El cerco del gobierno de EPN a la información sobre la violencia frenó la cobertura en la prensa: Observatorio

Por: Redacción / Sinembargo - abril 8 de 2013 - 17:46 Destacadas, México, TIEMPO REAL, Último minuto - 4 comentarios   Ciudad de México, 8 de abril (SinEmbargo).– La prensa nacional ha cerrado espacios a la cobertura de la violencia en el país y ha comprado la política del “México en paz” operada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, de acuerdo con un análisis realizado por la organización Observatorio. 
“El cambio en la narrativa sobre la violencia está relacionado con el control que ahora ejerce la Secretaría de Gobernación en la materia, al concentrar el manejo de la información oficial”, dice el informe publicado hoy.
 A partir del 1 de diciembre de 2012, la mayoría de los medios de comunicación de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México disminuyeron notoriamente la cobertura informativa de la violencia asociada con el crimen organizado en sus principales espacios, señala el organismo. 
“Las críticas a las acciones de gobierno bajaron en la misma proporción, salvo excepciones.
 La tendencia, visible en las portadas de la prensa y los titulares de medios audiovisuales, comenzó a observarse desde el inicio del periodo de transición en el gobierno federal”.
 De acuerdo con el Observatorio, durante los tres primeros meses de gestión del Presidente Peña Nieto, la agenda de los medios privilegió información relacionada con la discusión del presupuesto de egresos de la Federación, la designación de integrantes del gabinete federal, la firma del Pacto por México y el seguimiento a los acuerdos entre los partidos políticos firmantes. 
De igual forma siguió el proceso legislativo relacionado con reformas como la educativa, entre otros temas relevantes.
 “En cambio, la prensa y los medios audiovisuales de los estados del país no han dejado de considerar entre sus titulares principales el tema de la violencia relacionada con el crimen organizado, particularmente en las regiones en las que se ha registrado una escalada.
 En otras palabras, salvo excepciones, la mayoría de medios del país no ha dejado de publicar  temas de violencia en sus titulares principales”, agrega. Al mismo tiempo, “se observa un evidente cambio en la narrativa del discurso presidencial relacionado con el tema de la seguridad, la violencia y la delincuencia organizada.
 A diferencia del sexenio de Felipe Calderón, el eje del discurso del Presidente Peña Nieto no incluye esos temas, los cuales ha sustituido por un manejo del concepto ‘México en paz’”.
 Es decir,  agrega el Observatorio, “el cambio en la agenda gubernamental modificó la cobertura de los medios respecto a los hechos relacionados con delincuencia organizada y violencia.
Ello evidencia, como se ha venido señalando en informes anteriores, que la fuente principal de los medios de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México en torno a estos temas era el propio gobierno federal”.
 “A dos años de la firma del Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, se han constatado resultados positivos en torno a uno de los objetivos centrales de este ejercicio de autorregulación: el cierre gradual de espacios a la propaganda del crimen organizado. 
Esta tendencia se ha mantenido durante el periodo de análisis del presente informe. En este escenario, se presentan nuevos retos, particularmente para los medios con influencia nacional, que exigen deliberar y compartir criterios para cumplir con su función social de mantener a la sociedad informada respecto a los hechos relacionados con la delincuencia organizada, conforme a su impacto social,  sin constituirse en caja de resonancia de las estrategias de comunicación de estos grupos”.
 Los medios del centro del país, dice el Observatorio, “deben reflexionar respecto a la dimensión que están dando a la violencia en el país y replantear los criterios que determinan si los acontecimientos trascienden o no el ámbito informativo local para ocupar un lugar en sus agendas. Ello resulta particularmente relevante dado que continúan registrándose eventos violentos en los que la delincuencia busca de forma deliberada transmitir mensajes a través de los medios de comunicación”.
 Una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal le otorgó nuevas facultades en la conducción de la política de comunicación del gobierno federal, las cuales incluyen el registro y procesamiento de datos en materia criminal y “para la prevención de delitos, mediante métodos que garanticen el estricto respeto a los derechos humanos”.
 El gobierno federal inició la aplicación de un plan que incluye no citar el nombre con el que son conocidos los grupos criminales y promueve acuerdos con los gobiernos estatales para hacer lo propio, sostiene el grupo de análisis. 
“Pero en la práctica, la mayoría de procuradurías y fiscalías estatales mantiene la política de exhibir ante los medios a las personas detenidas y la de difundir el nombre de los grupos”.
 El gobierno federal suspendió la práctica de presentar a personas detenidas, lo cual ha sido aceptado tácitamente por los medios de todo el país (no se observan cuestionamientos al respecto), menciona.
 “Sin embargo, los gobiernos estatales continúan ejerciendo esa práctica y los medios la reproducen sin establecer un criterio respecto a su tratamiento”.
 “En ese contexto, se observa una falta de sintonía entre las estrategias de comunicación del orden federal con las estatales para informar sobre los temas relacionados con delincuencia organizada y la política de presentación de personas detenidas. 
Se considera que estas acciones en materia de comunicación social emprendidas por el gobierno federal se inscriben en el marco de las recomendaciones que el Observatorio ha venido formulando con miras a mejorar el proceso integral de comunicación sobre seguridad y justicia. 
Sin embargo, resulta indispensable garantizar que la nueva estrategia gubernamental no dé lugar a la opacidad o al ocultamiento de información”, dice el informe de Observatorio.
 ‘Es necesario que el gobierno federal y los gobiernos locales transparenten los criterios de sus políticas de comunicación para informar de manera adecuada, los cuales deben homologarse entre los niveles de gobierno a partir de los más altos estándares de protección de los derechos humanos y rendición de cuentas.
 El Observatorio advierte que el gobierno federal y los gobiernos estatales, en los casos documentados, mantienen la práctica de presentar avances de investigaciones para generar la percepción de que se trata de sentencias condenatorias o de casos resueltos, aún cuando no hayan imputado cargos formales a las personas detenidas”, señala.
 En cuanto a violencia contra periodistas y medios, en el periodo analizado se concentró en los estados fronterizos del norte del país. 
El Observatorio advierte la existencia de una escalada de agravios a medios de comunicación en el norte del país, particularmente los que se encuentran en los estados de Coahuila y Chihuahua, sin que se observen acciones precisas del Estado mexicano para disminuir las condiciones de riesgo que padecen.
 “También se observa que durante los primeros tres meses de gestión del actual gobierno federal, los medios se ocuparon poco de dar seguimiento al desempeño del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como a la propuesta de fortalecimiento incluida en los acuerdos del Pacto por México”. 
De igual forma, “la mayoría de los medios tampoco dio una cobertura visible a los asuntos pendientes en el Congreso de la Unión respecto a la reglamentación del artículo 73 constitucional, en materia de delitos contra periodistas y para definir las facultades del Ministerio Público federal”.
 El Observatorio advierte que no existen mecanismos de rendición de cuentas ante la sociedad por parte de las instituciones que deben investigar los delitos contra periodistas y la libertad de expresión.
 No se observan avances para abatir la impunidad en los casos de periodistas asesinados y desaparecidos en los últimos dos sexenios.
 Tampoco para castigar a los responsables de ataques a medios de comunicación. “Las instancias creadas por el Estado, como la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones contra  Periodistas y Medios de Comunicación, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, así como el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, han resultado insuficientes e inoperantes para atender la grave crisis de inseguridad que ha puesto en jaque las libertades informativas en el país”, dice.
 Cobertura de la violencia a la baja El Observatorio monitoreó algunas palabras clave para medir cuantitativamente la cobertura informativa de la violencia en la prensa y en la televisión abierta durante los primeros tres meses de gestión del presidente Enrique Peña Nieto en comparación con el mismo periodo del año anterior, correspondiente a la gestión Felipe Calderón. También se incluyen los últimos tres meses del gobierno anterior.Este contenido ha sido publicado originalmente por SINEMBARGO.MX en la siguiente dirección: http://www.sinembargo.mx/08-04-2013/583648.
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