LA INICIATIVA DE PEÑA NIETO

Artículo Editorial (*)

(*) Opinión del especialista en asuntos de transparencia y libertad de expresión e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ernesto Villanueva

México. D. F., a 23 de julio de 2012

Puede uno coincidir o no con Enrique Peña Nieto. No obstante, me parece que en las actuales circunstancias habría que sumar esfuerzos en aquellos puntos donde haya coincidencia para evitar que el país siga el rumbo fallido de la estrategia de Felipe Calderón, que en las urnas ha visto el repudio social a su gobierno y a su partido. Peña Nieto formula como primeras acciones de iniciativa legislativa rubros que son de la mayor importancia para el país y donde lo grave sería minimizar las propuestas porque no las propone quien uno hubiera deseado que lo hiciere. Veamos.

Primero. Lucha contra la corrupción a través de una “Comisión Nacional Anticorrupción”. El propósito es compartible, pero la vía no es la más afortunada. Se debe fortalecer lo que ya se tiene, pero ahora de forma acotada. La Auditoría Superior de la Federación formalmente hace esa función, pero está impedida por su diseño legal para llevarla a cabo. Lo primero que debería hacerse es romper el cordón umbilical que la tiene sujeta a la Cámara de Diputados y transformarse en el órgano autónomo constitucional a que se refiere Peña Nieto. Habría que dotarle, además, de mayores atribuciones, entre ellas la sancionatoria. La actual Secretaría de la Función Pública debería pasar a formar parte de la Auditoría Superior. Esta experiencia existe en buena parte de las democracias contemporáneas con distintos nombres, “Tribunal de Cuentas”, “Contraloría General de la República”, etcétera. Además de la reforma constitucional necesaria, se deberían introducir las reformas pertinentes a las leyes Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y las correspondientes en los estados. Más aún, las secretarías de contraloría de los estados deberían formar parte de la propia Auditoría como especie de delegaciones en las entidades federativas. Para evitar o reducir presiones políticas, el titular de la Auditoría debería contar con la más amplia seguridad laboral, sujeto, por un lado, a las sanciones previstas en el artículo 108 constitucional párrafo segundo y, por otros, a los controles derivados de un riguroso régimen de incompatibilidades y conflictos de interés para evitar que el remedio sea peor que la enfermedad. A grandes males grandes remedios.

Segundo. El Fortalecimiento del IFAI. Es verdad sabida que los problemas de opacidad existen en la Federación y con mayor persistencia en las entidades federativas y los municipios. Hoy, a pesar de la reforma constitucional del 2007, es bastante complicado acceder a la información pública. Hay infinidad de plazos, de criterios y de voluntad por cumplir la ley a lo largo y a lo ancho del país. La creación del sistema Infomex, creado con la idea inicial de homologar procedimientos, es una herramienta que ha cumplido parcialmente su cometido. En buena parte de las comisiones e institutos prospera la simulación en un inacabado esfuerzo por mostrar la formalidad legal. Es por ello, pertinente y oportuna la propuesta de Peña Nieto en este rubro. El IFAI debería convertirse en un tribunal especializado convirtiendo el acceso a la información y transparencia en un asunto federal como sucede, por ejemplo, con los tribunales agrarios, creando salas regionales, unitarias o colegiadas, dejando intocados los principios de amigabilidad de este derecho, sin dejar de lado la fundamentación y motivación a que obliga el artículo 14 constitucional. Como a todo órgano jurisdiccional debe otorgársele atribuciones para imponer medidas de apremio y capacidad sancionatoria. Debe conocer de asuntos federales, de las entidades federativas, municipios y órganos autónomos constitucionales, excepción hecha del Poder Judicial de la Federación, que tiene en el Consejo de la Judicatura Federal una instancia para estas labores, siempre con oportunidades de mejora. Los mecanismos de acceso, estabilidad, promoción y sanción deberían retomarse de los observados por el propio Poder Judicial de la Federación. Las tareas de promoción y fomento de la cultura de la transparencia deben ser internalizadas en los libros de texto gratuito para la primaria y la secundaria, como en su momento se hizo un experimento atendible en San Luis Potosí, cuyo impacto jamás lo podrían alcanzar comisiones e institutos de transparencia. De manera complementaria, este nuevo tribunal de la transparencia podría retomar la idea de las Casas de la Cultura Jurídica que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene en buena parte del país. De la misma forma debe abrogarse la Ley de Datos Personales en Posesión de Particulares para crear una nueva que incluya al sector público, que deje esa tarea a un organismo especializado con fundamento constitucional para imponer sanciones que hoy carece el IFAI. 

Tercero. La publicidad oficial es, particularmente en los estados y municipios, un asunto público que se ha reservado de manera inconstitucional y absurda. Es plausible que haya en esa misma lógica un organismo que vigile estas contrataciones que en la práctica violentan la libertad de expresión al generar incentivos para uniformar información gubernamental en perjuicio del derecho a saber de la sociedad. Esta comisión debería, además, vigilar con gran exhaustividad que no haya negocios entre empresas mediáticas y gobiernos que generen conflicto de interés. En muchas ocasiones la publicidad oficial en sentido estricto es lo de menos. Lo demás son los contratos de construcción, mantenimiento de equipo informático, entre muchos otros, que aparentemente no tienen nada que ver con la línea editorial del medio, pero en la realidad definen los grandes trazos de qué se informa, qué no y cómo. 

El interés superior del país debe estar por encima de las preferencias políticas. Si existen propuestas positivas para regenerar los tejidos mínimos de la ética pública hay que apoyarlas, vigilando, por supuesto, que no nos den gato por liebre.

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