Grimaldo dijo que le toman la palabra al Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, por lo que convocó a los gobiernos del Distrito Federal y de la Delegación Tlalpan a desarrollar en conjunto un programa de reordenamiento del comercio en la vía pública en la demarcación, que como principales componentes tenga la certeza jurídica para los comerciantes y su ingreso a la formalidad, en tanto que la ciudad ganaría en higiene, imagen, orden e impuestos.
“Ojalá, Maricela Contreras la acepte. Si no lo hace, entonces comprobaremos una vez más que lo único que desea es quitar a nuestra asociación para ponerse ella y convertirse en líder de comerciantes a través de sus funcionarios; si es así, quedará de manifiesto que lo que menos le interesa es el reordenamiento del comercio en vía pública”, expresó la dirigente.
García Grimaldo denunció el pasado domingo que Contreras Julián le exigía un pago de 5 millones de pesos y una cuota mensual de un millón para dejarlos trabajar sin necesidad de obtener y pagar sus permisos, por lo que al negarse, la Jefa Delegacional enderezó una serie de operativos para quitarlos y poner en esos lugares a comerciantes liderados por funcionarios de la delegación o familiares de estos.
García Grimaldo propone acordar “la certeza jurídica de que no estaremos sujetos a la discrecionalidad de los funcionarios públicos, sino que, así como tenemos obligaciones como es el pago constante de los permisos, también haya derechos adquiridos”, crear corredores comerciales que los obligue a dar un mejor servicio a los ciudadanos, tener una fuente de empleo digno a los comerciantes y a los gobiernos una ciudad equilibrada y que se ajuste a la modernidad.
Asimismo, la incorporación de los comerciantes en vía pública a la seguridad social y otros esquemas de los que carecen como trabajadores informales; establecer también las condiciones para que puedan obtener un fondo de retiro y generar un fideicomiso para poder adquirir una vivienda.
Como contraprestación a la ciudad, se obligarían a mantener limpios los lugares de comercio para dar un aspecto diferente al que, precisamente la falta de certeza jurídica, les impide mejorar; a que el manejo de los alimentos —es lo que más venden— se dé con mayor higiene; a instalar medidores de energía eléctrica para pagar su consumo (los integrantes de Comerciantes Unidos La Esperanza ya lo hacen); a pagar una cuota fija a la ciudad y, sobre todo, a tener un padrón controlado de comerciantes que eviten precisamente que haya puestos en todos lados.
Respecto a las probables denuncias penales, el abogado Mario Valdés expresó que “a pesar de ser temporales, cuando se retira un permiso que está pagado, sin fundamentar y motivar, es un acto violatorio de las garantías individuales; es por donde jurídicamente vamos a defender el asunto para salvaguardar los derechos de los comerciantes en vía pública”.
El litigante destacó que están tratando de que esto no llegue a los tribunales; “la postura conciliadora de parte de la Asociación está permanentemente en la mesa; constantemente se le está buscando la cara a la autoridad delegacional para que no llevemos esto a un extremo de falta de voluntad, que es de lo que están llenos de juicios lo tribunales, pero si llegamos al extremo, lo vamos a hacer porque finalmente son derechos que se están violando”.
Agregó: “Es una convocatoria para que la Jefa Delegacional tenga conciencia política, humana y social y no esté violando los derechos de los comerciantes”. Además, el abogado criticó la actitud del Director General de Jurídico y Gobierno de Tlalpan porque debería ser el primero en “ponderar que los actos de autoridad que no están fundados ni motivados son totalmente violatorios de las garantías individuales. Si ellos siguen cometiendo este tipo de actos, habrá una respuesta legal y les estoy asegurando que tendremos mucha buena disposición de los tribunales porque es increíble que en pleno 2013 ocurran estas acciones”.
García Grimaldo reiteró en conferencia de prensa: “Sí queremos transformarnos. Somos gente de trabajo y deseamos hacer bien las cosas porque tampoco queremos ser carne de cañón ni mucho menos piezas canjeables en el ajedrez de los funcionarios. Somos personas como todos y merecemos que se respeten nuestros derechos humanos”.
Agregó García Grimaldo: “Lo que buscamos es que poco a poco el trabajo en vía pública se pueda semiprofesionalizar y profesionalizar como ya ocurrió en otros dos corredores comerciales donde participé y dejen de existir los conflictos de siempre. Lo que proponemos es una ordenación que nos permita evitar este forcejeo infame en el que nos encontramos hoy y que en pequeño se da todos los días”.
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