martes, 30 de abril de 2013

Acuerdan llevar a ley blindaje a programas



El Consejo Rector del Pacto por México acordó que el blindaje a programas sociales, con el fin de que no sean utilizados electoralmente, formará parte de la reforma política que se presentará en septiembre

El Consejo Rector del Pacto por México acordó dar nivel de reforma constitucional al Sistema Nacional de Programas de Combate a la Pobreza, cuyo entramado legal será negociado dentro del paquete de reforma política, para su presentación en septiembre.
Jesús Ortega Martínez, integrante del Consejo Rector y ex líder nacional del PRD, informó que todo ese conjunto de enmiendas, se acordó, serán elaboradas conjuntamente con el Legislativo, previa realización de foros y audiencias. Es decir, no habrá una iniciativa única presentada desde el Ejecutivo y redactada desde el Consejo.
“La reforma política contempla la reforma electoral, pero también de cambio de régimen político y este Sistema Nacional está incluido en ese paquete”, indicó.
Además, explicó que el blindaje de programas sociales tiene dos vertientes: la legal, que implicará esas propuestas de cambios legales, y la política, con la integración de las comisiones plurales en los estados con elecciones.
Así, “en lo inmediato” comenzará la negociación de nombres y perfiles de las personalidades y organizaciones civiles que vigilarán los programas sociales en las 14 entidades con elecciones.
Todo esto fue acordado durante varias reuniones privadas sostenidas durante sábado y domingo, tanto de representantes como de los dirigentes nacionales del PRD, Jesús Zambrano, quien es además el presidente en turno del Consejo Rector; del PAN, Gustavo Madero Muñoz; el líder del PRI, César Camacho Quiroz; el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y otros líderes priístas.
Tras encuentros desarrollados el pasado fin de semana, los firmantes del Pacto por México definieron 18 candados para garantizar que las elecciones sean limpias e imparciales y para “erradicar” el uso electoral de programas sociales.
Según un comunicado difundido por la Secretaría de Gobernación, se acordaron 18 candados en el uso de recursos públicos y programas sociales en tiempos electorales a nivel federal y estatal. Entre ellos, definir de manera conjunta los criterios que deben normar el perfil profesional de los delegados federales de las dependencias responsables de manejar programas sociales y el Ejecutivo federal revisará los nombramientos realizados para asegurar su idoneidad en función de ese perfil profesional técnico.
Como medidas prácticas determinaron suspender cualquier asamblea o reunión pública de beneficiarios de programas sociales 45 días antes de las elecciones, así como pedir a gobernadores y alcaldes abstenerse de entregar incluso despensas o regalos textiles en el mismo tiempo.
Asimismo, establecer comisiones plurales en los 14 estados donde habrá elecciones para atender y presentar denuncias de intervención de gobiernos.
Se acordó que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda investigue las cuentas bancarias de todos los gobiernos estatales de las cuales se hagan retiros en efectivo por cantidades relevantes.
Igualmente, se comprometieron a abstenerse de hacer propaganda personalizada y gacetillas en los medios de comunicación.
Asimismo, definieron iniciar los trabajos para crear un Sistema Nacional de Programas de Sociales “que permita un uso más racional, progresivo y sin duplicidades de los recursos públicos para combatir con mayor eficacia la pobreza”.
También acordaron promover que las leyes y las reglas de operación de los programas de gasto e inversión social incluyan la prohibición de celebrar actos públicos de entrega de beneficios y subsidios, así como las asambleas de beneficiarios.
El presidente, gobernadores, diputados locales y federales y senadores pondrán atención en garantizar que los recursos del Estado lleguen directamente a los beneficiarios sin condicionantes y que invariablemente se ejerzan bajo reglas de operación enteramente públicas y con transparencia, a fin de que haya evaluación y rendición de cuentas, incluyendo el más amplio conocimiento público de los padrones de beneficiarios de todos los programas sociales.

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