*Cuando Duarte explicaba a España que la entidad no es peligrosa para turistas
Mientras Javier Duarte explicaba al gobierno de España cómo la entidad no es peligrosa para turistas, Article 19, la ONG dedicada a la protección de periodistas, afirmaba que Veracruz es el estado más peligroso para ejercer el periodismo, no sólo de México sino de toda América Latina.
A continuación se reproduce la parte del informe relacionada a Veracruz:
Si bien se le considera como parte de la región sureste, Veracruz completa un preocupante escenario de periodistas asesinados, desaparecidos, desplazados o privados de la libertad, imagen que comparte más con sus vecinos al norte que con los estados de la zona en la que se le ha agrupado.
La violencia contra el periodismo en la entidad se agravó para entrar en un periodo de estabilización. Cinco de los siete asesinatos contra periodistas perpetrados a lo largo de 2012 ocurrieron en las ciudades de Xalapa y puerto de Veracruz (todos en un lapso de apenas 47 días), para elevar a nueve la cifra de comunicadores ultimados sólo en el periodo de Javier Duarte al frente de la administración estatal.
Los testimonios recogidos por ARTICLE 19 entre decenas de comunicadores permiten advertir un excesivo control del gobierno estatal sobre la información que circula en los medios, particular- mente la relativa a temas de seguridad pública y delincuencia organizada. Buena parte de las pre- siones se da vía el uso discrecional de recursos públicos a través de la publicidad oficial. A través de la lógica de premio o castigo, se busca incidir en las líneas editoriales de los medios.
Emprender investigaciones periodísticas desde una perspectiva diferente a la cobertura superficial de sucesos policiacos y la reproducción de boletines oficiales, se convirtió en una labor poco apre- ciada de cara al proceso electoral de julio pasado. Los grupos de poder en la entidad recurrieron a las amenazas veladas —a veces por conducto de oscuros funcionarios del gobierno— contra varios periodistas, de los cuales diez se vieron obligados a optar por salir temporal o definitiva- mente del estado.
Lejos de presentar proactivamente avances de las indagatorias y exhibir consistencia en el seguimiento de los homicidios de informadores, el gobierno estatal intentó dar carpetazo a los casos al atribuirle la aceptación plena de los homicidios a un grupo de personas que (para el momento en que el gobierno consideraba esclarecidos los homicidios) no habían siquiera recibido auto de formal prisión.
Las instituciones de procuración de justicia permitieron filtraciones irresponsables a la prensa, par- ticularmente sobre el crimen de la corresponsal de Proceso, Regina Martínez, y contribuyeron con su silencio al crecimiento de rumores que propiciaron, como ya comentamos, la salida temporal o definitiva de varios periodistas del estado, a quienes se les informaba extraoficialmente que su vida corría peligro.
Más aún, el procurador estatal Amadeo Flores Espinosa recurrió a la criminalización de las víctimas al afirmar que los fotoperiodistas Guillermo Luna Varela, Gabriel Huge Córdoba, Esteban Rodríguez Rodríguez, cuyos cadáveres fueron encontrados el 3 de mayo de 2012, “habían sido los causantes de la muerte de otros periodistas, asesinados por la organización delictiva autode- nominada Los Zetas”.
Para Regina Martínez, el trato no fue diferente; las conclusiones de la Procuraduría se enfocaron en desacreditarla al sugerir que la reportera no sólo permitió entrar a su domicilio a sus asesinos — descritos peyorativamente por el procurador estatal como “malvivientes”—, sino que convivía con ellos. Justo cuando se cumplían seis meses del asesinato de la corresponsal de Proceso, se informó de la detención de Jorge Antonio Hernández Silva, uno de los responsables, y se llamó a todos los medios para exhibirlo ante ellos y presentarlo como criminal confeso. Días después, frente a un juez y ya sin ninguna clase de despliegue mediático, Hernández Silva negó haber tenido participación en el homicidio, dijo que la confesión le fue sacada bajo tortura y que la Procuraduría amenazó con hacerle daño a su madre.
Sólo en los dos últimos años, a partir de que ARTICLE 19 incorporó a su registro los casos de desplazamiento, ha podido documentarse la salida de 31 comunicadores [en el país] y comunicadoras en situación de apremio (23 de ellos de Veracruz), debido a la ausencia de garantías de seguridad para hacer su trabajo. Una lectura preliminar permite advertir que durante 2011 el éxodo de periodistas y la búsqueda de refugio fue un fenómeno reactivo al temor ocasionado mayormente por las acciones violentas atribuidas a la delincuencia organizada. El Estado mexicano estaba informado de ello y el tema fue abordado durante una audiencia temática celebrada por la Comisión Interameri- cana de Derechos Humanos. No obstante, tres de esos informadores que en su momento huyeron de Veracruz fueron asesinados en mayo pasado, al volver a sus lugares de origen e intentar rein- corporarse a su trabajo.
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