REFORMAS A LA CONSTITUCION GENERAL DE LA REPUBLICA

El fortalecimiento de nuestra democracia requiere del constante perfeccionamiento de las instituciones y los poderes. Se trata de hacerlos cada vez más funcionales y cada vez más útiles a los ciudadanos.

            Es un honor que hoy, en presencia de todos ustedes, promulgue yo el Decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones en materia política de la Constitución General de la República.

            Con ello concretamos una nueva reforma política y avanzamos en la construcción de un marco legislativo con mayor capacidad para el sostenimiento de la democracia y la viabilidad de la Nación.

            Sin duda, uno de los principales desafíos políticos de México es cerrar la brecha que separa a la voluntad de los ciudadanos con las decisiones de los gobernantes. Se trata de cerrar la brecha entre representantes populares y sus representados.

            Hoy, más que nunca, es imperativo traducir nuestra democracia electoral, vibrante y plural, en instituciones más sólidas, más eficaces, que rindan mejores cuentas y que faciliten la construcción de los acuerdos que el país necesita.

            Tal y como lo propuse al país desde hace casi seis años, se trata de pasar del sufragio efectivo, de votos que cuentan y se cuentan, a la democracia efectiva, aquella que le da sentido a la vida cotidiana de los ciudadanos.

            Celebro que la presente reforma se inscriba, precisamente, en este esfuerzo colectivo de perfeccionamiento de nuestro régimen democrático. Ello nos pone en el camino correcto para fortalecer las instituciones y para darle a la ciudadanía una mayor injerencia en la vida pública de México, que es, a fin de cuentas, la ciudadanía, la destinataria final de la acción política.

            Como Titular del Poder Ejecutivo Federal, me es muy satisfactorio constatar que varios de los avances plasmados en este Decreto de Reformas a la Constitución Política hayan sido retomados de la Iniciativa de Reforma Política que presenté al Congreso de la Unión el 15 de diciembre del año 2009.

            A partir de la experiencia del ejercicio de Gobierno y de planteamientos hechos por diversos sectores de la sociedad, propuse al Poder Legislativo cambios sustantivos para asegurar una representación política más cercana a los intereses, preocupaciones y demandas de la gente.

            Para lograr que nuestro sistema político se convirtiera en un espacio más eficaz para procesar los conflictos y para que la pluralidad política deje de ser sinónimo de parálisis y desencuentro, y se transforme en un instrumento de cambio al servicio de la sociedad.

            En suma. Se trataba de una reforma profunda e integral que buscaba transitar, precisamente, y como lo he señalado, del sufragio efectivo a la democracia efectiva.

            Reconozco la voluntad de las y de los Legisladores, de los integrantes de la Cámara de Diputados y del Senado de la República para abrir el debate sobre estos temas fundamentales para la vida democrática de los mexicanos.

            Valoro su disposición para analizar las propuestas, presentar propias, modificar, discutir, aprobar, revisar este proceso de reforma, que fue largo, sí, intenso, como lo merece, y que, finalmente, hoy termina a partir de la promulgación, conforme a nuestro proceso constitucional.

El Poder Legislativo ha asumido el papel que le corresponde en la transformación política de México y ese es, el resultado que hoy presentamos a la sociedad, es producto de este esfuerzo.

            Como toda Reforma Constitucional, insisto, su proceso aprobatorio fue largo, fue complejo, a su visto bueno en las dos Cámaras del Congreso de la Unión, con diferencias, desde luego, entre las minutas de una y otra.

            Finalmente, lo que las Cámaras del Congreso de la Unión aprueban y consensan, aprueban ambas, le siguió una ronda de aprobación en la mayoría de las legislaturas locales.

            Finalmente, el pasado 18 de julio, la Comisión Permanente del Congreso hizo la Declaratoria de Reforma Constitucional y la remitió al Ejecutivo para su publicación.

            Este Decreto de reformas contiene cambios importantes que fortalecen instituciones y permiten un avance democrático para el país.

            Quiero referirme a algunas de ellas:

            Primero. Se da un mayor poder a los ciudadanos. Con esta reforma, se otorga a la ciudadanía el derecho de presentar las iniciativas de ley que considere pertinentes para definir el rumbo del país.

            Antes de esta reforma, desde hace más de un siglo, la prerrogativa de proponer leyes era facultad exclusiva de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, lo que dejaba fuera a muchas mexicanas y a muchos mexicanos con propuestas que merecen ser analizadas, ser escuchadas, ser discutidas, incluso, aprobadas.

            Me congratulo que este acuerdo, precisamente, sea uno de los que acercan, precisamente, a la ciudadanía a la representación.

            Hay que advertir que corresponderá, ahora, al propio Congreso de la Unión, a los Congresos Locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, establecer los términos y los requisitos para que el ciudadano pueda hacer un pleno ejercicio de este derecho.

            También, por primera vez en la historia del país, y éste es un segundo aspecto muy importante, cualquier mexicana o cualquier mexicano podrá postularse de manera independiente a cargos de elección popular.

            Eso es un avance muy importante, qué duda cabe, y que requiere, todavía, perfeccionarse. Por ejemplo, todavía queda pendiente una adecuada legislación reglamentaria que interprete debidamente la compatibilidad de este avance con lo dispuesto en el Artículo 116 Constitucional, donde aún se establece el derecho exclusivo de los partidos políticos para postular candidatos a cargos de elección locales.

            Tercero. Se fortalece la democracia directa, al elevar, nuevamente, recordemos que ya estuvo alguna vez presente en el Cuerpo Constitucional, la consulta popular a rango constitucional, se abre la puerta a los ciudadanos para expresar su opinión sobre los grandes temas nacionales.

            Los resultados de esta consulta pueden derivar en mandatos concretos para los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como para otras autoridades competentes.

            Con ello se ensanchan las vías para la participación activa de la sociedad en los asuntos públicos.

Y, simplemente, recuerdo que para el ejercicio cabal de este derecho se requerirá la participación activa del Congreso, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Instituto Federal Electoral.

            Cuarto. Una reforma medular, dentro de las que hoy se promulgan, consiste en la llamada Iniciativa de Trámite Preferente, que probablemente configurará el principal instrumento republicano para evitar la indebida parálisis legislativa.

            Conforme a este cambio, el Ejecutivo Federal podrá presentar al inicio de cada periodo ordinario de sesiones dos nuevas iniciativas o hasta dos iniciativas pendientes de dictamen, que considere urgentes; éstas serán discutidas y votadas en un plazo máximo de 30 días naturales.

            Me alegra que este acuerdo recoja la esencia de una medida planteada de manera esencial en la Iniciativa de Reforma que presentásemos, a fin de agilizar la respuesta del Congreso a las prioridades de la agenda nacional.

            Cabe señalar que conforme a este texto, las reformas constitucionales mismas en ningún caso tendrán carácter de preferente. Estamos hablando de reformas de leyes ordinarias.

            La Iniciativa Presidencial de Trámite Preferente, aparte de agilizar las decisiones legislativas, que es una de las demandas ciudadanas más sentidas, también permite asignar debidamente responsabilidad política a los representantes.

            Es decir, el ciudadano merece una respuesta a los temas nacionales, y el hecho de facilitar y el propiciar en un tiempo determinado, 30 días, la votación sobre un asunto prioritario, permite asignar, precisamente, esa  responsabilidad en términos públicos.

            Asignar la responsabilidad de un Sí, y de un No; asignar el beneficio político para quien hace lo debido, y asignar el costo político para quien hace lo indebido.

            Siempre para el ciudadano será mejor un Sí claro o un No claro de las fuerzas políticas que un Quién sabe permanente, que no permite, precisamente, la interacción y la responsabilidad, insisto, entre la representación pública y la ciudadanía.

            Quinto. Se amplía la fecha para concluir la revisión de la Cuenta Pública. La Cámara de Diputados concluirá la revisión de la Cuenta Pública a más tardar el 31 de octubre, no el 30 de septiembre, del año siguiente de su presentación.

            Esto permitirá que los Legisladores puedan analizar con mayor cuidado y con mayor precisión los datos de la Administración Pública Federal, lo cual, desde luego, fortalecerá la transparencia y la rendición de cuentas.

            Sexto. Se le da mayor estabilidad y certidumbre a la propia institución Presidencial. Con esta reforma, en caso de falta absoluta del Presidente de la República, por mandato constitucional el Secretario de Gobernación se encargará provisionalmente del despacho de los asuntos del Primer Mandatario de la Nación. Así, hasta en tanto el Congreso no nombre un Presidente interino o sustituto, quedará cubierta la titularidad del Ejecutivo Federal y se evitará cualquier vacío de poder.

            Este tema, amigas y amigos, era un verdadero tabú. Un verdadero tabú, porque efectivamente, ante el difícil escenario que para cualquier país representa la falta absoluta Titular del Ejecutivo, del Jefe del Estado, del Jefe de Gobierno, la espera de la discusión legislativa para poder elegir un Presidente interino, con las mayorías, además, que requiere la Constitución hubiera significado un impasse, de presentarse tal circunstancia, terriblemente costoso para el país.

            Hace mucho, ciertamente, que no se presenta en México, pero hay que decir que había una reticencia natural, porque se asumía, no sé si con razón, muy probablemente, que cada Presidente en turno fuera renuente a abordar, aún y así sea hipotéticamente su propia ausencia y su propia falta absoluta.

            Nosotros dejamos a un lado tal renuencia. Creemos que es un tema constitucional de primer orden que, precisamente, llena un vacío que debía ser, precisamente, legislado a nivel constitucional.

            Hoy, se regula con esta reforma y se deja siempre una conducción constitucional en el país, ante la falta absoluta, hipotéticamente, del Presidente de la República.

            Séptimo. Se prevén mecanismos alternos para la rendición de protesta del Presidente Electo. Frente a cualquier circunstancia que dificulte la Toma de Protesta del Presidente Electo en los términos de la Constitución, ésta podrá realizarse ante las mesas directivas de las Cámaras del Congreso.

            Y si aún así fuese imposible hacerlo, se rendirá protesta ante el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

            Se requiere, precisamente, evitar que circunstancias de facto, de intereses o de fuerza impidan o rompan el orden constitucional, como se pretendiera hacer en alguna ocasión en el país.

            En síntesis. Esta reforma representa un paso importante en la certidumbre constitucional de las instituciones públicas.

            Octavo. La ratificación de los integrantes de los órganos reguladores en materia económica por parte del Senado.

            Con esta ratificación se fortalece la responsabilidad compartida del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo para la búsqueda de políticas de Estado en materias que son del interés público y de todos: en materia de energía, en materia de competencia económica y en materia de telecomunicaciones.

            Se genera un mecanismo que le da un mayor poder autónomo a los órganos reguladores, que permite, precisamente, que el arbitraje sobre cuestiones fundamentales del país, insisto: energía, competencia económica y telecomunicaciones, quede a salvo o quede más allá de las coyunturas políticas y de la propia dinámica de las administraciones y de las legislaturas.

            Esta ratificación perfecciona el equilibrio de poderes, entre el Legislativo y Ejecutivo, y acerca, eso es lo que se pretende, que las decisiones de los órganos reguladores tengan un mucho mayor peso, autónomo, y se hagan, precisamente, en beneficio del país.

            En conclusión, amigas y amigos, esta reforma política que hoy promulgo en uso de los atributos constitucionales del Presidente de la República, representa un paso importante en la evolución del régimen democrático, participativo y plural que los mexicanos nos hemos dado.

            Pero, también, estoy convencido, desde luego, que falta mucho por hacer. Hemos aprendido, durante todos estos años, incluso, afirmaría, durante estas décadas, que el perfeccionamiento de las instituciones democráticas es un ejercicio siempre inacabado. Siempre es posible encontrar los instrumentos que permitan acercar  la voluntad ciudadana a la representación ciudadana.       

            Queda pendiente, a mi juicio, como ya se ha señalado, el tema de la elección consecutiva de Legisladores Federales, aprobada en el Senado de la República y no en la Cámara de Diputados. Ello sería clave para la profesionalización y la especialización de quienes tienen la responsabilidad, precisamente, legislativa.

            Es el mismo caso en la falta de la elección consecutiva de alcaldes, integrantes de los ayuntamientos o Jefes Delegacionales, esencial para mejorar la gestión de gobierno desde el nivel local. El ciudadano debe tener el poder de ratificar o remover, con  su propio voto, precisamente, a quien está más cercano a sus problemas cotidianos de basura, de seguridad, de servicios públicos en general.

            La elección consecutiva, tanto de Legisladores como de alcaldes, también, es fundamental para la rendición de cuentas ante la sociedad, ya que los ciudadanos, a través de su voto, podrían premiar o castigar el desempeño de un servidor público en el cargo para el cual lo ha electo.

            Otra propuesta fundamental que en el futuro, estoy cierto, habrá de abordarse, es la revisión del número de integrantes, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado. Se trata, es propósito común, de darle mayor eficacia al trabajo del Legislativo y acatar el reclamo de los ciudadanos de un uso republicano de los recursos públicos.               

            Otra asignatura, a mi juicio, pendiente de revisión, es abrir las puertas al Poder Judicial para que pueda presentar iniciativas de ley, en el ámbito de su competencia, lo que es clave para fortalecer su autonomía y equilibrar los pesos y contrapesos del sistema político mexicano.

            Más aún, ahora que se discuten, por ejemplo, legislaciones tan importantes para el país, como la Reforma a la Ley de Amparo y otras, se requiere, precisamente, la capacidad de propuesta de quienes son encargados de aplicarla, para que ese conocimiento esté, precisamente, presente en los análisis del Congreso.

            Y otras más, quizá, que sostengo más a título personal, de convicción política. En un sistema de partidos tan rico, tan plural, tan diverso, como es el mexicano, donde hay no sólo dos, como en el sistema americano o inglés, sino varias fuerzas políticas, capaces de asumir, por sí mismas, representaciones de mayoría relativa, me parece fundamental que en México se examine la segunda vuelta electoral, presidencial y, probablemente, segunda vuelta electoral legislativa, como un mecanismo de ir asignando, precisamente, preferencias de manera adecuada entre los ciudadanos; que el ciudadano pueda tener una decisión preferente en una primera votación y otra decisión preferente respecto de quienes se perfilan con mayores posibilidades de representarlo.

            Me queda claro que esta reforma que hoy promulgo es un gran avance para la vida democrática del país. Pero quedan muchos temas, también, sobre los cuales no sólo podemos tener, sino, de hecho, hemos tenido divergencias, pero siempre el debate público, abierto y responsable, será enriquecedor de la vida nacional.

            La próxima Legislatura del Congreso de la Unión, estoy seguro, retomará la agenda de reforma política que todos los partidos políticos del país impulsan, y permitirá profundizar en los cambios que nos lleven al régimen moderno y eficaz que una ciudadanía propositiva y participativa, como la mexicana, merece tener.

            Señoras y señores:

            La construcción de un México mejor es un proceso permanente que requiere de voluntad, de imaginación y de ideas.

            Es cierto, hoy tenemos una democracia en la que todos podemos expresarnos, participar, opinar, votar con libertad; sin embargo, tenemos que hacer más, mucho más, para que la voluntad ciudadana esté debidamente representada en las decisiones políticas y para que la democracia resulte cada vez más útil y eficaz para la gente.

            Como convencido de la democracia, también estoy convencido de que ella, la democracia, se construye día con día, como la hemos construido los mexicanos, con paciencia y durante más de un siglo, sin disparar un solo tiro.

            A veces con pasos agigantados, a veces con pasos pequeños, pero lo importante es que sea siempre con la participación libre y responsable de los ciudadanos y de los actores políticos.

            Por ello, celebro que este día hayamos avanzado en el esfuerzo colectivo por elevar la calidad de nuestra vida democrática.

            Y hago un respetuoso llamado a los partidos, a las y a los Legisladores, a los gobiernos y a la ciudadanía para seguir profundizando los cambios que necesita nuestro sistema político.

            Continuemos estrechando la vinculación democrática entre la sociedad y sus autoridades, entre los tres poderes públicos, entre los distintos órdenes de Gobierno, porque sólo así la política será lo que debe ser, un instrumento que concrete y traduzca en bienes públicos que garanticen justicia, bienestar y progreso, el voto de los ciudadanos.