Comisiones del Senado
proponen no dar al nuevo órgano que combatirá la corrupción el ejercicio de la
acción penal, con el argumento de que debilitaría la función de la Procuraduría federal
y las estatales
TAREA. Los senadores de todas las
bancadas discutirán en los próximos días el proyecto de dictamen que elaboraron
las comisiones de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos, de
Anticorrupción y Participación Ciudadana de la Cámara Alta. (Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL )
Con el
argumento de que se debilitaría la función de la Procuraduría federal
y estatales, el proyecto de dictamen en materia
de anticorrupción elaborado por las comisiones de Puntos
Constitucionales, Estudios Legislativos, de Anticorrupción y Participación
Ciudadana del Senado propone no darle al nuevo órgano que combatirá la
corrupción el ejercicio de la acción penal.
“Las comisiones dictaminadoras
consideran que no es viable conceder la propuesta planteada por algunas
iniciativas de otorgar al órgano constitucional autónomo la facultad de
ejercicio de la acción penal, en virtud de que con ello se estaría debilitando
a las procuradurías, se volvería muy compleja la coordinación con las
procuradurías cuando en los delitos de corrupción haya conexidad con otros
delitos como pueden ser los de delincuencia organizada”, detalla la propuesta.
El documento
—que sigue a discusión en comisiones— plantea que el nuevo órgano para combatir
la corrupción sea autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y
tenga facultades para perseguir y sancionar delitos administrativos a través de
la multa, destitución e inhabilitación. Los casos penales seguirían a cargo de
laProcuraduría
General de la República (PGR).
“(Darle facultades punitivas) va en
contra del modelo penal acusatorio que aprobó el Constituyente Permanente en
2008, donde se prevé la especialización de la investigación penal en tres
instancias: una que investiga, otra que revisa los méritos de los casos y otra
que juzga”, reitera el
documento.
La justificación del proyecto de
dictamen también considera que el otorgamiento de una facultad persecutoria a
la nueva oficina anticorrupción implicaría la elaboración de una estructura
administrativa que la haga funcionar a cabalidad, como son ministerios
públicos, actuarios, peritos e investigadores en todo el país, sin mencionar la
necesidad de contar con una policía propia para ejercitar la acción penal, por
lo que “no se encontró en la
revisión de experiencias internacionales, un caso donde el ejercicio de la
acción penal estuviera separada en dos instancias dependiendo del delito”.
De acuerdo al documento, el diseño
institucional del órgano anticorrupción estaría creado para que no tuviera
impedimentos bancarios, fiduciarios ni fiscales para hacer sus investigaciones;
sería profesional, es decir, contaría con un cuerpo de investigadores y
especialistas en diversas disciplinas que serían los responsables de integrar
los expedientes y actuaría de oficio, por denuncia, por atracción, o a petición
de instancia fiscalizadora.
De aprobarse en su términos, el
responsable del órgano anticorrupción deberá cubrir los mismos requisitos para
ser Procurador General y sería designado por el Ejecutivo Federal, con la
ratificación, dentro del plazo de 30 días naturales, de las dos terceras partes
de los miembros presentes de la
Cámara de Senadores o, en su caso, de la Comisión Permanente.
“Si dentro de dicho plazo la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente ,
no se pronuncia sobre la designación, se tendrá por ratificada. En caso de que
en la votación no se reúna la mayoría requerida, el Ejecutivo Federal deberá
someter a ratificación una nueva designación. Si respecto de esta segunda no
existe pronunciamiento en igual plazo, la misma se entenderá ratificada y, si
sometida a votación no se reúne la mayoría requerida, el Ejecutivo Federal
designará directamente a otra persona”.
Las
comisiones dictaminadoras también incorporarían a los titularles de órganos
constitucionalmente autónomos existentes como, es el caso Banco de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(CNDH), como sujetos a juicio político
en posibles hechos de corrupción.
El proyecto
de dictamen no recoge en sus términos las propuestas del PAN y PRD. En días
previos a la elaboración del mismo, el presidente de la Comisión de Justicia del
Senado, Roberto Gil, criticó al PRI y dijo que crear un
organismo sin dientes y sin herramientas jurídicas era crear un elefante
blanco, por lo que insistirían para que tuviera la posibilidad de investigar
cualquier acto de corrupción a cualquier nivel.
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