Diputados impondrán un “mini arraigo”, con el rechazo de ONG’s y contra deseos de la oposición

 Por: David Martínez Huerta - abril 20 de 2013 - 0:03 Destacadas, México, TIEMPO REAL, Último minuto - Sin comentarios   Ciudad de México, 20 de abril (SinEmbargo).- La próxima semana la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados estará muy activa con la resolución de tres dictámenes que deberán presentarse al pleno de los diputados antes de que concluya el presente periodo ordinario.
 Junto con la minuta en materia de telecomunicaciones y la reforma en materia de transparencia, los diputados deberán dictaminar la reforma constitucional en materia de arraigo.
 Sobre esta última, la mayoría de los diputados que integran esta Comisión aprobarán el dictamen para hacer un “mini” arraigo, a pesar de la oposición de los partidos de izquierda que promueven desaparecer la figura del arraigo, por considerar que resulta contrario al principio de presunción de inocencia. 
A pesar de que la información recabada por la propia Procuraduría General de la República confirma que el arraigo es ineficaz para impartir justicia, toda vez que sólo el 3.2 por ciento del total de personas sometidas a arraigo recibe una sentencia condenatoria al final del proceso, los partidos políticos restantes se pronuncian por mantener el arraigo.
 Se pronuncian por introducir en el texto final, la mayoría de los preceptos incluidos en una iniciativa firmada por los coordinadores parlamentarios del PRI y PAN, Manlio Fabio Beltrones y Luis Alberto Villarreal, respectivamente. En ésta se considera que la figura del arraigo debe ser restringida a los niveles mínimos posibles, a fin de lograr un equilibrio procesal entre la protección a los derechos de los imputados y de las víctimas, así como el adecuado desarrollo de una investigación penal.
 Para ello, el dictamen final que se presentará al pleno de Puntos Constitucionales propone, reducir la aplicación del arraigo a veinte días, pudiendo ser prorrogables por 15 días más.
 Es decir, reducir de 80 a 35 días, el tiempo que una persona sea privada de su libertad para ser investigada por la autoridad competente.
 “De 80 a 35 creo que hay un gran avance, además de que intervengan o interfieran los organismos de derechos humanos. Todo esto es un gran avance, ¿por qué?, porque el arraigo al día de hoy ha demostrado que es ineficaz, es inservible”, subrayó el Diputado perredista Julio César Moreno, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. 
Aunque los diputados consideran que el arraigo “light” es un gran avance, organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos piden la derogación definitiva de la figura del arraigo del texto constitucional.
 “No estamos por la regulación, el matiz de la medida del arraigo, la reducción a arraigos light, arraiguitos, que a final de cuentas siguen siendo violaciones a Derechos Humanos”, puntualizó Silvano Cantú, representante del Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE).
 Las organizaciones civiles consideran que el arraigo tiene como efecto la privación de la libertad personal del sujeto arraigado, viola el derecho a la libertad de tránsito y el principio de inocencia.
 Por el contrario, se pronunciaron por un sistema de justicia efectivo, que castigue a los delincuentes, particularmente a la delincuencia organizada con todo el rigor de la ley, sin afectar los derechos humanos que establece la Constitución. “Pedimos en primer lugar que se elimine la figura del arraigo.
 Segundo lugar, que se establezca en la Constitución medidas cautelares que respeten las normas sobre Derechos Humanos en la Constitución y en los Tratados Internacionales, éste es un punto importante porque no estamos solamente contra la eliminación del arraigo y privar de todo tipo de herramienta al Ministerio Público para el éxito de la investigación penal”, sostuvo Silvano Cantú.
 No obstante de que el Congreso avalará mantener vigente la figura del arraigo, el dictamen que se aprobará establecerá que la aplicación del arraigo podrá ser revisada por los organismos de protección de los derechos humanos, a petición de la persona sujeta a la medida.
 Es decir, las ONG’s podrán realizar visitas a los Centros de Arraigo, a fin de verificar que no se vulneran los derechos de la persona arraigada Sin embargo, esto no es suficiente para las organizaciones defensoras de los derechos humanos, por lo que la semana pasada, presentaron su propia iniciativa para eliminar el arraigo.
 “Esta iniciativa está sustentada por una investigación que se ha venido realizando desde hace tres años, donde hemos logrado comprobar, a través de investigación cualitativa y cuantitativa, documentando casos de violación de Derechos Humanos, que el arraigo no es otra cosa que una especie de Pena Pre-Procesal que se impone para poder investigar los delitos que se supone se han cometido”, afirmó Michaela Telepovska, representante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
 No obstante, esta propuesta ya no alcanzará a ser discutida de forma debida en Puntos Constitucionales, porque el dictamen deberá estar aprobado a más tardar el próximo martes, para que pueda cumplir con todas las formalidades legislativas y sea aprobado por el pleno antes de que concluya el presente periodo de sesiones, el 30 de abril.
 “Estamos pidiendo que los diputados puedan realmente llevar también la voz de la ciudadanía. Queremos la eliminación del arraigo porque esto tiene que ser coherente con lo que ya se estableció en el artículo primero Constitucional, y también con una serie de recomendaciones que han emitido y han emitido diferentes instrumentos internacionales de la ONU y de la OEA, así también como las sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, subrayó Rocío Culebro, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD). También se quedarán en el tintero, o serán incluidas parcialmente, una serie de iniciativas de diputados de izquierda que propusieron la eliminación total del arraigo, entre ellas la de la Diputada del PRD, Aleida Alavez, quien planteó derogar esta figura porque “el objetivo del arraigo no es determinar si una persona es inocente o culpable, sino privarla de su libertad con el fin de obtener información que pudiera ser utilizada con posterioridad para la etapa del juicio”. 
Tampoco será dictaminada la propuesta de la Diputada María del Carmen Martínez Santillán, quien consideró el arraigo como violatorio de la reforma en materia de derechos humanos, aprobada por el Congreso de la Unión en 2011.
 “La figura del arraigo penal tiene como efecto la privación de la libertad personal del sujeto arraigado, dado que obliga a una persona a permanecer dentro de un determinado inmueble bajo la vigilancia de la autoridad investigadora y persecutora, impidiéndole realizar cualesquiera de las actividades que normalmente acostumbra”, señaló la Diputada del Partido del Trabajo.