Con el insuficiente apoyo del 45 por ciento de las curules de la Cámara de Diputados, el virtual presidente electo está conciente de que no será fácil avanzar en las reformas fundamentales pendientes
Por Agustín Ambriz / Luces del Siglo
Se autoriza reproducción con crédito a la Revista y autor
Cancún, Qna. Roo., a 23 de julio de 2012
Entre el México que observa y el México que aspira a llegar Enrique Peña Nieto, si el máximo tribunal electoral del país confirma su triunfo, hay un gran nudo de intereses políticos y económicos que sus dos últimos antecesores no pudieron desenredar.
Por más intentos que hubo de los dos presidentes panistas, ni Vicente Fox Quesada ni Felipe Calderón Hinojosa convencieron a la oposición de aprobar las reformas fundamentales para la construcción del “Estado eficaz” y la “democracia de resultados”, que ahora ofrece el priísta Peña Nieto en caso de asumir la presidencia de la república en diciembre entrante.
Durante doce años el nudo se aflojó o se apretó en el Congreso de la Unión según conviniera, o no, a los intereses de cada corriente parlamentaria y a la habilidad de los mandatarios para persuadir a sus opositores.
De tal modo que en ambos sexenios se hicieron tantas reformas como nunca en la historia del país, pero no pasaron las trascendentales, aquellas en las que todos coinciden que son necesarias para impulsar la economía nacional: la reforma fiscal, la reforma energética y la reforma laboral.
El permanente enfrentamiento con el Legislativo, inclusive llevó al presidente Fox Quesada a desempolvar su apolillado derecho constitucional de veto presidencial - desactivado desde 1969 - para ejercerlo hasta en diez ocasiones contra la sistemática decisión de los diputados a modificar sus iniciativas y aprobarlas parcialmente.
Diez meses antes de concluir su mandato, en enero de 2006, el Ejecutivo de plano aventó la toalla al fracasar en sus cabildeos con la oposición para pasar íntegra su propuesta de reforma fiscal en la Cámara de Diputados. Y pasó la estafeta a su sucesor.
En junio de 2007, el ya presidente Calderón Hinojosa envió a la Cámara de Diputados una iniciativa fiscal y financiera, sustentada en un alarmante diagnóstico hacendario del país: en materia de evasión, el 83.82 por ciento de las personas físicas y el 75 por ciento de las personas morales no pagan el ISR.
Pero ni ese dramático diagnóstico sensibilizó a Legislativo y a Ejecutivo para ponerse de acuerdo en cuanto a la aprobación de las reformas estructurales.
Felipe Calderón hizo notar recientemente su frustración ante lo que llamó “parálisis legislativa”. En reunión privada con banqueros, en mayo pasado, acusó al Legislativo de tener
“secuestradas” las reformas estructurales pendientes y necesarias para el crecimiento de la economía nacional vía la generación de más empleo.
En defensa de las acusaciones del Ejecutivo, los respectivos coordinadores parlamentarios de PRI y PRD en la Cámara de Diputados Francisco Rojas Gutiérrez y Mayra Telma Guajardo coincidieron en que el presidente sólo pretendía justificar su ineficacia cobijándose en acusaciones a los otros poderes.
El priísta dijo que durante su primer trienio, el presidente Felipe Calderón tuvo mayoría relativa en ambas cámaras y fue incapaz de sacar las propuestas en esa primera parte del gobierno federal. Inclusive recordó que en la actual 61 Legislatura se han aprobado 93 de las 120 iniciativas que presentó el Ejecutivo, más del 80 por ciento.
La perredista reviró que es el Ejecutivo quien tiene secuestradas las leyes fundamentales, al no publicar reglamentos importantes en el Diario Oficial de la Federación, como es la Ley de Migración, la Ley de Víctimas, así como leyes en materia alimentaria y derechos de la infancia, entre otras.
Gobiernos divididos
Desde 1997, en la 57 Legislatura durante el segundo trienio del mandato de Ernesto Zedillo, ningún partido ha vuelto a tener mayoría absoluta en la Cámara de Diputados.
En ese periodo, el presidente Zedillo gobernó con el 48 por ciento de los diputados federales de su partido. A partir de ahí, el apoyo para Fox fue de 41 por ciento en la 58 Legislatura y de 30 en la 59 Legislatura.
Calderón lo hizo con el 41 por ciento de los diputados de su partido durante la 60 Legislatura y de 28 por ciento en la 61 Legislatura que está por concluir.
El virtual presidente de México, Peña Nieto, arrancaría su gestión con el apoyo incondicional del 45 por ciento de las curules de la 62 Legislatura de la Cámara de Diputadas -obtenidas en coalición con el Partido Verde Ecologista- y con el antecedente de que el PRI tensó en nudo de la cuerda en las reformas trascendentales propuestas por el panista Calderón Hinojosa.
Este escenario no era el que esperaba Peña Nieto, quien en su libro de campaña titulado “México: La Gran Esperanza (Un Estado Eficaz para una democracia de resultados)” adelantó sus reservas a que México siga siendo gobernado por un presidente sin mayoría en la Cámara de Diputados.
“En un sistema democrático el gobierno necesita mayorías para ser eficaz. Sin mayorías, se pierde la capacidad de decidir y transformar, lo que termina por erosionar la capacidad para gobernar”, analiza.
Aunque se declara partidario de quienes consideran que son necesarias nuevas reglas que generen incentivos para que el presidente tenga mayoría en el Congreso, también es de los que se opone a establecer la segunda vuelta presidencial como mecanismo para lograr esas mayorías.
“En el caso de la segunda vuelta, si bien la experiencia de los países que cuentan con ese sistema de elección comprueba que es una prueba eficaz para crear coaliciones electorales, no hay evidencia contundente de que estas coaliciones se traduzcan posteriormente en mayorías para gobernar”, sentencia.
En su opinión la “ratificación del gabinete” por parte del Poder Legislativo, tampoco es una fórmula que garantice la formación de mayorías.
“… la aprobación de un funcionario por el Congreso no implica necesariamente un respaldo posterior al programa del gobierno del Ejecutivo. Lo que es más, parlamentarizar en exceso un sistema presidencial con reglas como que el Congreso pueda destituir a los secretarios de Estado podría crear un caos indeseable”.
Para lograr realmente mayorías que apoyen los proyectos del Ejecutivo, Peña Nieto confía más en eliminar la “cláusula de gobernabilidad” y disminuir el número de diputados, de 500 a 400, eliminando 100 diputados plurinominales.
“La democracia mexicana tiene la particularidad de contar con una barrera constitucional (artículo 54, fracción V) la cual, para efectos prácticos, impide, en el contexto de tres partidos dominantes, que alguno de ellos obtenga la mayoría en el Congreso, aunque la haya alcanzado al combinar el número de representantes de mayoría relativa y de representación proporcional que ganó en las urnas, al limitar de manera arbitraria en 8 por ciento la sobrerrepresentación de los partidos en la Cámara de Diputados.
“Por ello, considero fundamental eliminar esta regla que fue creada en la reforma electoral de 1996. En el contexto político de entonces tenía sentido, pero en la situación actual de plena competencia política se ha convertido en un gran obstáculo para la formación de mayorías parlamentarias y, por ende, en un dique para crear una democracia de resultados”.
Peña Nieto considera que incluir en la Constitución también el mecanismo de “iniciativa preferente” conduciría a una mejor relación entre Ejecutivo y Legislativo.
Este instrumento, comenta Peña Nieto, es utilizado en diversos sistemas presidenciales como Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. Su esencia consiste en que el Congreso está obligado a pronunciarse sobre los temas que el presidente de la república considere fundamentales para su programa de gobierno.
Así, cuando el Ejecutivo presenta una iniciativa preferente, los legisladores están obligados a discutirla y votarla, ya sea a favor o en contra, en un periodo de tiempo preestablecido.
De esta forma, sostiene, se obliga al Congreso a concentrarse en el análisis y debate de los puntos centrales del programa de gobierno del presidente sin dilaciones y evitando que se puedan “congelar” temas sustantivos para el gobierno.
“En México, para alcanzar una democracia de resultados, nos urge mejorar el diálogo entre poderes, así como romper con las indefiniciones que en muchas ocasiones, terminan ahogando de manera silenciosa el proceso de toma de decisiones democráticas y condenan al país al estancamiento y la irresponsabilidad. Por ello, considero que la iniciativa preferente es una herramienta que debemos adoptar para darle agilidad a nuestro sistema presidencial”.
El virtual presidente también propone acabar con el divorcio que existe entre el sistema político y los ciudadanos, a través de la instauración de mecanismos como la “iniciativa ciudadana”, la “consulta popular” y las “candidaturas independientes”.
“Estoy convencido, dice, de que tenemos que hacer un gran esfuerzo para acercar el sistema político ala sociedad. Es un a cercamiento que se logra, en parte, por medio de un diálogo cotidiano con la población; cumpliendo compromisos concretos.
“Pero también se logra con reformas institucionales que abran el sistema político a la sociedad, a través de mecanismos legales que permitan a la población tener una mayor participación en los debates y decisiones públicas”, subraya.
Eficacia con resultados. Peña Nieto considera que los males que hoy padece el país son producto de tener un “Estado Ineficaz” que se ha visto incapaz para transitar de una “democracia electoral” a una “democracia de resultados”.
“…, la mayoría de los mexicanos piensa que el país va por el camino equivocado, que México ‘es un barco sin rumbo’. ¿Por qué? Probablemente porque todos sabemos que el país no avanza de acuerdo con su verdadero potencial. Porque tenemos un Estado ineficaz que no puede cumplir con sus obligaciones básicas. En nuestro país, los derechos individuales y sociales que consagra la Constitución siguen sin ser una realidad cotidiana para la mayoría de los mexicanos”, expone.
En su opinión, el país se encuentra atrapado en la transición del México del siglo XX al México del siglo XXI.
Si bien construimos una democracia electoral, estabilizamos nuestra economía, nos abrimos al comercio con el mundo y cambiamos nuestro perfil demográfico, enfatiza, no hemos sido capaces, por ejemplo, de transformar un sistema fiscal que mantiene una estructura que tuvo sentido durante la pacificación del país después de la revolución y durante el posterior proceso de industrialización.
En la actualidad, añade, este esquema es obsoleto e insuficiente para financiar las necesidades de un Estado que está obligado a garantizar en la práctica derechos universales como la seguridad, la justicia la salud y la educación de calidad a una población mayoritariamente urbana que requiere un nivel de bienestar y habilidades que le permitan competir en la globalidad.
“La tarea de gobernar requiere tener claridad del momento histórico que vive el país y el mundo. Los gobiernos del PAN no han tenido dicha claridad. Al parecer, no han comprendido a cabalidad que México se quedó a medio camino entre el siglo XX y el siglo XXI y que, por ello, el proceso de reformas tiene que ser profundo e integral, mirando al futuro y no al pasado.
“Más allá de algunas buenas intenciones, no han tenido una visión estratégica de las transformaciones estructurales que requiere el país, y la interconexión que existe entre las diversas reformas. Como resultado a lo sumo se han producido pequeños cambios aislados, que han servido de ‘parches’ en lugar de proponer soluciones integrales”.
Peña Nieto tiene en claro el país que recibirá, pero al igual que sus antecesores, Vicente Fox y Felipe Calderón, primero deberá desenmarañar en nudo tensado por las diferentes fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados, que nuevamente vuelven a ser un fuerte elemento de contrapeso al cada vez más debilitado poder presidencial.
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