domingo, 23 de junio de 2013

Rodrigo Medina: Un gobierno bajo la amenaza de los cárteles; la violencia marca su territorio en Nuevo León


 Por: Redacción / Sinembargo - junio 23 de 2013 - 0:00 De revista, Foto del día, Nuevo León, Paseo Virreyes, TIEMPO REAL, Último minuto - 1 comentario   Ciudad de México, 23 de junio (SinEmbargo).- Hace casi cuatro años que Rodrigo Medina de la Cruz asumió la gubernatura de Nuevo León (2009), después de un controvertido proceso electoral y una no menos escandalosa gestión de su antecesor, el también priista, Natividad González Parás, quien le heredó dos grandes lastres: la inseguridad y la deuda estatal.
 Llegó a la gubernatura el 4 de octubre de 2009 en sustitución de un Gobernador priista también controvertido.
 Los primeros años de su gestión estuvieron acompañados por el marcaje personal de la sociedad civil y los distintos sectores neoloneses, principalmente los identificados con Acción Nacional, que exigían resultados en el corto plazo.
 Grupos locales como la Alianza de Organizaciones Ciudadanas presentaron encuestas en las que aseguraban que 75 por ciento de ciudadanos mayores de edad lo calificaban como no apto para continuar en el puesto.
 Los resultados de su gestión parecían confirman la percepción ciudadana: Nuevo León llegó en los años pasados al peor momento de su historia en materia de violencia e inseguridad.
 Sólo el año pasado registró un total de mil 200 muertos en hechos violentos. En la entidad se vivieron escenas de horror como el incendio del Casino Royale en Monterrey, en agosto de 2011, donde perdieron la vida 52 personas, así como la aparición de 49 torsos en Cadereyta, en mayo del año pasado, acción atribuida a Los Zetas. 
El 22 de marzo de 2010, también tuvo que cargar con la culpa por el asesinato de dos estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) durante un tiroteo entre soldados y hombres armados cerca de la prestigiosa universidad, según informaron las autoridades, ubicada en la Zona Metropolitana de Monterrey.
 Cables diplomáticos, filtrados por Wikileaks en 2009, dan cuenta de cómo el consulado general de Estados Unidos en Monterrey le informó al Departamento de Estado, de Comercio y a la Agencia Antidrogas (DEA, por su sigla en inglés), que Aldo Fasci, entonces secretario de Seguridad Pública de la entidad señalaba que 50% de los fuerzas policiacas en la entidad estaban infiltradas por los cárteles del narcotráfico.
 La averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/ 041/2012, con fecha del 8 de febrero pasado, da cuenta de cómo Los Zetas realizaban un presunto pago a diferentes funcionarios de las policías estatales y municipales; además, contaban con un presunto enlace en el gobierno de Rodrigo Medina, el cual le permitía mantener a salvo su estructura. 
Además de la operación de Los Zetas, en su momento Los Caballeros Templarios también colocaron narcomantas en Monterrey para anunciar su separación de La Familia Michoacana. 
La capital de la entidad es considerada una de las más importantes para el trasiego de droga hacia Estados Unidos, de ahí la presencia de los distintos cárteles en la entidad. 
LA DEUDA DE “NATI” Durante su Tercer Informe de Gobierno, el Gobernador presumió avances en seguridad, educación, salud, desarrollo social y económico.
 Los primeros años de su gestión, Medina debió asumir también una deuda heredada de 45 mil millones de pesos lo que lo obligó a implementar el Programa de Ordenamiento y Fortalecimiento Integral de la Finanzas Públicas (POFIF), que incluía el recorte de 500 empleados sindicalizados y 600 que cobraban por honorarios.
 Con tales pasivos, tenía las manos atados para ejecutar grandes obras de infraestructura como el proyecto acuífero Monterrey VI y la Línea 3 del Metro. El clima tampoco jugó a su favor: en julio de 2012, el paso del huracán Alex, por la capital, Monterrey, y municipios cercanos semiparalizó al motor económico de la entidad. 
Desde 1988, con el paso de Gilberto, ningún fenómeno meteorológico había golpeado la entidad. 
Según analistas, la llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República, puede ser una oportunidad para obtener los recursos suficientes que le permitan avanzar en materia de obra pública. 
LA POLICÍA MODELO  Hasta 2012, Rodrigo Medina había destinado 2 mil 248 millones de pesos para mejorar la seguridad pública, lo que representa 64 por ciento más recursos que los ejercidos en los últimos 3 años de la anterior administración
 Sus cifras aseguran que se han desarticulado más de 165 bandas del crimen organizado y se han detenido a más de 12 mil delincuentes, en colaboración con el Ejército Mexicano, la Armada de México y la Policía Federal. 
Afirma que la fuerza civil ha logrado ser 700 por ciento más efectiva que la anterior, gracias al gasto de 365 millones de pesos para capacitar a más de 2 mil policías.
 Ahora, Medina enfrenta ya la segunda fase de mandato pero no ha dejado atrás las voces que en esos primeros meses de gobierno vaticinaban su caída, la diferencia es que ahora ha encontrado un aliado en la prensa extranjera. Recientemente, el semanario inglés The Economist publicó que la ciudad de Monterrey se había convertido en ejemplo de reducción de la violencia gracias a una alianza entre las autoridades y el sector privado. En un reportaje titulado “La Nueva Cara de la Vigilancia Policial en México”, The Economist sostuvo que la transformación de Monterrey puede ofrecer algunas “lecciones” a la Ciudad de México, donde el crimen no ha alcanzado los niveles de otras zonas del país, aunque no ha estado exenta de actos delictivos importantes.
 En Monterrey “el sector privado ha ayudado al gobierno, tanto con dinero como con experiencia técnica, para reclutar y manejar una nueva fuerza policial”, explicó.
 En su recuento de la situación en Monterrey en los últimos 4 años, The Economist recordó las pugnas entre pandilleros, primero en los barrios pobres y después en las colinas de San Pedro Garza García, una de las colonias más acaudaladas de América Latina. 
La suntuosa colonia de Monterrey, alguna vez considerada más segura que las colonias de Texas, se había convertido en escenario diario de asesinatos, secuestros y extorsiones, al grado que algunas familias decidieron huir hacia Estados Unidos, apuntó. 
Según The Economist con apoyo del sector privado se depuró a la policía estatal y local. Más de cuatro mil 200 policías fueron despedidos o encarcelados por reprobar el detector de mentiras, de acuerdo con el Gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina.
 Primero se reclutaron a efectivos de la Marina para mantener el orden, después con la asesoría de algunas de los departamentos de recursos humanos de las empresas más grandes, el gobierno lanzó una convocatoria para formar una nueva corporación policial, la Fuerza Civil.
 La nueva fuerza, que fue integrada por jóvenes que nunca antes fueron policías, recibió entrenamiento, se efectuaron pruebas psicométricas tipo empresarial y se les designó un salario de unos 15 mil pesos mensuales. Los agentes fueron hospedados en complejos habitacionales seguros, a fin de dificultar que fueran cooptados por las mafias de las drogas.
 “Van bien vestidos, patrullan Monterrey en jeeps y las encuestas muestran que gozan de la confianza del público”, destacó The Economist.
Como parte de la alianza público-privada, un grupo de empresarios estableció un sistema de monitoreo, recolectando datos para comparar la seguridad entre diferentes municipios de Monterrey.
 Otras empresas han ayudado a financiar la red, conocida como Centro de Integración Ciudadana, a fin de alentar al público a reportar crímenes, aún aquellos cometidos por efectivos de la policía o del ejército.
 “Eso ha ayudado a superar su tremenda desconfianza hacia aquellos que se supone buscan protegerlos”, señaló el semanario.
 Asimismo hizo notar que el gobierno estatal aumentó el impuesto de las nóminas del 2 al 3 por ciento este año a fin de expandir la Fuerza Civil de tres mil 300 a siete mil agentes para el 2015.
 The Economist concluyó que “consolidar la seguridad en Monterrey significará mejores empleos y educación a los jóvenes en los vecindarios pobres? para que rehúyan al crimen violento”.
 ” Pero aún es prematuro declarar victoria”, finalizó.

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