viernes, 25 de enero de 2013

La liberación de Cassez deja mal sabor de boca en México, y vuelve la mirada al policía de Calderón: García Luna

Por: Redacción / Sinembargo - enero 25 de 2013 - 0:03 De revista, México, TIEMPO REAL, Último minuto - 21 comentarios   Ciudad de México, 25 de ene (SinEmbargo).– La liberación de Florence Cassez ha dejado un mal sabor de boca a los mexicanos, que de acuerdo con sondeos realizados entre la tarde del miércoles y ayer jueves, piensan que ella no es inocente.
 Pero también ha regresado a los ojos de la opinión pública a Genaro García Luna, autor del montaje que provocó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la amparara.
 Ayer en por la tarde-noche, en un sensible cambio de posición para quienes opinan que el nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto no está considerando actuar contra funcionarios de la anterior administración, Jesús Murillo Karam, Procurador General de la República (PGR), dijo en reunión privada con senadores del PRI y PVEM que los errores cometidos en el caso  Cassez “podrían constituir un delito”.
 “¿Qué me toca ver? ¿Qué toca averiguar? Con la claridad con la que acostumbro hablar: me toca ver si ese mal manejo es producto de una actitud que pudiera constituir un delito”, señaló.
 “No se sabe si Florence Cassez, la francesa de ojos claros liberada por la Suprema Corte de México, fue o no una fría secuestradora como aseguran tres víctimas.
 Lo que hizo el máximo tribunal fue otra cosa: sometió a juicio a la propia Justicia. El caso de la francesa, que había sido encarcelada en 2005 y condenada a 60 años de cárcel, desenmascaró procedimientos irregulares e inconstitucionales de la policía, que además fueron avalados en juicios de primera y segunda instancia”, señaló un análisis de la agencia alemana DPA.
 Como se sabe, la Suprema Corte identificó graves violaciones del debido proceso. Estas fueron las que finalmente dejaron libre a Cassez después de siete años en prisión, más allá de su culpabilidad o inocencia, como dijo la ministra Olga Sánchez Cordero.
 “Estamos conduciéndonos con estricto apego a la Constitución y protegiendo los derechos fundamentales de todas las personas (…) Este es el mensaje que mandamos el día de ayer.
 Nosotros no por encuestas ni tampoco por opinión mayoritaria del público podemos resolver. Hay decisiones de la Suprema Corte que no gustan, hay decisiones que son bienvenidas, pero nuestro deber como jueces constitucionales es otra”, expresó Sánchez Cordero. 
De regreso a la vida. Fotos: Cuartoscuro y TV Francesa Especialistas del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana dijeron que el caso simplemente no puede cerrarse.
 “Existe evidencia de abusos e irresponsabilidad de autoridades como Gerardo García Luna, ex funcionario de la Agencia Federal de Investigación y de la Secretaría de Seguridad Pública, a quienes no se ha investigado, procesado ni sancionado por participar en el montaje televisivo que mostró a la francesa como parte de la banda de plagiarios Los Zodiaco”, señalaron en un comunicado.
 El doctor José Antonio Ibáñez, director del Programa de Derechos Humanos de la Ibero, señaló que “el país no limpia su imagen con nadie ahorita, porque si Cassez recurre a instancias internacionales para buscar justicia por los siete años que vivió privada de su libertad y conseguir la reparación del daño, el caso tendrá resonancia fuera de México varios años”. 
La maestra Sandra Salcedo, también especialista de la Ibero, recalcó que la presunción de inocencia no se debe exigir sólo a las autoridades, sino también a los medios de comunicación, pues influyeron y tuvieron incidencia en la opinión pública, haciendo de Cassez una persona culpable de forma automática, más allá de que lo fuera o no, por lo que deben ser investigados y sancionados por su proceder.
 Por su parte, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González, opinó que tras el fallo de la Corte que dejó libre a Florence Cassez, quedan pendientes los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. 
El ombudsman capitalino indicó en entrevista con Notimex que además se debe analizar la responsabilidad jurídica de aquellos funcionarios que violentaron el debido proceso.
 Para que el círculo esté completo se deben considerar esos aspectos, “porque las víctimas efectivamente tendrían derecho a que se estableciera en un juicio quiénes son los responsables, en este caso, del delito de secuestro y también de que se investigara”, dijo.
 De igual forma, pidió que “se sancionara a las autoridades que violentaron el debido proceso y dilataron el acceso a la justicia de las víctimas”.
 DESENCUENTRO DE OPINIONES En la entrevista con MVS, la ministra Sánchez Cordero explicó que uno de los puntos de mayor peso fue el “efecto corruptor” que tuvo sobre todo el proceso, y en particular sobre las declaraciones de los testigos, el montaje que hizo la policía (a cargo de Genaro García Luna) para fingir una liberación en vivo para la televisión.
 La detención real de Cassez, de 38 años, junto a su novio mexicano y presunto líder de la banda, Israel Vallarta, ocurrió a las 04:30 de la madrugada del 9 de diciembre de 2005 en una carretera cerca del rancho Las Chinitas, en las afueras de Ciudad de México. 
Pero en la televisión las cosas se vieron de otra manera. Policías sigilosos entraron al rancho, “sorprendieron” a Vallarta y Cassez ahí mismo y liberaron a las 06:47 de la mañana a una mujer, a su hijo y a un joven que estaban secuestrados.
 El Partido Acción Nacional (PAN), que gobernaba México cuando Cassez fue detenida y condenada, lamentó el fallo. “Resulta evidente que los derechos de las víctimas en México han quedado vulnerados y las voces de quienes han sufrido un secuestro no fueron escuchadas por los ministros que concedieran el beneficio a Cassez”, expresó en un comunicado.
 En cambio, el Presidente Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), expresó su respeto por la decisión y fue más lejos: deploró “los errores y violaciones” que permitieron la liberación de Cassez, y dio instrucciones a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República para que las acciones de procuración de justicia del Ministerio Público Federal y la Policía Federal “sean con apego a la ley”.
 Las violaciones a las que se refirió Peña Nieto ocurrieron durante el montaje del 9 de diciembre de 2005, cuando todavía era Presidente Vicente Fox Quesada. 
Genaro García Luna era director de la Agencia Federal de Investigación (AFI); después sería secretario de Seguridad Pública federal en el sexenio de Felipe Calderón. Peña Nieto urgió evitar casos como el ocurrido con la ciudadana francesa. 
En una ceremonia en Los Pinos, expresó: “Lamento que en este y en cualquier otro caso, errores o violaciones al debido proceso impidan al Poder Judicial determinar la culpabilidad o inocencia de otra persona. 
He reiterado la instrucción al Secretario de Gobernación y al Procurador General de la República para que todas y cada una de las acciones de la Policía Federal y del Ministerio Público de la Federación se realicen con estricto apego a derecho con un propósito fundamental: garantizar la aplicación de la ley y evitar que casos como el que hemos conocido vuelvan a suceder”. 
Diputados fueron en el mismo sentido. Ayer, en distintas entrevistas, dijeron que la Procuraduría General de la República (PGR) debe investigar a fondo a los funcionarios implicados en el caso Cassez. 
Por ejemplo, el vicecoordinador de la fracción parlamentaria priista en la Cámara de Diputados, Manuel Añorve Baños, planteó abrir una investigación a fondo sobre los responsables de llevar un procedimiento sin apego a las normas. Sugirió a la Procuraduría, que encabeza Jesús Murillo Karam, abrir una investigación sobre este caso “con responsabilidad y analizar el proceso, a fin de encontrar a los responsables de estos errores’.
 El diputado perredista Luis Ángel Espinosa Cházaro dijo a Notimex que “ningún funcionario que haya incurrido en este tipo de fallas debe ser intocable”, por lo que la fracción parlamentaria presentará denuncia contra el ex Secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, y analiza el procedimiento a seguir por el montaje medíático del 5 de diciembre de 2005. 
El periodista mexicano que fue despedido por Televisa a causa del montaje que permitió la liberación de Florence Cassez –realizado Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino–, dijo ayer por la mañana en un amplio texto que  el gobierno está obligado ahora a “garantizarnos justicia e igualdad, asegurarnos que ningún funcionario, ninguna institución pública o privada, esta por encima de la ley”.
 Pablo Reinah, actualmente periodista en UNO TV, fue el reportero que narró para la televisora, el 9 de diciembre de 2005, la transmisión sobre el arresto fingido de Cassez y los integrantes de la banda de Los Zodiaco. 
Televisa lo despidió. Reinah alegó siempre que no estuvo enterado de que se trataba de un montaje, hasta que las autoridades federales debieron reconocérselo.
Pero lo dejaron sin trabajo. “Más allá de si es culpable o inocente, el tema en juego es la impartición de justicia en México, la discrecionalidad con que se maneja, la corrupción que permea a nuestro sistema de justicia, la división entre presuntos culpables de primera y segunda categoría, la regla de ser culpable hasta que se demuestre lo contrario”, dijo Reinah en un texto publicado en su blog. 
“Está en juego la credibilidad de un sistema de justicia, de instituciones y autoridades que durante años han evadido el tema, quizá porque los verdaderos culpables de este caso en particular eran funcionarios en servicio”, agrega. 
Los responsables del operativo, “Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal hasta hace semanas, así como Luis Cárdenas Palomino, encargado de la División de Seguridad Regional de la misma dependencia no fueron llamados a cuentas formalmente como requería un escándalo de esta magnitud.
 Por el contrario, recibieron el respaldo del gobierno del ex presidente Felipe Calderón, quien, sin lógica alguna y sin escuchar razones prefirió incumplir tratados internacionales y enemistarse con un país amigo como Francia”. “Paradójicamente –dijo–, estos funcionarios fueron condecorados en distintas ocasiones: Genaro García Luna, con tres premios INNOVA por parte del gobierno mexicano en reconocimiento a las prácticas exitosas de innovación en la Administración Pública Federal, mientras que Cárdenas Palomino fue reconocido como el ‘Mejor Policía de México’ en 2010”.
“Durante los 6 años que estuvo al frente de la Secretaria de Seguridad Pública, nadie lo cuestionó ó entrevisto a fondo y con rigor, como la situación lo ameritaba”, señaló.
 LA HERIDA ABIERTA “México es un país que vive en la impunidad”, dijo a la agencia Efe el representante de Amnistía Internacional en México, Daniel Zapico. “No es el único caso que se da, son muchos los casos en los que hemos visto de falta de respeto a las garantías procesales mínimas y falta de respeto al debido proceso.
 Si no se investiga adecuadamente, si no se procesa adecuadamente, la impunidad va a permanecer”, agregó. “Hasta la PGR está diciendo que son necesarios cambios en el corto plazo, cambios indispensables para garantizar que el sistema de procuración de justicia puede procurar justicia”, insistió. 
“Las víctimas tienen derecho a la justicia. Es obligación de los ministerios públicos y de la policía hacer su parte para hacer procesos justos que garanticen la justicia”.
Por su parte, la ONG México Unido contra la Delincuencia llamó la atención sobre los derechos de los víctimas, y se preguntó: “¿Cuántos mexicanos, que no tuvieron derecho a un debido proceso penal, viven en las cárceles?” “El caso Cassez lleva a reflexionar sobre la terrible situación que vive en México nuestro sistema de procuración, impartición y administración de justicia: estamos ante la ausencia de un verdadero Estado de Derecho”, señaló. Según sus datos difundidos por la agencia Efe, entre el 98 y el 99 por ciento de los delitos que se cometen en México quedan impunes.
Ayer, una encuesta telefónica publicada por el diario Reforma indica que el 83 % de los mexicanos se mostró en desacuerdo con la decisión judicial y el 73 % piensa que la francesa era culpable de los delitos por los que se la procesó.

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