PARALAJE
Liébano Sáenz
2013-02-23 • AL FRENTE MILENIO
La Conferencia Nacional de Gobernadores es una de las instancias más positivas para el trabajo conjunto entre los mismos mandatarios para el seguimiento de temas en común y, también, aunque en el pasado reciente no haya sido así, para el diálogo con el gobierno federal. Su inicio se da hace más de diez años y tiene como origen la preocupación compartida por la crisis en las finanzas públicas.
En un Estado federal es importante la participación de todos los actores en las acciones o decisiones que a todos impactan. Fox se presentó en el cuarto año de su gobierno en la reunión de la Conago, que convocaría a la Convención Nacional Hacendaria. El presidente Calderón tuvo algunos encuentros con las comisiones de este organismo. Es una buena y positiva señal que el presidente Peña Nieto haya asistido al inicio de su gestión a la 44 reunión celebrada en Chihuahua.
Los problemas en las finanzas locales, tema inicial de este grupo, no solo no se han resuelto, sino que se han agravado. La insuficiencia de los recursos, entre otros motivos, ha llevado al incremento significativo de la deuda de estados y municipios. La falta de claridad en las cuentas y las deficiencias en las normas locales y federales de control financiero y transparencia conducen a una situación caótica. Es frecuente, desafortunadamente, que al relevo de gobiernos estatales salten a la vista cifras gigantescas de adeudos, lo que lleva a la suspicacia y a la confusión en detrimento no únicamente del gobierno que concluye, sino de los gobiernos estatales en su conjunto. La querencia centralista que ha dominado históricamente nuestra vida política se recrea con los escandalosos adeudos de las haciendas estatales, sin considerar las causas y origen del problema, así como las consecuencias que esto tiene para el país.
La preocupación por la inseguridad ha ido ganando terreno en las deliberaciones de los gobernadores. Cierto es que no es un problema que tenga igual dimensión en todos los estados, de hecho, son los menos los que padecen condiciones de violencia grave; sin embargo, sí es un problema que se extiende y que muestra la fragilidad de las instituciones de seguridad de los estados y municipios frente al crimen organizado. La verdad sea dicha, no hay mandatario que pueda estar tranquilo frente a este mal que vino a enfermar a buena parte del cuerpo nacional.
Estimo que el problema de la inseguridad tiene profundas raíces estructurales. Es uno de esos fenómenos sociales que explota a partir de un acumulado de errores, omisiones y debilidades institucionales que no se abordó en su tiempo. La recriminación por lo que no se hizo, inclinación particularmente recurrente del gobierno anterior, poco ayuda, incluso, precisamente en ese periodo acreditó ser contraproducente. Cualquiera que sea la estrategia o las acciones que se emprendan se requiere de coordinación y colaboración entre los diferentes órdenes de gobierno. Se necesitan soluciones, no únicamente culpables.
Un aspecto que debe preocupar en la lucha por un país más seguro se refiere no solamente a una estrategia que considere la diversidad en cada región, entidad y ciudad, también la necesidad de fortalecer y modernizar a las policías, especialmente las municipales y las estatales. Desde el gobierno anterior se avanzó en la propuesta de un nuevo modelo policial, pero el calendario y los intereses políticos se impusieron y se privilegió la atención a otros proyectos legislativos. Algunos pensamos, basados en que el eje central de su administración fue la seguridad, que las iniciativas preferentes del presidente Calderón se avocarían a impulsar el nuevo modelo policial; también en su momento se tuvo la expectativa que el Senado revisara la iniciativa que presentara el presidente Calderón.
En el más reciente encuentro de la Conago, que contó con la presencia del presidente Peña Nieto, se abordó la necesidad de dar impulso a la reforma judicial que debe instrumentarse en las 32 entidades y que, como lo mencionó recientemente el ministro José Ramón Cossío, registra preocupantes atrasos. También se acordó avanzar en torno al mando policial único, de conformidad a las necesidades y realidad de cada entidad. Cabe recordar que el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, en su condición de presidente de la Comisión de Seguridad de la Conago, es quien con mayor insistencia ha recomendado a sus pares y al gobierno federal avanzar en un marco legal en torno al mando único. En la reciente reunión de Chihuahua, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, en nombre de los mandatarios, se pronunció por consolidar la Policía Estatal Acreditable con mando único y coordinado.
Los gobernadores de todos los partidos advierten en sus declaraciones y actitudes políticas, la disposición del Presidente de la República de fortalecer la comunicación y la coordinación en todos los ámbitos del quehacer gubernamental. El Presidente ha expresado que tienen en claro el potencial que para su gobierno representa la Conago. Esto resulta fundamental para tres cambios a impulsar, los cuales están contenidos en el Pacto por México: la deuda de estados y municipios; la reforma hacendaria y la estrategia integral en materia de seguridad.
Es importante que la voluntad de acuerdos y entendimiento que existe entre el Ejecutivo federal y el de los estados y del Distrito Federal, alcance al Congreso, especialmente porque hay decisiones que deberán concretarse por la vía legislativa. En este sentido será crucial la reforma hacendaria y la manera como los Estados vean ampliadas sus atribuciones para mejorar su recaudación y no necesariamente transitar al expediente del incremento en las participaciones federales, lo que deberá venir acompañado por un uso responsable de los mismos. Estados y municipios deben generar más recursos propios.
A su vez es pertinente que la transparencia y la rendición de cuentas sea una realidad en las finanzas locales y municipales. En esta materia debe haber claridad en el planteamiento y que sean los propios órganos locales los que realicen las tareas de control presupuestal sin detrimento de lo que hagan los órganos federales autónomos, la Secretaría de Hacienda o la Cámara de Diputados a través de la Auditoría Superior de la Federación.
La presencia del Presidente en esta reunión con los gobernadores tiene un peso y significado particularmente relevante en la relación del centro con los gobiernos locales. De esta forma y así como la pluralidad ha dado el paso para un acuerdo nacional en temas fundamentales para el país, también los mandatarios y legisladores deben sumarse a este nuevo entorno de entendimiento, corresponsabilidad y compromiso por el bien del país.
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