Luis Farías Mack
Poca importancia se le ha dado al replanteamiento de la Secretaría de la Reforma Agraria, cuando éste puede ser la oportunidad de reordenar el desarrollo rural y urbano.
Su gran virtud, creemos un grupo de abogados inmersos en el tema agrario, es su enfoque territorial.
El caos territorial en México no puede ser mayor.
En el ejercicio de la iniciativa, sin mayor rigor técnico, se agruparon funciones gubernamentales que han derivado de tres rotundos fracasos: la relativa al desarrollo rural, la inherente a la desincorporación de la propiedad social para insertarla en la privada, y la del desarrollo urbano.
Su gran virtud, sin embargo, radica en el enfoque territorial, que permite intentar una verdadera planeación del territorio, considerado no solo como espacio geográfico, sino como ámbito humano inmerso en todos los aspectos del desarrollo nacional.
Hoy, los grandes desarrolladores urbanos son los ejidatarios, que sin mayor planeación ni regulación, desincorporan sus tierras trasladando las lacras del minifundio al crecimiento urbano, o bien las venden sin desincorporlas del régimen ejidal, acrecentando la inseguridad sobre la tenencia de la tierra.
La reforma de 1992 dio paso a la certificación de la propiedad social, pero no era la certificación el objetivo, sino brindar seguridad a la inversión en el campo para hacerlo productivo.
Las instituciones entonces creadas, sin mayor perspectiva, acotaron su hacer a la mera certificación, como si fuera ésta un fin en sí mismo y, por tanto, sin que rindiera mayores frutos y sí sumándola al caos del crecimiento de nuestras manchas urbanas y a la mayor anarquía de la propiedad social.
Sus funcionarios pronto asumieron el papel tutelar que la reforma pretendía extirpar.
Los ejidatarios, sin programas y apoyos para aprovechar las seguridades de la certificación de sus tierras, retomaron los vicios del agrarismo paternalista y controlador, y dedican sus esfuerzos a extorsionar demandando la restitución de lo que ya privatizaron y/o vendieron, o pretendiendo volverse Slim con la venta de sus tierras. Ni éstas se hicieron productivas, ni aquellos asumieron mayoría de edad, ni la inversión encontró en la desincorporación de la propiedad social incentivos ni garantías.
En materia urbana el fracaso también es rotundo y el desbarajuste total.
El gran reto será que quien llegue a la nueva Secretaría no la considere la suma de funciones fracasadas, sino la oportunidad, quizás única, de innovar con miras a planear territorialmente el desarrollo nacional, convertir la función agraria en la plataforma que garantice la inversión y productividad de nuestro campo y ordenar el crecimiento urbano con visión de Estado y no de vendedor o desarrollador.
El peligro está en caer prisionero en la rebatinga de las viejas funciones y pleitos de parcelas burocráticas.
La gran opción radica en orientar los esfuerzos en el diseño de nuevas y ambiciosas políticas públicas, con una visión diferente y novedosa.
La bondad del esfuerzo se puede perder si pretenden construir sobre lo que hay y no ha funcionado, pero que siempre se ha hecho.
El grave error del PAN fue montarse sobre lo que encontró, cuando había instituciones, programas y funciones que exigían cambios de paradigma y replanteamientos de fondo.
La propiedad rural y la propiedad urbana deben ser uno en una planeación territorial para el desarrollo, no en la repetición de ancestrales lacras.
No hay comentarios:
Publicar un comentario