Reportaje
Especialistas de salud, abogados e integrantes decentros de readaptación piden al Congreso estatal aprobar una Ley pero sin parches, ni improvisaciones; que no se dupliquen funciones y sí se atienda de forma integral el problema multifactorial
Por Isela Serrano / Luces del Siglo
Se autoriza reproducción con crédito a la Revista y autora
Cancún, Qna. Roo., a 27 de agosto de 2012
Como esclavos del siglo XXI, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres y ancianos caminan pegados al cemento; hay otros de experiencias ocasionales que espolvean su nariz en fiestas, yates o azoteas y disfrutan otras sustancias que prometen paliar el desencanto, la frustración, la soledad, la pobreza y brindar la felicidad.
El problema no es sencillo. La Encuesta Nacional de Adicciones 2008, reveló un incremento considerable en el consumo de mariguana, cocaína y otras drogas médicas en el que Quintana Roo se ubica a la cabeza nacional en el consumo de sustancias prohibidas.
A partir del 21 de agosto, la procuraduría debió comenzar a investigar y sancionar el narcomenudeo. De acuerdo con declaraciones de Armando García Torres, procurador general de Justicia, este delito se atenderá con la creación de dos fiscalías ubicadas en Chetumal y Cancún; cada una con 18 empleados; 10 elementos de la comandancia de policía judicial, tres Ministerios Públicos, 3 oficiales secretarios y 2 peritos en química y criminalística.
Iniciativa. El 7 de febrero de este año, el gobernador Roberto Borge Angulo, envió a la XIII Legislatura la propuesta de “Ley para la Prevención y el Tratamiento de las Adicciones del Estado de Quintana Roo” que propone la creación de un Centro Estatal para la Prevención y Tratamiento de las Adicciones.
La iniciativa busca que este Centro sea desconcentrado de la administración Pública y sectorizado a los servicios estatales de Salud. Al frente de él estaría un coordinador general nombrado por el titular del poder ejecutivo, habría una subsecretaría de Prevención y Tratamiento de Adicciones y Reinserción Social, una Subdirección de información y Evaluación, una Subdirección Administrativa y las demás Unidades Administrativas necesarias para el eficaz cumplimiento de sus funciones.
En la exposición de motivos puede leerse que, “el derecho a la protección de la salud es una garantía social consagrada en el Artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (…) Uno de los propósitos de la presente administración es “la modernización integral y adecuación permanente del marco jurídico que rige la acción de gobierno, orientada con un sentido humano y de visión a largo plazo, para satisfacer las necesidades y expectativas de la población”.
Los expertos. Con la participación del Colegio de psiquiatras, sicólogos, asociaciones solidarias, centros de atención juvenil, policías, autoridades de salud y legisladores, se realizó en Cancún el Foro para analizar el proyecto de Ley para la Prevención y Tratamiento de Adicciones para el estado de Quintana Roo. Se espera que la iniciativa sea aprobaba en el próximo periodo de sesiones que inicia en el mes de septiembre.
El psiquiatra Enrique Avilés, presidente de la Asociación de Médicos de Quintana Roo, reconoció que es muy favorable que el ejecutivo estatal considere la necesidad de proponer una Ley que reglamente la prevención y sea inaplazable la atención a los problemas vinculados con el comportamiento adictivo; sin embargo, avizoró que el esfuerzo tendrá un pobre resultado si no se contextualiza dentro de la problemática de la Salud Mental de la entidad.
Quintana Roo cuenta con ocho centros Nueva Vida. Durante el evento, el especialista habló de la urgente necesidad de crear un Hospital Psiquiátrico donde también podrían atenderse asuntos relacionados con las adicciones, y no sólo crear más instancias; ya que actualmente existen instituciones que trabajan en este rubro y operan con muchas deficiencias.
“Todo problema de adicción, sin excepción ha de estudiarse y atenderse desde una visión transdisciplinaria y no bajo la perspectiva binaria causa-efecto, es un problema médico-psicológico y social”, dijo y aseguró que crear una Ley de Prevención de Adicciones, sin vincularla con la Ley de Salud Mental es un ejercicio, si no estéril, sí muy miope.
¿Cómo se espera que las Unidades de Especialidades Médicas trabajen a toda su capacidad si sus plantillas están incompletas? ¿Cómo es posible exigir a los Centro de Integración Juvenil resultados mayores de los que dan si sus tratamientos sólo son ambulatorios y no tienen especialistas que vean el resto de patologías mentales y médicas?
El resumen del médico psiquiatra sobre la propuesta de Ley: es una intención buena, de visión miope, con un esfuerzo descontextualizado que no podría tener resultados inconsistentes.
Al tomar la palabra, el abogado Miguel Angel Pech, lamentó:
“Es muy importante participar en este tipo de foros, aunque en la mayoría de las ocasiones sólo sea para barnizar y legalizar las acciones legislativas y en otras para que nuestros comentarios y esfuerzos ni siquiera sean tomados en cuenta, ya que ante el barniz de estos foros, las mayorías de las fuerzas legislativas en el H. Congreso sólo aprueban ‘en consenso’ las órdenes del Ejecutivo”, relató.
Ex juez penal en Cancún, ex Subprocurador General de Justicia de Quintana Roo y actual Coordinador de la Escuela de Derecho de la Universidad, La Salle Cancún, Pech calificó la iniciativa como una labor “sencilla para salir de compromisos” pero “carente de técnica legislativa”.
Aseguró que ésta iniciativa llega tarde, pues debió incluirse en la reforma efectuada el 9 de agosto de 2010 para que a estas alturas ya operara el centro de readaptación.
Y advirtió: “Si queremos atacar frontalmente el problema urge una reforma para adicionar la Ley orgánica de la Administración Pública y crear a nivel de subsecretaria lo concerniente a las adicciones, y no sólo a nivel Jefatura como el actual departamento de Salud mental y de adicciones”.
Mencionó que hasta ahora el proyecto de ley sólo contempla la prevención y muy discretamente aborda el tema de tratamientos y olvida la reinserción social.
Durante el Foro al que acudieron casi 300 especialistas, el abogado propuso incluir en la ley que si un servidor público no cumple con sus labores y pone en riesgo la salud de alguna persona con problemas de adicciones se le imponga una multa de 50 a 500 días de salario mínimo.
Ya en entrevista con este semanario, el abogado advierte que la designación del titular del Centro, si bien es facultad del ejecutivo estatal, el documento no incluye los requisitos ni perfiles para su designación. Por lo tanto, “un ‘dedazo’ de un amigo que poco tenga que ver en el tema puede generar que sea el director”.
Agridulce. La psiquiatra María Isabel Kuthy indicó que la propuesta de Ley genera un sabor “agridulce”. Quintana Roo cuenta con 18 psiquiatras, recientemente llegaron cuatro especialistas más con interés de trabajar en el sector salud pero les fue negada una plaza, por falta de presupuesto.
Esta problemática requiere continuidad, pero los proyectos sólo abarcan periodos vinculados con los tiempos políticos y existe el riesgo de que lo ganado se pierda.
El psiquiatra Jorge Morales comentó que en toda la república sólo cinco estados carecen de Hospital Psiquiátrico, entre ellos Quintana Roo, siendo el único de la península de Yucatán que no posee este servicio para su población. ¿Para qué se quiere duplicar funciones si lo que hacen falta son fármacos, camillas y especialistas para atender a la población?, inquirió.
La abogada Amaya Renovales, vinculada a temas de prevención de Derechos Humanos, destacó que, de acuerdo con el Laboratorio de Violencia de la Universidad del Caribe, el estado ocupa los nada honrosas primeros lugares a nivel nacional en; vivienda sin energía, primer lugar; casas con hacinamiento, cuarto lugar; homicidios cometidos a mujeres, quinto lugar; suicidios, primer lugar y consumo de alcohol, primer lugar.
Según el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), dijo, hay 80 mil jóvenes, de los cuales, 40 mil no cuentan con educación escolar; hay 244 pandillas y uno de cada cuatro embarazos se da en mujeres adolescentes.
Se pronunció por atender urgentemente el problema a través de centros de atención gratuita y comisiones internas de prevención en las escuelas. Además se pronunció por no llamar “adicto” a una persona “enferma” o “con dependencia a”.
Por su parte, Teresita Cruz Moreno, coordinadora del programa de adicciones de la Jurisdicción Sanitaria número 2, aseguró que la iniciativa de abrir centros con un cobro simbólico es buena, siempre y cuado se cumpla con los objetivos y atienda el problema de forma integral, de lo contrario se convertirá en un “elefante blanco”.
Mencionó la importancia de la ubicación de la clínica y las vías de comunicación de las que disponga y no perder de vista que los adictos son pacientes que sufren, son personas con una enfermedad del alma, del espíritu y la mente.
La investigadora Marisol Vanegas, de Redes Turismo, habló del vínculo entre violencia y adicciones. Recordó que 46 por ciento de los estudiantes refieren vivir situaciones de violencia, 25 por ciento consumen alcohol, 25 por ciento sustancias tóxicas.
Alejandro Javier Omaña, representante de Seguridad Pública municipal, recordó que el 90 por ciento de los detenidos se encuentran bajo el influjo del alcohol o las drogas.
Tanya Galicia González, supervisora del Centro de Atención a Menores (CAMI) expuso que actualmente el 80 por ciento de los jóvenes que acuden a rehabilitación vuelven a caer en las drogas. Indicó que de enero a julio de este año fueron detenidos 910 menores que son atendidos únicamente por tres psicólogos.
Se pronunció por no abrir otro centro de adicciones, sino reforzar los que ya existen con infraestructura y personal y de ser posible, resguardar a los jóvenes temporalmente para evitar regresen al mismo entorno social de alto riesgo.
La defensora de Derechos Humanos, Rosa María Márquez Pérez, lamentó que para abordar una problemática multifactorial, las autoridades de salud y otros funcionarios hayan abandonado el foro. Pidió aclarar cuántos recursos dispone el estado para la creación de dicho Centro de Atención, de lo contrario todo sería irreal.
Por su parte, Eduardo Espinosa Abuxapqui, presidente de la mesa directiva del Congreso aclaró que la iniciativa busca conocer la voz ciudadana de los expertos y una vez que se integren los comentarios de ellos será necesario que vuelvan a reunirse para perfeccionar “un documento tan complicado”.
Aseguró que existe compromiso de la legislatura XIII para seguir dando los toques finales y retomar el tema el 5 de septiembre que inicia el próximo periodo ordinario de sesiones.
Expertos en salud y derecho urgen a atender el problema de manera integral que día a día cobra más víctimas. Los próximos foros se llevarán a cabo el 29 de agosto en el Hospital General de Playa del Carmen y el 30 de agosto en Chetumal.
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario