MÉXICO, D.F.,
2 de agosto de 2012.
Primera
intervención del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Felipe
Calderón Hinojosa, durante la XXXIII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de
Seguridad Pública, que tuvo lugar en esta ciudad.
Señoras y señores Gobernadores.
Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Señor Senador José González Morfín, Presidente del Senado de la República.
Doctor Raúl Plascencia, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos.
Licenciada Lorena Martínez, Presidenta de la Conferencia Nacional de Seguridad
Pública Municipal.
Licenciada Alejandro Martí García, Presidente y Fundador del Sistema de
Observación para la Seguridad Pública, México S.O.S.
Ingeniero Héctor Larios Santillán, Presidente del Observatorio Nacional
Ciudadano de la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
Doctora María Elena Morera de Galindo, Presidenta de Causa en Común, Asociación
Civil.
Doctor Arturo Valenzuela Zorrilla, Presidente del Consejo Ciudadano de
Seguridad Pública de Ciudad Juárez.
Doctora Julia Monárrez Fragoso, Investigadora del Colegio Ciudadano de la
Frontera Norte.
Señoras y señores Secretarios de Seguridad Pública y Procuradores
Generales de Justicia, integrantes del Consejo Nacional.
Muy apreciables académicos y representantes de la sociedad civil.
Distinguidos Legisladores que nos acompañan.
Señoras y señores representantes de los medios de comunicación.
Muy estimados Secretarios del Gobierno Federal.
Procuradora General de la República.
El día de hoy, presido por última vez, en Sesión Ordinaria al menos, el Consejo
Nacional de Seguridad Pública, instancia central para el cumplimiento
efectivo de una función primaria del Estado mexicano: garantizar el orden y la
seguridad de los ciudadanos.
Hace casi dos décadas, en 1994, cuando se creó el Sistema Nacional de Seguridad
Pública, se reconocía ya la necesidad de contar con una instancia de
coordinación efectiva entre el Gobierno Federal y las autoridades estatales, en
el cumplimiento de nuestra común obligación de combatir el fenómeno delictivo.
Por ello, esta última Sesión Ordinaria es ocasión propicia para reflexionar
sobre el contexto y los objetivos de las acciones que desde el Gobierno Federal
se han impulsado, en colaboración con los gobiernos estatales, así como los
logros alcanzados y los retos que todavía están pendientes.
Al iniciar el Gobierno, lo que encontré fue un creciente deterioro de las
condiciones de seguridad en el país. Poblados o, incluso, ciudades enteras eran
presas de la violencia.
Qué había sucedido.
Una combinación de factores nacionales, como, también, una dinámica global
nueva, formó por décadas el caldo de cultivo para la proliferación de la
delincuencia. La economía globalizada abrió nuevas rutas al crimen organizado
transnacional y a sus actividades ilícitas.
En el plano interno, las organizaciones
criminales pasaron de un modelo de narcotráfico meramente, que requería
exclusivamente del control de rutas de trasiego a Estados Unidos, a un modelo
de narcomenudeo, en el que comenzaron a crear y controlar mercados de consumo
local.
Para consolidar y mantener tales mercados, los grupos criminales se valieron de
la cooptación o la intimidación de ciudadanos y autoridades a través de la
violencia, con la cual nulificaban la acción de tales autoridades y mantenían a
raya, a la vez, a grupos criminales rivales.
Esta expansión del crimen tomó por sorpresa a instituciones de seguridad y
justicia obsoletas. México padecía las consecuencias de un modelo de seguridad
que terminó por ser inoperante y, también, propiciatorio de la corrupción.
Ante esa crítica situación y sin instituciones de seguridad capaces de hacer
frente a ese nuevo fenómeno delincuencial, era una obligación ética, política y
constitucional del Ejecutivo Federal cumplir y hacer cumplir la ley en defensa
de los ciudadanos. Emplear los recursos del Estado para garantizar la seguridad
de las familias mexicanas era, como he dicho antes y lo sostengo ahora, un
imperativo categórico para el Estado.
Por eso, se diseñó una estrategia integral en el Gobierno Federal sustentada en
tres ejes de acción.
El primero. Fue enfrentar con determinación a todas las organizaciones
criminales a fin de proteger a nuestras comunidades, dándole prioridad a
aquellas mayormente afectadas por el fenómeno delincuencial.
El segundo. Fue reconstruir las instituciones encargadas de la seguridad y la
justicia, profundamente deterioradas por la intimidación o la cooptación de los
criminales.
Y el tercero. Consistió en el fortalecimiento del tejido social, de la cultura
de legalidad y participación ciudadana para recuperar, con ello, los elementos
básicos de toda comunidad segura.
Sobre estos ejes establecidos por el Gobierno Federal, se han concretado
algunos logros fundamentales y se han construido acuerdos de relevancia
nacional.
En cuanto al Primer Eje. La acción subsidiaria y temporal de las Fuerzas
Armadas en el combate a las organizaciones criminales ha permitido acudir en
auxilio de estados y comunidades asoladas por la inseguridad.
Hemos trabajado hombro con hombro con las autoridades locales y, a petición
expresa de los gobiernos estatales, en tanto se depuran y modernizan las
corporaciones policíacas estatales y municipales.
Por ello, hago hoy, un amplio reconocimiento a la invaluable labor de nuestras
Fuerzas Armadas, porque su lealtad a México ha permitido la instrumentación de
una ofensiva sistemática contra el crimen y, al mismo tiempo, ha permitido al
país iniciar un proceso de reconstrucción institucional que será histórico en
el ámbito de la seguridad pública.
Reconozco, asimismo, la labor destacada de la Policía Federal, institución que
ha actuado con eficacia y gran profesionalismo en la desarticulación de las
estructuras de la delincuencia en el país, así como, también, de la
Procuraduría General de la República.
Es debido, también, reconocer a las corporaciones policiales locales que han
luchado con entrega en su obligación de proteger a sus comunidades.
Gracias a esta labor de todos, se ha logrado la desarticulación de las
estructuras logísticas y operativas de muchas de las organizaciones criminales
más peligrosas.
Hasta hoy, han sido capturados o abatidos en su captura 22 de los 37 líderes criminales
más peligrosos que operaban en México.
Pero no sólo eso.
Algo muy importante, es que el trabajo coordinado entre instituciones de
seguridad ha permitido que, por primera vez en varios años, la incidencia de
los homicidios dolosos a nivel nacional está mostrando, finalmente, un
decremento, que es ya del 7 por ciento en el primer semestre de este año,
respecto del primer semestre del año pasado, en todos los homicidios dolosos. Y
en el caso de homicidios presuntamente atribuibles a rivalidad delincuencial,
la baja de homicidios es ya cercana al 15 por ciento.
Mes con mes, también, hemos visto un decremento en homicidios con respecto al
mismo mes del año pasado, nuevamente, por primera vez en varios años.
En cuanto al Segundo Eje, referente a la reconstrucción y restructuración de
las instituciones de seguridad y justicia, quiero destacar que hoy, México
cuenta con reformas de gran calado, como la del Sistema de Justicia Penal y la
Reforma al Sistema Policial, cuya implementación ha sido objeto de revisión
puntual en diversas sesiones de este Consejo, y de cuyos avances daremos
cuenta.
En este punto, reitero que es imperativo acelerar el paso para dar plena
viabilidad operativa al nuevo Sistema Penal Acusatorio en todos los estados.
Los avances han sido importantes, pero no suficientes. Esta es una tarea que ya
no admite dilación para brindar justicia a los ciudadanos.
Ha habido, también, otras reformas, quizá no tan relevantes, como la Reforma al
Sistema de Justicia Penal, pero igualmente importantes.
Pongo, por ejemplo, la reforma recién aprobada y puesta en vigor para
inutilizar no sólo la línea telefónica, sino el equipo del teléfono celular
mismo que se reporte como robado y que ha sido implementado a partir de días
recientes.
Si consideramos que más del 80 por ciento de los delitos que se cometen en el
país son robos, y que una gran parte de tales robos implica el robo de
teléfonos celulares, estoy seguro que esta sola variación legislativa y
operativa traerá un cambio favorable en el fenómeno delincuencial.
Hoy, México también cuenta con infraestructura y sistemas tecnológicos de
última generación para la recopilación, sistematización y consulta de
información estratégica aplicada a la seguridad pública.
Esta infraestructura tecnológica, prácticamente nueva en el país, está
integrada por Plataforma México, y que ya permite a las instituciones de
seguridad generar y explotar productos de inteligencia con alcance nacional.
Plataforma México cuenta ya con más de 500 millones de registros de diverso
tipo que son útiles, precisamente, para la formación de inteligencia contra la
criminalidad.
En el marco de este Consejo, hemos construido acuerdos centrales para garantizar
la conectividad y alimentar este nuevo sistema con información confiable y
oportuna proveniente de los tres órdenes de Gobierno.
Es indispensable que todas las autoridades que tienen la atribución y la
obligación de emplear este sistema, garanticen su plena operación en beneficio
de sus municipios y sus estados.
Aunado a lo anterior, se diseñó y se puso en marcha un nuevo modelo de policía,
que ofrece la base para un servicio civil de carrera a nivel Federal,
sustentado en procesos objetivos y criterios basados en mérito para la
profesionalización de los cuerpos policiales del país.
Ya no hay duda que el camino hacia un México más seguro, es la consolidación de
policías y Ministerios Públicos profesionales y confiables; y que, para ello,
los estados y municipios tienen un referente en el modelo que se implementó
exitosamente en la transformación de la Policía Federal.
Uno de los retos más importantes en este sentido, es cumplir con las metas
establecidas en la ley en materia de control de confianza, en todas las
policías del país.
Celebro que este año, 2012, se haya avanzado como nunca en esta tarea. Al mes
de julio, el 100 por ciento de los elementos adscritos a instituciones
Federales habían sido evaluados con controles de confianza. Y, a nivel estatal
y municipal, se cuenta con un avance global de evaluaciones de alrededor del 45
por ciento, lo que significa que todavía están pendientes de evaluar más de 239
mil elementos.
Además de concluir este proceso de control de confianza lo más pronto posible,
hoy, el gran pendiente es la depuración de los cuerpos policiacos mismos; es
decir, de nada sirve hacer controles de confianza, si quienes no los acrediten
siguen en las filas de las corporaciones policiales, lo que conlleva el alto
riesgo de que estén sirviendo o se sumen a la delincuencia, dentro de las
propias instituciones públicas.
En cuanto al Tercer Eje, el fortalecimiento del tejido social, hemos dado un
fuerte impulso a la apertura de más y mejores oportunidades de educación y
empleo, además de la implementación de acciones en materia de prevención y
tratamiento de adicciones para nuestros jóvenes.
Se ha hecho a través de programas Federales y estatales, de becas educativas,
del Programa Escuela Segura, del Programa de Rescate de Espacios Públicos o del
Programa Nueva Vida, a través de la creación de Centros de Prevención y
Tratamiento de Adicciones.
En esta instancia de coordinación, también hemos avanzado en la evaluación de
estrategias de prevención de los delitos que más agravian a la población en el
ámbito local. Sabemos que fortalecer la vertiente preventiva, es una premisa
fundamental para ganar la lucha por la seguridad.
Quiero reconocer aquí, ampliamente, la valiosa labor que han realizado los
representantes de organizaciones civiles, quienes desempeñan una tarea de
vigilancia social central para concretar los avances de los que hoy damos
cuenta.
Celebro que hoy mismo contemos con la presencia de cinco de estas
organizaciones ciudadanas, quienes ocupan un lugar en este Consejo Nacional a
partir de ahora.
Espero que en el futuro se adopte un método que permita la asistencia
permanente de ciudadanos al Consejo, tal y como lo ha demandado la sociedad
civil.
Finalmente, quiero enfatizar que todos los esfuerzos realizados en la lucha por
un México más seguro, tienen como razón de ser a quienes son víctimas del
delito. Hemos actuado siempre con un sentido de urgencia, para impedir que más
ciudadanos sean víctimas de la delincuencia.
Y sabemos que toda política gubernamental debe estar sujeta a una revisión
permanente. Por eso, sustentado en profundas convicciones democráticas, mi
Gobierno ha estado abierto siempre al diálogo.
Personalmente, me he reunido con rectores de universidades, con académicos, con
representantes de los medios de comunicación, con empresarios, con líderes
sociales, con representantes de la sociedad civil, con víctimas de la violencia
o con familiares de las mismas.
Lo he hecho con la clara convicción de que será sólo con la concurrencia de
todos, como podremos avanzar en la construcción de un país de plena legalidad y
de seguridad.
Señoras y señores:
Hemos impulsado, en estos años, la instauración de una auténtica política de
Estado en materia de seguridad, sustentada en nuevas capacidades institucionales
a nivel nacional, y en un estrecho vínculo con la sociedad.
Las acciones implementadas en estos años, han tenido diversos efectos que son
de relevancia para la Nación:
Uno de ellos, el Primero. Es que, por muchos años, mientras el crimen se
fortalecía, las instituciones del Estado se debilitaban.
Hoy, las tendencias se han invertido. El Estado mexicano se fortalece en sus
capacidades, mientras que las organizaciones criminales se debilitan, debido,
desde luego, a la ofensiva ininterrumpida por parte de las fuerzas del orden y
a la participación cada vez más activa de los ciudadanos y gobiernos en la
prevención y en la denuncia de los delitos.
Segundo. Como ya he dicho, en los últimos meses, y por primera vez en varios
años, se está registrando una tendencia de reducción de homicidios dolosos a
nivel nacional, que constituye uno de los indicadores más importantes de la
violencia, que preocupa a los mexicanos.
Estoy cierto que esta tendencia se hará cada vez visible en el mediano y en el
largo plazo.
Tercero. Es que México, hoy, cuenta con los elementos necesarios para sustituir
en definitiva un modelo reactivo por un modelo preventivo, sustentado en la
generación de inteligencia operativa aplicada no sólo a la persecución eficaz
de los delitos, sino, centralmente, a su prevención oportuna.
El nuevo modelo de policía le ha abierto al país por primera vez la posibilidad
de construir una verdadera opción civil de seguridad pública. Esto permitirá en
un futuro a las Fuerzas Armadas concentrarse en las funciones de Seguridad
Nacional que le son inherentes, y actuar de manera subsidiaria y supletoria,
como es, precisamente, el modelo de seguridad que México debe tener.
Y deberá ser la base, también, este modelo de opción civil de seguridad
pública, para las transformaciones institucionales que urgen a nivel local.
El Cuarto efecto. Es que gracias a los esfuerzos realizados a nivel nacional en
materia de seguridad, México ha podido ejercer un liderazgo en el plano
internacional y ha logrado que otros países reconozcan y asuman su
responsabilidad, y fortalezcan sus políticas en la lucha contra las organizaciones
criminales transnacionales.
Y Quinto. Que por primera vez, la Nación cuenta con una política de seguridad
que tiene como centro a los ciudadanos. Hemos iniciado una política en materia
de seguridad y justicia penal, en la que el énfasis está en impedir que más
ciudadanos sean víctimas de la delincuencia, y en la que no debe tener cabida
la doble victimización.
Hoy, el reto es que estos efectos positivos se consoliden, más allá de
gobiernos, más allá de coyunturas y más allá de partidos.
Hago votos, porque desde este Consejo Nacional se continúe el proceso que
nuestra generación inició en la búsqueda de un México de leyes, de orden y de
seguridad para todos.
Ésta es, tal vez, la labor más trascendente a la que todos estamos llamados:
autoridades y ciudadanos, y de la cual depende, en buena medida, el futuro de
la Nación.
Estoy seguro de que en esta Sesión surgirán nuevos acuerdos para el
fortalecimiento de nuestras instituciones de seguridad y, con ello, para el
fortalecimiento de nuestra casa común, que es México.
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